En el primer día de comparecencia del Estado mexicano ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) de las Naciones Unidas, la Alianza por los Derechos de las Mujeres y Niñas en toda su diversidad reconoció los avances en materia de igualdad de género que ha habido en el país, pero también denunció que persisten vulneraciones a las vidas y los derechos e incluso retrocesos.
Hoy, por segundo día, el Estado mexicano deberá responder ante la ONU por la violencia, impunidad y desigualdad que enfrentan millones de niñas, adolescentes y mujeres, por lo que la alianza integrada por 21 organizaciones como Médicos del Mundo, Amnistía Internacional y el Instituto para las Mujeres en la Migración exigieron a México que garantice una vida libre de violencia y discriminación a mujeres, niñas y adolescentes en toda su diversidad.
“La situación de feminicidios en México sigue siendo alarmante. Las organizaciones hemos documentado deficiencias en las investigaciones, en ocasiones precedidas por desapariciones, porque se pierden evidencias y no se examinan exhaustivamente las diferentes líneas de investigación. Tampoco se aplica adecuadamente la perspectiva de género. La mayoría de los casos quedan en impunidad”, señalaron.
Denunciaron igualmente que el Estado ha sido omiso en la búsqueda efectiva de personas desaparecidas, que suman más de 129 mil sin ser encontradas. Mientras que quienes realizan la búsqueda, en su mayoría mujeres, enfrentan todo tipo de riesgos, desde agresiones por parte del Estado y el crimen organizado, hasta su asesinato y afectaciones a sus derechos económicos, sociales y culturales.
Las organizaciones señalaron también una política de desgaste implementada por el Instituto Nacional de Migración (INM), que detiene y traslada forzadamente a mujeres y niñas migrantes hacia el sur del país.
“Las recomendaciones de este Comité y de la Suprema Corte de Justicia de México –que prohíben detenciones migratorias mayores a 36 horas, declaran inconstitucionales las revisiones en carretera y ordenan un registro público de personas migrantes detenidas–, siguen sin cumplirse”, demandaron.
Otro de los temas expuestos fue que en México persisten obstáculos estructurales en el acceso a la justicia para mujeres indígenas, con discapacidad, lesbianas, trans y privadas de la libertad, quienes enfrentan discriminación interseccional, sustitución de la voluntad, condiciones de reclusión inadecuadas y obstáculos para su reinserción social.
“Nos preocupa especialmente la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, en contra de las internacionales, que ha tenido efectos desproporcionados sobre las mujeres y ha ampliado la brecha de género en su aplicación”, señalaron.
También, “nos preocupa la creciente militarización del país. Las fuerzas armadas han asumido funciones civiles en materia de seguridad ciudadana, migración y megaproyectos como el Tren Maya, aumentando el riesgo de vivir violencia particularmente para mujeres indígenas y migrantes”, agregaron.
Reconocen avances en igualdad de género
