La proximidad del cambio de personas juzgadoras en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el Poder Judicial de la Federación (PJF) ha provocado que los asuntos en proceso sufran retrasos, ya que con cualquier pretexto son diferidos hasta después del 1 de septiembre, para que sean los nuevos juzgadores quienes estén a cargo de ellos.
Un ejemplo de esto es el caso de Víctor N., cuyo juicio por abuso sexual estaba contemplado para principios de mayo y fue reprogramado para septiembre, de acuerdo con el abogado defensor de la víctima, Gabriel Vidaña Manjarrez.
“Los asuntos están paralizados, no nos están dando audiencias, salvo en los casos urgentes como algunos de los penales, pero en todos los demás buscan cualquier pretexto para cambiar la fecha, lo que nos tiene preocupados a los despachos porque no avanzan los asuntos”, dijo.
En el caso de Víctor N., expresidente de la Asociación Estatal de Porristas y Animadores, procesado por el delito de abuso sexual de una menor desde octubre de 2022, dijo que primero esperaban que el juicio comenzara en abril, pero fue postergado para mayo y ahora la nueva fecha es en septiembre.
Mencionó que esto significa que el proceso pudiera concluir hasta tres años después de haber iniciado, mientras que las acusaciones datan de agosto de 2018, es decir siete años en total.
“Pero los retrasos también están ocurriendo en los Juzgados Federales”, añadió Vidaña, para referir que el problema no está limitado al Poder Judicial del Estado.
“Vemos que están pateando el bote hasta septiembre y más los juicios, porque si empieza un juicio, están obligados a terminarlos, eso implica que aunque haya cambios de jueces no pueden retirarse hasta que haya una sentencia”, expresó.
Por su parte, el vocero de la Federación de Colegios de Abogados, Ernesto Avilés Mercado, dijo que están enterados que, tan sólo en el Distrito Judicial Morelos de la capital, son diferidas semanalmente más de 15 audiencias para una fecha posterior al primero de septiembre, cuando será realizado el cambio de juzgadores.
Añadió que la situación es tan compleja que prevén un colapso en el sistema de audiencias una vez que los nuevos jueces y magistrados entren en funciones, ya que la carga será demasiada, aunado al factor de personas que llegan sin experiencia.
Enfatizó que el aplazar las audiencias resulta en perjuicio de las víctimas, quienes no tienen acceso a la justicia, pero también de los imputados, quienes están en muchos casos en prisión a la espera de que su proceso avance.
“Esto ya se está reflejando en los penales, porque ingresan cada vez más personas, pero los asuntos no avanzan, pero además están las repercusiones en lo que respecta a la aplicación de la prisión oficiosa, ya que basta la mera presunción de que una persona cometió un delito, para que acabe en la cárcel, en donde puede pasar dos años sin tener una sentencia”, destacó.