-Atraviesa chilango línea de ejecuciones y extorsiona
-Inquietud empresarial por múltiples asesinatos
-El juez cumplió en plazo caso Crematorio
-Cumplida la amenaza para ganaderos
Entre la encarnizada guerra que libran los grandes grupos delictivos básicamente por el grandioso mercado del cristal y el fentanilo en la ciudad, logró meterse un chilango –o varios, aún no sabemos cuántos- a estafar juarenses bajo el método favorito utilizado por bandas criminales en el centro del país, la extorsión. Logró engañar a juarenses por más de un millón de pesos.
Ese chilango fue identificado como Antonio Daniel P. G., de 35 años de edad. Fue detenido ayer por agentes de la policía municipal entre las calles Valle del Sur y Valle del Bravo, en la colonia, Valle de Bravo.
El delincuente estuvo estafando por varios días a un hombre. Le exigía dinero y joyería, amenazándolo con dañar a su familia si no atendía las exigencias. Antes, el malviviente consiguió algunos datos personales de la víctima para hacer creíbles sus amenazas.
Al ser detenido, le fueron descubiertos distintos tickets de depósitos y transferencias por 10 mil pesos, por 157 mil pesos y cuatro depósitos por 200 mil pesos cada uno, así como distinta joyería.
Toda una ficha el detenido, perteneciente a una banda delictiva que tiene su centro de operaciones en la Ciudad de México. Es cabecilla otro chilango, apodado “El Patrón”, aún libre, y del que deberá tener ya toda la información el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Omar García Harfuch, quien acaba de anunciar todo un proyecto nacional para combatir precisamente la extorsión.
Sus investigadores tienen acceso ahora a las cuentas bancarias de las que fue cobrado el dinero obtenido en Juárez.
Antonio Daniel pudo ser detenido gracias a que su última víctima pudo seguirlo tras hacerle una entrega por 30 mil pesos y notificar del hecho a la policía municipal.
El delincuente andaba en lo “suyo” mientras sicarios de los grandes grupos delictivos que operan en esta frontera asesinaban a más de 22 supuestos vendedores de cristal y fentanilo en solo dos días, entre miércoles y jueves.
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Aunque el sector empresarial dio a conocer una postura oficial precisamente sobre la ola de violencia en la ciudad, ésta no refleja en su totalidad los temores que existen entre los dueños de negocios.
Al interior del gremio, se cruzaron ayer mensajes que dejaban entrever una profunda preocupación si esta situación se extiende.
Se comenta que debido a la lentitud económica y el contexto político, este fenómeno simplemente viene a dificultarles el desplazamiento, el temor a verse afectados y a la operación general de empleados y trabajadores de los distintos sectores.
Obviamente que las expresiones de temor y opinión pública se ven limitados por obvias razones, pero existen fundados miedos que ayer se dejaron entrever.
Muchos empresarios mencionan ya el reforzamiento de la seguridad personal, entre otras medidas, que recuerdan épocas pasadas.
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Hubo sentidas quejas del ministerio público porque el juez, Antonio Coss Araujo, tardó muchas horas para obsequiar la orden de aprehensión contra el dueño del crematorio Plenitud, responsable del fraude deleznable contra los familiares de 383 difuntos que debieron ser incinerados, pero cuyos cuerpos fueron abandonados en la colonia Granjas Polo Gamboa.
Efectivamente, fueron bastantes horas aunque dentro del plazo que la ley le permitía definir al juzgador. Recibió la solicitud el domingo 29 de junio unos minutos después de las siete de la mañana. Resolvió a las 17:33 horas del mismo día.
Aún le quedaban 14 horas de plazo a Coss para decidir aunque desde la Fiscalía se haya dicho que solo tenían hasta las seis de la tarde para ejecutar la orden.
Creemos que ahora la gran discusión sobre ese tema en particular, los plazos, dejó de ser relevante tanto en la actuación del juez como en la postura del ministerio público porque, al final del día, el dueño y el “encargado” habían sido detenidos desde el 27 de junio por “desobediencia y resistencia a particulares”.
Ahora el tema toral estará centrado en todo lo que ocurrió el domingo 29 de junio, tanto en los juzgados como en el ministerio público.
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Apenas el viernes pasado dábamos cuenta en La Columna de otra alerta entre los ganaderos, cuando estaba alistándose la reapertura de la frontera de Estados Unidos para la exportación de animales mexicanos, que comenzó el lunes por Sonora y continuaría las próximas semanas por Chihuahua.
Esa otra alerta se refería a la determinación de México de importar casi cinco mil cabezas de ganado desde Nicaragua, uno de los grandes focos de infección del gusano barrenador del ganado junto con otros países centroamericanos, de donde se extendió el brote a los estados mexicanos del sur.
El permiso fue otorgado apenas firmado el acuerdo con Estados Unidos para la reapertura gradual de las importaciones de ganado en pie por parte del secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué, quien no dudó en facilitar y gestionar, como parte de una cuestionable estrategia agroalimentaria, el ingreso de ganado de dicho país hasta el norte de México.
Es cada vez más claro el interés de favorecer a los importadores mexicanos de ganado, por quién sabe qué intereses federales, sobre los intereses de la ganadería nacional, en especial la de mayor calidad y más alto valor, la del norte del país.
Entonces, es muy posible que este cierre, el tercero de la frontera estadounidense al ganado mexicano en menos de un año, obedezca a esta determinación federal de traerse animales de países donde el brote del gusano sigue descontrolado, por más que se diga que es ganado certificado.
Aunque el argumento oficial de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, fue la detección de otro caso en México de gusano, entre los ganaderos chihuahuenses no dudan de que haya otros motivos de fondo, conocida como es la flexibilidad y volatilidad de Berdegué y su equipo del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).
El mismo Teto Wallace, gerente de la Subasta de Ganado de Santa Teresa, especuló con ello en un video mensaje enviado a los ganaderos de Chihuahua, quienes esperaban con ansias la apertura para este lunes y recibieron otro portazo peor que los dos anteriores.
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Podrá parecer un número más, pero el dato es alarmante: en junio de 2025 las ventas al mayoreo de vehículos pesados en México se desplomaron 66.8 por ciento, de acuerdo al reporte del Inegi.
Es toda una implosión que avisa sobre lo que viene. Y no ocurre en cualquier sector: hablamos de vehículos pesados, el sostén del transporte de mercancías, de la logística, del comercio interior y exterior.
El que hayan dejado de renovarse las flotillas no es casualidad ni moda. Ya están viendo que no hay carga que mover, contratos que firmar o expansión que justificar.
Un retroceso de este tamaño en el corazón del transporte pesado es como ver señales de humo en el horizonte: la economía real se está desacelerando más rápido de lo que muestran los grandes indicadores.
A su vez, las ventas al menudeo también cayeron 33 por ciento, lo que sugiere que incluso los pequeños transportistas o emprendedores del sector están dejando pasar oportunidades de inversión.
¿Por qué alguien dejaría de invertir en un camión si tiene más carga por mover? La respuesta es sencilla: porque hay cargas.
Y las plantas donde se producen esos grandes camiones reportan una caída del 35.7 por ciento en la producción. Esto solo puede significar reducción de turnos, personal despedido e inventario acumulado.
¿Se trata solo de un dato temporal? ¿Están los datos anticipando algo más profundo?, esas dudas deberán quedar resueltas en los próximos meses.