En un paso firme hacia la defensa de los derechos civiles y el Estado de Derecho, la Corte de Comisionados del Condado de El Paso aprobó esta semana una resolución que condena las redadas migratorias llevadas a cabo por agentes federales encubiertos.
Estas acciones, que han ocurrido en las inmediaciones de Cortes y espacios públicos, han generado alarma entre residentes, funcionarios y líderes comunitarios.
La resolución, impulsada por el comisionado David Stout, exige que cualquier acción migratoria dentro del condado se realice bajo un proceso claro, constitucional y transparente.
“Estamos viendo gente arrancada de las calles, detenida mientras acude a cumplir con sus citas legales”, advirtió Stout, quien subrayó: “No podemos permitir que se normalicen prácticas que pisotean los principios más básicos de justicia y equidad”.
Stout señaló que la iniciativa se inspira en medidas similares ya adoptadas en otros condados de Texas como Hays y Travis, y representa un llamado urgente a frenar lo que considera una escalada de tácticas “antiestadounidenses” que estigmatizan a comunidades enteras por su origen o apariencia.
Arrestos en tribunales generan alarma
La resolución surge tras numerosos reportes de arrestos en las afueras de tribunales federales en El Paso, donde individuos –incluso algunos con estatus legal o ciudadanía– han sido detenidos por agentes fuertemente armados, enmascarados y sin identificación visible.
Una de esas escenas fue presenciada por la ex jueza Linda Chew, quien acompañó a una pareja con residencia legal a cruzar un punto de control migratorio. “Me di cuenta, por primera vez, de que yo también sentía miedo”, confesó.
Joshua Acevedo, representante de la Ciudad, respaldó la resolución. “Lo que estamos viendo en las Cortes es inaceptable: agentes que no muestran el rostro ni se identifican, deteniendo a personas después de sus citas judiciales sin explicación clara”, declaró.
Para Acevedo, lo que está en juego es la integridad de un país basado en leyes. “Si permitimos que estos procedimientos ilegales se normalicen, dejamos de ser un país de leyes para convertirnos en uno sin rumbo”.
Requisitos para agentes federales
La resolución exige a las agencias federales que operen en El Paso identificarse plenamente, abstenerse del uso de máscaras y detallar públicamente las razones, autoridades y destinos de cada detención.
La reacción pública no se hizo esperar. La diácona Sandra Jones, de la Iglesia Episcopal St. Christopher's, compartió el dolor que vivió al acompañar a familiares de personas detenidas. “Estos no son criminales. Son personas que están cumpliendo con la ley. Los agentes estaban enmascarados, vestidos de civil. Fue como ver un secuestro”, relató.
El comisionado Sergio Coronado también se sumó al reclamo: “Estamos retrocediendo décadas. Necesitamos alzar la voz no sólo contra la administración federal, sino también contra los tribunales y el Congreso, porque ellos pueden detener esto”.
Defensa federal vs. cuestionamientos locales
Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha defendido el uso de mascarillas, argumentando que protege a sus agentes de posibles represalias. Sin embargo, líderes locales cuestionan esa narrativa. Para ellos, la opacidad con la que se están llevando a cabo estas redadas contradice los valores de una democracia basada en la rendición de cuentas.
Con esta resolución, El Paso se une a un movimiento creciente de gobiernos locales que buscan poner límites a prácticas migratorias que consideran excesivas, peligrosas y fuera de control. La comunidad fronteriza, históricamente golpeada por las políticas migratorias, envía así un mensaje claro: no tolerará más abusos en su territorio.