Con una mezcla de duelo y determinación, un grupo de ciudadanos estadounidenses que han perdido a familiares en actos de violencia perpetrados por cárteles mexicanos ha decidido alzar la voz. A través de una carta enviada este lunes al secretario de Estado Marco Rubio, integrantes de la coalición American Families Against Cartel Terrorism (AmFACT) exigen que el Gobierno de Estados Unidos designe al Cártel de Juárez y a su brazo armado, ‘La Línea’, como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés).
“No podemos traer de vuelta a nuestros seres queridos. Pero podemos alzar la voz. Podemos luchar por justicia, no sólo para nuestras familias, sino para cada estadounidense afectado por la violencia de los cárteles”, escribieron en su misiva.
La petición se suma a los esfuerzos de AmFACT para ampliar el reconocimiento oficial del impacto devastador que tienen los cárteles mexicanos más allá de las fronteras de México.
Aunque en 2024 el gobierno de Donald Trump ya había incluido a ocho cárteles latinoamericanos y dos pandillas haitianas en la lista de FTO, ‘La Línea’ fue excluida. La inclusión de un grupo en esa lista permite a las autoridades estadounidenses congelar activos, impedir el ingreso al país a miembros extranjeros e incluso abrir la puerta a demandas civiles por parte de víctimas y sobrevivientes.
Entre los principales impulsores de la petición se encuentran las familias LeBaron, Langford y Jones, sobrevivientes de la brutal masacre ocurrida el 4 de noviembre de 2019, cerca de las comunidades mormonas de La Mora y Bavispe, en el Norte de México. Ese día, tres mujeres y seis niños, todos ciudadanos estadounidenses, fueron emboscados y asesinados por miembros de ‘La Línea’. Los atacantes abrieron fuego contra vehículos familiares y luego incendiaron uno de ellos con sus ocupantes dentro.
“Ese día me encontré cara a cara con el Cártel de Juárez y su brazo armado ‘La Línea’, que rociaron a nuestra familia con miles de balas”, recordó Devin Langford, quien sobrevivió al ataque pero perdió a su madre, Dawna, y a sus dos hermanos menores, Trevor (11) y Rogan (2).
Adriana Jones, presidenta de AmFACT, perdió a su hermana, Maria “Rhonita” LeBaron, y a cuatro de sus sobrinos en la misma emboscada. “Los cárteles mexicanos son organizaciones criminales que trafican con muerte y destrucción, y amenazan la seguridad de familias en todo Estados Unidos”, dijo. “AmFACT da voz a los sobrevivientes y a las familias, para que nadie más tenga que vivir el terror, el dolor y la pérdida que nosotros hemos sufrido”.
Una lucha que va más allá del dolor personal
La carta enviada a Rubio está impregnada de un dolor colectivo que trasciende la tragedia individual. “Esto no es sólo sobre nuestras familias. Se trata de proteger a los estadounidenses y de asegurar justicia para todas las víctimas. Queremos evitar que otros ciudadanos vivan el mismo dolor y pérdida que nosotros”, afirma el texto.
El grupo también incluye a familiares de Enrique “Kiki” Camarena, el agente de la DEA secuestrado, torturado y asesinado en 1985 mientras investigaba el narcotráfico en México. Su hermana, Myrna Camarena, se sumó al llamado: “Mi hermano murió protegiendo a los estadounidenses de los horrores del Cártel de Sinaloa. Muchos estadounidenses han tenido destinos similares. Por eso nos unimos a AmFACT, para exigir justicia y detener esta estrategia de violencia que lleva décadas”.
La viuda de Camarena, Geneva “Mika” Camarena, también se integró a la coalición, sumando su voz a una causa que busca redefinir cómo Estados Unidos enfrenta a los cárteles transnacionales.
El potencial impacto de la designación FTO
Aunque la designación de una organización como terrorista tiene limitaciones jurídicas y diplomáticas, permitiría a las víctimas estadounidenses acceder a nuevas vías legales y financieras para exigir reparaciones. En 2022, un juez federal en Dakota del Norte otorgó a las familias LeBaron y Langford una compensación de 4 mil 600 millones de dólares por los asesinatos, aunque dicha suma aún no ha sido cobrada debido a la complejidad de rastrear y congelar activos de los cárteles.
Los críticos de la política de designación FTO afirman que esta herramienta no cambia sustancialmente la capacidad del Gobierno estadounidense para investigar y enjuiciar a los cárteles. Sin embargo, para las víctimas, la etiqueta tiene un valor simbólico y estratégico. “Designar a ‘La Línea’ como organización terrorista enviaría un mensaje claro: Estados Unidos no tolerará el asesinato de ciudadanos inocentes ni la intimidación de nuestras comunidades”, argumenta la carta.
Una batalla política y humana
La petición se da en un momento de creciente presión sobre Washington para adoptar posturas más firmes frente a la violencia trasnacional.
Si bien el presidente Trump ya ha mostrado disposición a ampliar el uso de herramientas antiterroristas contra los cárteles, la inclusión de grupos como ‘La Línea’ enfrenta resistencia diplomática, particularmente de parte del Gobierno mexicano, que históricamente ha rechazado la clasificación de los cárteles como entidades terroristas por temor a intervenciones extranjeras.
Para las familias organizadas en AmFACT, esa resistencia oficial contrasta con la urgencia de su reclamo. “Queremos justicia. No sólo en nombre de quienes murieron, sino para proteger a quienes aún pueden salvarse”, concluyen.