Ciudad de México.- Tras el incumplimiento de dos compañías privadas para brindar servicios de seguridad y vigilancia en los recintos del INAH en el Área Metropolitana de la Ciudad de México, la dependencia busca terminar sus contratos a nivel nacional y que el Servicio de Protección Federal (SPF) se haga cargo.
En entrevista, el titular del INAH, Diego Prieto, informó que están trabajando de la mano de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para realizar este cambio, que va a requerir de recursos adicionales.
«Ya hemos pedido al SPF que nos haga las cotizaciones para ver si Hacienda nos autoriza los recursos, porque, evidentemente, el servicio que presta el SPF puede resultar un poquito más oneroso que lo que tenemos en el presupuesto ordinario, pero con el apoyo de la Presidenta (Claudia Sheinbaum) seguramente lograremos lo mejor para el Instituto y, sobre todo, más que para el Instituto, para el patrimonio cultural que nos corresponde resguardar», detalló.
Esta corporación, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, entraría a sustituir a las empresas privadas SSS Asistencia y Supervisión, S. A. de C. V., y Sistemas Prácticos en Seguridad Privada, S. A. de C. V., que ganaron una licitación pública para brindar el servicio al INAH en 27 entidades.
A inicios de junio, la incapacidad de ambas compañías para proveer el número mínimo de custodios en la CDMX y Área Metropolitana provocó el cierre de algunos de los más importantes recintos del INAH, como el Museo Nacional de Antropología y el Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec.
De acuerdo con una revisión de REFORMA (16/06/25), la decisión de la dependencia de sustituir a la Policía Auxiliar de la Ciudad de México por empresas privadas, luego de una colaboración de décadas con la corporación, trajo consigo una reducción del 40 por ciento del número de custodios en la capital y el área metropolitana, con un ahorro mínimo.
A partir del cierre de los museos, la dependencia cultural reinstaló a la Policía Auxiliar (PA) en la capital, pero todavía no termina definitivamente su relación contractual con las empresas privadas.
«Para suscribir contrato con la PA necesitamos determinar si se va por la vía de la rescisión o de la terminación anticipada (con las compañías)», señaló Prieto.
«Estamos confiados de que no habrá mayor litigio, porque es claro que hubo incumplimientos y también es claro que la empresa querrá, en un momento dado, evitar una inhabilitación de manera general y, por lo tanto, con el apoyo de Anticorrupción y Buen Gobierno, yo creo que llegaremos al mejor acuerdo», abundó en el caso de la Ciudad de México.
Si se concreta la llegada del SPF a nivel nacional, ambas empresas privadas perderían 27 contratos abiertos, uno por cada entidad de la República, que ascienden a un máximo de 197 millones 487 mil pesos.
Librar la inhabilitación, no obstante, les permitiría seguir prestando servicios de seguridad y vigilancia para el INBAL, que las contrató a través de otra licitación pública para custodiar 89 inmuebles, en 10 entidades, por un máximo de 135 millones 681 mil pesos.
El INBAL no ha respondido a una solicitud de este diario para informar si tomará alguna medida similar al INAH con respecto a estas empresas, pues se han exhibido casos de insensibilidad de sus custodios hacia el público en recintos como el Museo Nacional de Arte.