-Buscan neutralizar a líderes secuestradores
-Solo tres casas en lío por herencia
– Siempre sí va FGR contra “La Manzanita”
-Sigue la Ley de Telecomunicaciones
Las corporaciones de seguridad han concluido en sus encuentros de análisis sobre los múltiples secuestros ocurridos en esta ciudad la urgencia de remover a varios reos del Cereso estatal 3 catalogados como orquestadores del 100 por ciento de los raptos tanto de migrantes como de civiles en general.
Son decenas de detenidos por la comisión de ese delito cruento, la gran mayoría de ellos entre 15 y 25 años de edad, pero casi el 100 por ciento de ellos (los civiles) adjudicados a la autoría intelectual de varios líderes delictivos recluidos en el penal, entre ellos a “El Navarro”, Ángel N., y “El Gallo”, Lorenzo Adrián P. E.
El apodo de “El Gallo” ha sido publicitado en varias ocasiones por los mismos grupos delictivos precisamente como responsable de dirigir secuestros tanto contra ciudadanos de esta frontera como migrantes extranjeros y connacionales.
En febrero del 2021 fue colgada una narco manta en ese sentido y otra en abril del 2024, firmadas por el grupo delictivo, Los Aztecas, originadores de La Empresa.
Las Fiscalías General y de distrito norte, la Secretaría de Seguridad estatal, el Ejército, Guardia Nacional, ahora la Secretaría de Seguridad federal y hasta la Policía Municipal, conocen la radiografía detallada en materia de secuestros.
Sus jefes están de acuerdo que deben ejecutar movimientos internos en el Cereso al menos para evitar que la comunicación de los jefes delictivos siga fluyendo hacia el exterior.
Varios de los mandos de inteligencia han concluido que esos reos deben ser cambiados a otro penal antes que el problema se convierta en incontrolable.
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Efectivamente, existe una disputa legal familiar entre integrantes de la esposa del Coordinador municipal Zaragoza, Víctor Valencia Carrasco, pero no es por cantidades en efectivo millonarias ni por propiedades tampoco con valores por altos montos.
Eso aclararon ayer a La Columna los abogados de Valencia y su esposa. Afirman que la herencia disputada a la esposa en particular por un hermano básicamente es por tres casas de categoría modesta.
La posesión de tales propiedades, y los respectivos litigios de carácter civil y penal, serán decididas en juzgados debido a la falta de testamento del padre de la familia. En estos momentos hay audiencias al respecto.
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Parece que ya hubo comunicación entre la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado, para que la primera siempre sí persiga por homicidio a María del Rosario C.H., alias “La Manzanita”, acusada de la masacre de seis personas en la carretera Casas Grandes-Janos de abril de 2022.
Siempre sí, el Ministerio Público Federal podría entrarle a procesar a la única detenida por este crimen múltiple, en el que murió, junto con otras cinco víctimas, el delegado regional del Instituto Nacional de Migración (INM), Gabriel Pico Escobar.
Lo cuestionable es que, al parecer y de entrada, la FGR solo habrá de requerir, ya detenida a final de cuentas, a “La Manzanita” por el homicidio de un funcionario federal, pese a que el caso implica delincuencia organizada, delito rara vez llevado a tribunales.
La emboscada en la que estaría involucrada la acusada, fue para eliminar al comandante Alejandro Domínguez Cabriales y al agente Manuel Malo Solano, ambos de Agencia Estatal de Investigación, así como a otras tres víctimas más, particulares, no funcionarios ni agentes de seguridad.
“La Manzanita” ya fue vinculada a proceso por la acusación de los seis homicidios, pues habría servido para “poner” a los ministeriales de la AEI en el lugar donde serían emboscados por un número grupo criminal que después de matar a balazos a las personas, bloqueó la carretera con sus vehículos y les prendió fuego.
Procesarla hasta que la tuvo detenida la FGE y además solo hacerlo por homicidio, además de que resulta cuestionable jurídicamente dado que no puede ser enjuiciada por un mismo delito en dos ocasiones y dos instancias, parece una respuesta fácil de la FGR a la exigencia social de que realmente investigue las redes de la delincuencia organizada en Chihuahua.
Porque, así en muchos cientos de casos, la FGR procesa narcomenudistas y líderes de grupos delincuenciales solo por traer unos cuantos gramos de droga; a traficantes de personas solo por algún cargo menor de portación de arma de fuego y a otros peligrosos criminales de forma individual, sin tomar en cuenta la comisión organizada de delitos que debería combatir.
