Chihuahua.- El reciente retraso en la entrega de bonos a maestros jubilados de la Sección 8 del SNTE y la aparente inacción del Ministerio Público frente a funcionarios de SEECH y del sindicato, son demostración de que “mi encarcelamiento en 2018 fue un acto de persecución política”, sostuvo Alejandro Villarreal Aldaz, exsecretario general de dicha sección.
Mediante un pronunciamiento público, Villarreal Aldaz, recordó que en noviembre de 2018, maestros jubilados de Chihuahua se presentaron ante Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) para quejarse por no haber recibido su bono de compensación, cuando él ya había concluido su encargo.
A pesar de que él mismo había firmado el recibo por dicho concepto en junio de ese año, a solicitud de la Secretaría de Hacienda, para no detener el trámite del apoyo, la prestación se pagó meses después por Hacienda Estatal, aludiendo «insuficiencia de fondos», recriminó.
Villarreal Aldaz subrayó que el dinero para esas prestaciones nunca se transfirió a las cuentas bancarias de la Sección 8 ni a su persona, pues “jamás se hace a los dirigentes ni a particulares”, enfatizando que Hacienda lo hizo a destiempo por falta de liquidez.
A pesar de que los trámites se realizaron dentro del marco legal, “el Sr. Manuel AD -Arias Delgado-, quien era un alto funcionario de SEECH, motu proprio y por órdenes del gobernador -Javier Corral Jurado-”, interpuso una denuncia en su contra ante la Fiscalía General del Estado de Chihuahua por la probable comisión del delito de Peculado.
Dijo que “esto fue suficiente para armar una carpeta de investigación y librar una orden de aprehensión que finalmente lo llevó a prisión preventiva de manera injusta».
Afirmó que de manera reciente un grupo de maestras y maestros jubilados de la Sección 8 del SNTE solicitaron la entrega de sus bonos de compensación, pidiendo la intervención del Subsecretario de Gobierno del Estado y señalando un faltante de aproximadamente 700 cheques.
A diferencia de lo ocurrido en 2018, en esta ocasión, sostiene Villarreal, «ahora ninguna autoridad está señalando la posible comisión de un delito y ¡no se esta ejerciendo acción penal en contra de la
Directiva de SEECH ni del SNTE Sección 8!».
Reitero que el objetivo de su comunicado, «dar a conocer y confirmarle a sus compañeros, autoridades, medios de comunicación y a la ciudadanía que fue víctima de persecución política y de justicia sesgada», con un “afán perverso de ensuciar mi nombre y trayectoria», en la administración de Javier Corral.