El pasado 1 de junio de 2025 se celebró en nuestro país la inédita “Elección Extraordinaria del Poder Judicial”, un proceso que pretendía pasar a la historia como un triunfo de la participación ciudadana y de la rendición de cuentas. Sin embargo, los hechos revelan una realidad que raya en lo grotesco: la uniformidad abrumadora de los resultados, la manipulación de votos y el favorecimiento descarado de los candidatos afines al oficialismo.
En Ciudad Juárez, por ejemplo, de las 20 candidaturas impulsadas desde los llamados “acordeones” —papeletas marcadas previamente por operadores políticos del oficialismo—, 19 figuraron entre los primeros 24 lugares de votación. Este desequilibrio despierta sospechas legítimas: no hay forma de que esa proporción tan contundente responda a la voluntad libre del electorado. Es un indicio claro de inducción masiva al voto.
Los números hablan por sí mismos: los aspirantes promovidos por Morena obtuvieron en conjunto 180 475 sufragios, cuando en realidad esta elección debió estar alejada completamente de los partidos políticos, ya que la impartición de justicia debe ser imparcial.
Este patrón no es exclusivo de Juárez. A nivel nacional, la uniformidad fue alarmante: en la elección para magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, el 90 % de los votos coincidieron con los “acordeones”, y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación coinciden en un 100% con los acordeones entregados por el oficialismo. Y sí, hubo “acordeones” —tal y como convocó el mismo magistrado electo, Bernardo Bátiz, quien minimizó la gravedad de inducir el voto—. Cuando el inducir no se considera delito, nos salimos del terreno democrático.
El hecho de que el Instituto Nacional Electoral reportara apenas entre 12.6 % y 13.3 % de participación ciudadana, un porcentaje de participación muy bajo, comparando con el 17.7% de la elección extraordinaria de revocación de mandato en 2022. Esto revela un alto grado de rechazo o indiferencia hacia este proceso. No sorprende: cuando la gente percibe que el resultado está amañado de antemano, decide mejor no participar.
Encima, Claudia Sheinbaum catalogó el proceso como “transparente y todo un éxito” . Una versión que solo puede sostenerse en un discurso institucional, desconectado de la realidad y del sentir ciudadano. Esta desgastada narrativa mártir de la democracia choca con la evidencia de “prácticas antidemocráticas” ampliamente denunciadas incluso por consejeros electorales .
El socavón de la confianza que genera esta elección amañada es profundo. No basta con celebrar que “por primera vez” México elige a sus jueces, ya que esta reforma desde sus cimientos está mal hecha, la manera en la que fue aprobada, y desde luego el proceso es diseñado para garantizar el control político y no la imparcialidad judicial. Se convierte así en un simulacro: se juega con las reglas de la democracia para consolidar, desde abajo hacia arriba, un poder blindado.
Es urgente, después de este desastre electoral, repensar el modelo. Si la idea es confiar en la población para legitimar al Poder Judicial, se deben garantizar condiciones equitativas: sin discusiones coercitivas, sin “acordeones”, con campañas limpias y sin listas negras ni negras. En cambio, lo que vimos fue un show diseñado en la sombra, con resultados predecibles y controlados.
Que no nos vendan que esto es un triunfo histórico: fue, por el contrario, un retroceso en materia de justicia y democracia. Y el costo lo pagamos todos: la credibilidad de la elección, la independencia del juzgador, los nexos de una cantidad considerable de candidatos con el crimen organizado, y como si no fuera suficiente, la impartición de justicia corre el riesgo de servir intereses del partido en el poder.