No debería ser “La Manzanita”, pues, el único objetivo de la procuración de justicia federal, como tampoco el asesinato de un funcionario del INM, sino la red criminal tejida alrededor.
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Una vez concluidos los comicios judiciales –la “elección dictada”, diría Héctor Aguilar Camín- viene una sesión extraordinaria del Congreso de la Unión, posiblemente en este mismo mes, para dictaminar la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que se discutió en los cinco “conversatorios” convocados por el Senado en mayo.
La Ley vigente, publicada el 14 de julio de 2014, no es del todo perfecta, pero ha sido lo mejorcito hasta ahora, con el IFETEL como órgano autónomo, los derechos de las audiencias, el reconocimiento de los medios comunitarios, entre los avances más significativos.
Una lucha cuesta arriba que se echará por la borda al quedar subordinada su materia al gobierno federal a través de la Agencia de Transformación Digital.
Lo que llama la atención son los exabruptos de Javier Corral, el senador neomorenista que en Facebook ha posteado, visiblemente molesto que “algunas plumas pagadas e impresentables siguen hablando de censura y retroceso” y remata con una frase que pretende halagar al régimen “no tengan duda, esta ley será transformadora”.
Inquietante la etiqueta, porque las voces críticas más visibles proceden de compañeros de viaje de Corral en el largo y pedregoso andar de lo que se conoció como “la reforma de los medios”.
Entre ellos destacan la politóloga Denise Dresser, el presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI), Jorge Bravo; la especialista, Irene Levy; el reconocido comunicólogo, Raúl Trejo Delarbre, por citar a algunos.
Hay quienes encuentran que el senador por Chihuahua ya es casi un clon de su camarada de partido, Gerardo Fernández Noroña, por su talante autoritario y su intolerancia a la libertad de expresión.
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Desde principios del mes pasado, nos reportan, la diputada morenista Rossana Díaz, de Juárez; y el priista parralense, Guillermo Ramírez, presentaron ante el Congreso del Estado una iniciativa orientada a penalizar el fraude cometido con los vales de consumo mediante los que algunas empresas embaucan a sus clientes.
El argumento central es que cientos de mujeres, jefas de familia, trabajadoras, adultas mayores, en su búsqueda diaria y legítima por el sustento y el bienestar, son captadas por empresas que, bajo la promesa de una oportunidad económica a través de la distribución de vales comerciales, son sometidas a un ciclo perverso de endeudamiento, coacción y violencia económica y psicológica.
El planteamiento parece describir un caso específico que hemos reseñado en estas páginas desde semanas atrás, el de la señora Elvira Soriano, despojada de su casa en Parajes de San Isidro por orden del Juzgado Décimo Civil, que falló a favor de una de esas empresas de vales, la cual le achacó a la víctima una deuda inflada con intereses de más de 200 mil pesos.
Este tema, hasta donde sabemos, entró en vías de solución a raíz de una demanda de amparo patrocinada por el excandidato a juez federal de esta ciudad, José Luis Contreras Cruz, tras la cual ya se avizora un acuerdo entre las partes.
Sin embargo, la mecánica operativa de este esquema fraudulento, asientan los legisladores en su iniciativa, sigue un patrón recurrente y alarmante.
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Todo indica que el dólar americano seguirá cayendo. Esto, aunque es buena noticia para quienes deben muchos dólares, como Pemex, no lo es para todos. Es bueno para la paraestatal si aprovecha el momento y paga algo de su gran deuda.
Para los chihuahuenses que reciben remesas, cada monto que sigue llegando les rinde menos.
No es lo mismo cambiar 300 dólares a 21 pesos, (seis mil 300), que a 19, (cinco mil 700). En ese ejemplo pierden 600 pesos.
Si a esa pérdida cambiaria que ya les afecta, le reducimos otro cinco por ciento por el impuesto a las remesas, que viene en camino, es un golpe en seco a la bolsa de las familias receptoras. Más la inflación.
Otro sector afectado por la caída del dólar es la industria manufacturera de exportación, las maquilas. Aquí el daño es considerable. Entre menos les rinda cada dólar en Ciudad Juárez, menos atractivo será traerse operaciones y generar empleo.
Los ajustes en la política fiscal y económica de Donald Trump van a continuar, y serán dolorosos para los juarenses, los mexicanos y el resto del mundo, así nomás para acabar pronto.