Con la consigna “¡Educación sí, discriminación no!”, padres de familia e integrantes de organizaciones civiles en defensa de la educación realizaron un plantón pacífico este miércoles frente a las instalaciones del Distrito Escolar Independiente de El Paso (EPISD), exigiendo una reparación justa por décadas de negligencia institucional en escuelas ubicadas en barrios históricamente habitados por familias méxico-americanas.
La protesta fue encabezada por la organización comunitaria Familias Unidas del Chamizal, que desde 2015 ha luchado contra lo que considera un patrón sistemático de discriminación por parte de las autoridades escolares. En particular, acusan al distrito de favorecer a planteles en sectores más acomodados mientras condena al abandono a escuelas del Centro y Sur de la ciudad, como las ubicadas en los barrios Chamizal y Segundo Barrio.
“Estamos lidiando con una negligencia histórica. Durante años, los niños del barrio han batallado por una educación digna.
Las administraciones anteriores han negado recursos esenciales, lo que ha provocado un daño masivo en su desarrollo académico y emocional”, denunció Hilda Villegas, líder de la organización.
Según Villegas, mientras escuelas en zonas privilegiadas como El Paso High, Franklin y Coronado High School han recibido remodelaciones y programas enriquecidos, los planteles del Centro y Sur han operado con baños en mal estado, salones saturados, personal insuficiente y sin programas de apoyo psicológico o cultural adecuados para estudiantes de origen hispano.
“Cuando empezaron a cerrar escuelas con el argumento de problemas económicos, descubrimos que era un proceso manipulado. Se falsearon datos para justificar el cierre de planteles como Beall Elementary, afectando a cientos de niños de familias inmigrantes”, añadió Villegas.
La activista recordó que EPISD fue demandado en 2022 por Familias Unidas. Aunque se logró una negociación bajo la gestión de la superintendente Diana Sayavedra, el resultado fue un estudio manipulado que no reflejaba la realidad de la inequidad. “El juez fue claro al señalar que había evidencia suficiente para hablar de discriminación y racismo contra nuestros hijos, pero el Distrito bloqueó la labor del comité independiente que realizaría ese diagnóstico”, afirmó.
Villegas acusó además que, pese a la existencia de fondos federales y estatales etiquetados para atender a comunidades en desventaja, estos recursos han sido desviados hacia escuelas que no presentan necesidades urgentes. “Esos fondos son para nuestros hijos, no para financiar programas en escuelas que ya están bien equipadas”, dijo.
La dirigente fue contundente: “La base del sistema educativo de EPISD se construyó sobre una estructura de racismo y discriminación contra niños que hablan español y son méxico-americanos. Esto no es una suposición, está documentado en las Cortes. Lo hemos vivido generación tras generación”.
Uno de los casos más recientes que ejemplifica este patrón, según Villegas, es el de los casi 800 niños de las viviendas públicas Salazar, quienes, tras el cierre de su escuela, fueron reubicados en instalaciones inadecuadas como la antigua Douglas Elementary, “una escuela que representa la era del racismo institucional”, denunció.
Villegas advirtió que, si esta situación no se corrige antes del inicio del nuevo ciclo escolar, cientos de niños volverán a estar expuestos a condiciones tóxicas que afectan su aprendizaje y salud emocional. “Esto es violencia contra nuestros hijos. No tienen maestros, no tienen consejeros, y el Distrito sigue negando la realidad. Eso no lo vamos a tolerar más”.
“¿Qué va a pasar ahora con los más de 300 niños que están llegando a las renovadas viviendas de los Departamentos Salazar?”, se preguntó la activista, visiblemente preocupada. “Ellos no pensaban que se iban a renovar y cerraron una escuela –Beall Elementary–. ¿Qué van a hacer ahora con todos esos niños? ¿Van a enviarlos a una escuela inadecuada, no protegida, vieja y deteriorada?”.
Ella, al igual que el resto de los manifestantes, afirmó que no tolerarán que el próximo ciclo escolar comience con la incertidumbre que tanto ha dañado a la niñez del barrio. “Exigimos trabajar con este comité para reparar el daño histórico causado por haber negado igualdad de protección a nuestros hijos por ser mexicanos”.
Aun así, las familias cifran su esperanza en la nueva Junta Directiva de EPISD, a la que exigieron no repetir los errores del pasado. “Esperamos que esta mesa tenga corazón y voluntad, que vea el daño acumulado y comience un proceso de justicia educativa real. Nuestros niños merecen ser vistos como seres humanos, no como estadísticas”, expresó la activista.
“Queremos que se atiendan la negligencia y discriminación históricas”, dijo Brittany Medellín, integrante de Familias Unidas del Chamizal, al cuestionar la auditoría de equidad realizada por el MAEC (Mid-Atlantic Equity Consortium), la cual, según ella, no se elaboró adecuadamente ni existe intención de corregirla.
Para los activistas, EPISD defiende el legado de negligencia educativa histórica y violaciones a los derechos civiles en las escuelas de los barrios. Por ello, exigen una respuesta clara y efectiva a sus demandas.
EPISD recibió un informe preliminar sobre dicha auditoría durante una reciente reunión de la Junta del Distrito Escolar, en la que se identificaron discrepancias relacionadas con la distribución de fondos escolares y la aplicación de medidas disciplinarias.
Se indicó que la evaluación forma parte de una investigación en curso sobre las barreras que enfrentan los estudiantes tras una demanda por negligencia, derivada de múltiples cierres de escuelas dentro del distrito, particularmente en el Segundo Barrio.
Familias Unidas del Chamizal reiteró que la única forma de comenzar a reparar el daño es mediante una distribución equitativa de recursos, la implementación de más programas de educación dual, apoyo cultural, contratación de maestros capacitados y el uso transparente de los fondos. “No queremos promesas, queremos justicia”, sentenció Villegas.
El plantón pacífico de este miércoles, como muchos otros organizados desde hace casi una década, fue un grito colectivo de resistencia en defensa de la niñez fronteriza. Una niñez que, aseguran, ha sido ignorada por un sistema que, a pesar de sus promesas de inclusión, continúa reproduciendo las desigualdades más profundas de la ciudad.