Ha terminado al etapa de contabilización de cómputos, y “haiga sido como haiga sido”, como lo dijo Calderón, ya se definieron los resultados de los ganadores de la elección judicial, tanto estatal como federal, y ahora sigue la etapa de impugnaciones (un tema complicado para esta elección judicial pues los candidatos no tuvieron nunca los elementos a la mano) y la revisión de los requisitos de elegibilidad que debieron acreditar los candidatos ante los comités, que si está realizando el Instituto Nacional Electoral con los candidatos a juzgadores federales, pero que por alguna extraña razón el Instituto Estatal Electoral no lo realiza con los candidatos a juzgadores estatales ganadores.
La importancia de lo que está revisando el INE actualmente no es cosa menor, por el contrario, es el trabajo que debieron haber hecho los comités y por alguna “extraña razón” no hicieron o dejaron pasar, que es el cumplimiento de los requisitos constitucionales, donde se establecen calificaciones mínimas en la licenciatura en Derecho y en las especialidades por materia, siendo precisamente por este tema que el día miércoles dieciocho de junio, el Instituto Nacional Electoral, invalidó por mayoría de su consejo general, el triunfo de 33 magistrados de circuito ya electos, por no haber acreditado las calificaciones necesarias para competir.
Por eso es muy extraño que en Chihuahua, el Instituto Estatal Electoral no haya realizado lo mismo antes de emitir las constancias de validez a las y los candidatos a juzgadores que integraran el Poder Judicial estatal de Chihuahua, sobre todo tratándose de los y las magistradas, tanto jurisdiccionales como de disciplina judicial, pues serán ellos los supervisores del actuar de los jueces de todas las materias, y era necesario que hubieran revisado que las y los magistrados, al menos, que es donde se exige mayores requisitos y experiencia profesional, cumplieran con lo exigido por la Constitución de Chihuahua.
Con esto se advierte que el Instituto Estatal Electoral no quiso, o no puede, por debilidad institucional, hacer una función a la que estaba obligada, como lo está haciendo el Instituto Nacional Electoral, de revisar que las y los juzgadores “electos” cumplan con la experiencia y requisitos constitucionales, sobre todo después de los graves señalamientos realizados por candidatas y candidatos, de irregularidades en el cómputo y la elección judicial, y más aún después de conocerse que quedaron la mayoría de las y los candidatos de los acordeones, siendo también en su mayoría las candidaturas de los acordeones del Gobierno Estatal y/o Maru Campos.
Lamentable que el Instituto Estatal Electoral no haya cumplido con esta obligación que tenía de revisar que las y los juzgadores electos cumplieran con los requisitos exigidos por la Constitución de Chihuahua así como la experiencia, sobre todo después de un proceso electoral tan cuestionado y poco legitimado, que le hubiera dado a las y los ganadores la legitimidad tan cuestionada por el tema de los acordeones y señalamientos de manipulación de los cómputos, así como relleno de urnas, por la autoridad electoral.
Serán entonces las barras y colegios de abogados, así como actores políticos y sociales, los que suplan la labor que debió haber hecho el Instituto Estatal Electoral de revisar que las y los ganadores hayan cumplido con lo necesario para ser juzgadores en el Estado de Chihuahua, al menos con las calificaciones y experiencia profesional necesaria, sobre todo después de comprobar que para el caso de las y los magistrados quedaron, en su mayoría, puro cercano a la Gobernadora o a actores políticos cercanos a gobierno del Estado con los que tiene alianza y que aparecían en los acordeones.
Felicito a las y los juzgadores elegidos que cumplieron con los requisitos constitucionales, y que tienen la vocación, profesionalismo y ganas, para ocupar tan importantes cargos, serán ellas y ellos quienes imprimirán un nuevo rostro al Poder Judicial de Chihuahua. Y a los que no cuentan con lo necesario que exigía la constitución de Chihuahua, ojalá y sean exhibidos públicamente y vigilado por la sociedad civil y abogadas y abogados, pues de entrada existe desconfianza en el tribunal de disciplina judicial por estar cuestionado también en su conformación, por su cercanía al poder estatal, falta de revisión a sus antecedentes y requisitos, pero sobre todo la forma en que fueron elegidos con tantas irregularidades.