Socorro, Texas– La posibilidad de que una nueva carretera atraviese parte del territorio rural de la ciudad de Socorro ha despertado una ola de preocupación entre sus habitantes, quienes temen perder terrenos, hogares y una forma de vida ligada al campo y a la tranquilidad de la comunidad.
El proyecto conocido como Arterial 1, impulsado por el Gobierno local, propone la construcción de una vía de cuatro carriles que conectaría Socorro Road con la autopista I-10.
Aunque aún se encuentra en fase de estudios y propuestas, los residentes temen que, bajo la Ley de Dominio Eminente, se proceda a la expropiación de tierras particulares, afectando propiedades agrícolas y ganaderas que han sido parte de la identidad histórica de Socorro.
“Esto no es sólo un pedazo de tierra. Es nuestra vida. Aquí criamos a nuestros hijos, aquí trabajamos la tierra y vivimos en paz”, expresó Ignacio Sierra, agricultor del lugar que se ha sumado a las recientes manifestaciones en contra del proyecto.
Las protestas se intensificaron luego de que el Cabildo aprobara continuar con el proceso de estudio del proyecto durante una sesión celebrada el jueves por la tarde. Esta decisión, aunque no representa una aprobación final, ha generado incertidumbre entre quienes temen ser desplazados.
No obstante, ante la creciente preocupación de los habitantes, el alcalde Rudy Cruz Jr. hizo un llamado a la calma y al diálogo, asegurando que “nada está decidido” y que el proceso se encuentra en una etapa de análisis técnico y ambiental, no de ejecución.
Durante una sesión de Cabildo celebrada el jueves por la tarde, en la que se abordó el avance del proyecto, Cruz reiteró que la administración municipal actuará en estricto apego a la ley y con base en lo que determine la propia comunidad.
“En ningún momento este Gobierno piensa en apropiarse de terrenos. Todo tiene un proceso legal, incluyendo compras, evaluaciones y estudios. Lo que se está haciendo ahora es eso: estudiar”, afirmó durante la sesión a la que asistieron decenas de vecinos opositores a la iniciativa.
El proyecto, que desde su nacimiento contemplaba varias alternativas, ha generado inquietud entre residentes, ganaderos y agricultores, quienes ven en esta obra una amenaza a su patrimonio, tranquilidad y estilo de vida rural. Entre ellos se encuentra Jeremias Hendrix, quien ha emergido como una de las voces más firmes contra el plan.
“Todos tenemos diferentes preocupaciones. Algunos van a perder sus casas, otros sus tierras, otros su privacidad. Pero estamos unidos. Esta es una sola lucha. Lucho por la señora que está perdiendo su casa como si fuera por mí. Aquí nadie está solo”, declaró Hendrix, dejando ver el profundo sentido de comunidad que los une.
Aunque aclaró que no se opone al progreso, Hendrix enfatizó que cualquier avance debe contar con el consenso de todos. “No se trata de estar en contra del desarrollo, pero sí de hacerlo con respeto y en acuerdo con la comunidad”, apuntó.
Subrayó que incluir este punto en la agenda es positivo porque se le da voz a la gente que protesta. “Hay muchas personas que no quieren esta calle nueva y prefieren seguir dedicándose a la vida rural, a sus tierras, a mantener sus animales como caballos, borregos, gallinas y vacas. El expropiar sus tierras les causaría mucho dolor. Es la vida de ellos y así quieren seguir. Carros y caballos no combinan bien”, sentenció.
Patrick Hommock, otro agricultor afectado, comentó: “Algunos van a perder parte de sus tierras, otros incluso sus casas. ¿Cómo se repone algo que lleva generaciones construyéndose?”.
A pesar del descontento, el alcalde Rudy Cruz Jr. ha asegurado que el proyecto no se ejecutará sin considerar la opinión ciudadana. “Este Gobierno ha abierto los oídos después de muchos años de silencio institucional. Estamos aquí para servir, no para imponer”, dijo. “Estamos haciendo lo que la ley nos permite, pero también respetando a nuestra gente”.
Y remató: “Es muy evidente que este Concilio ha escuchado a los residentes de la comunidad. Al final del día, trabajamos para la comunidad y el pueblo es el que manda”, expresó el alcalde durante una reciente reunión del Cabildo, donde se abordó el tema en la agenda oficial.
Como parte de su intervención, Cruz explicó que solicitó al administrador de la Ciudad y a los departamentos técnicos involucrados que analicen los posibles escenarios para detener el proyecto, pero advirtió que antes de tomar una decisión es necesario entender las obligaciones contractuales y legales con las agencias estatales y federales que financian el estudio.
“No sabemos todavía si al parar el estudio vamos a tener que reembolsar todo el dinero que hemos recibido. Estamos hablando de millones de dólares provenientes de la Federal Highway Administration y Texas DOT, fondos que vienen por medio de la ciudad y que son dinero del pueblo, de los que pagan impuestos”, detalló Cruz.
Y aseguró: “La última cosa que quiero hacer es usar el dinero de la gente para tener que reembolsarlo. Vamos a ver y hacernos una pregunta: ¿Qué vamos a hacer? Pero definitivamente ya empezó el proceso para parar el proyecto”.
Durante el período de consulta pública, que finalizó el 13 de junio, decenas de comentarios y objeciones fueron enviados por los habitantes mediante formularios y plataformas en línea, dejando clara su postura.
Cruz insistió en que el proyecto aún se encuentra en fase preliminar, específicamente en el desarrollo de estudios ambientales y técnicos, y que entre las opciones aún se contempla el no construir.
Además, garantizó que, en caso de proceder, cualquier acción sobre la propiedad privada se realizará bajo los marcos legales, priorizando la negociación antes que la imposición.
La postura de Cruz fue bien vista por los habitantes, quienes señalaron que el hecho de que la comunidad finalmente tenga una plataforma para expresar su sentir es sinónimo de confianza en el Gobierno.