Ciudad de México.- El Observatorio Electoral Judicial llamó a no repetir en 2027 la elección de integrantes del Poder Judicial con la legislación actual, porque el proceso efectuado en junio pasado careció de autenticidad y estuvo marcado por la intromisión del Gobierno y la violación de principios democráticos.
Al presentar su informe final sobre la elección de Ministros, magistrados y jueces federales, el colectivo concluyó que no hubo garantías para una elección democrática, derivado del diseño legal y la apuración para aprobar una reforma electoral, que no tuvo consenso ni debate público, y que después llevó a una organización apresurada e improvisada en el Instituto Nacional Electoral (INE), con un castigo presupuestal para llevar a cabo el proceso.
Como remate de las deficiencias, hubo una abierta intromisión de autoridades, el INE dejó pasar las irregularidades y el Tribunal Electoral no las investigó ni sancionó.
«Este informe final sintetiza y concluye nuestro trabajo de observación. Su tesis central es inequívoca: el Proceso Electoral Extraordinario fue una elección carente de autenticidad, se operó desde el poder a partir de la violación sistemática, grave y determinante de los principios constitucionales de certeza, legalidad, equidad y libertad del sufragio.
«La experiencia de esta primera elección judicial deja una lección inequívoca: las modificaciones para el próximo proceso electoral de 2027 son necesarias y urgentes. No podemos permitir que un ejercicio democrático de esta trascendencia se vuelva a organizar sobre la base de la improvisación y la inequidad».
El Observatorio aclara que cualquier reforma futura debe evitar el error de origen de la actual, que es la falta de consenso y deliberación.
«Es imperativo que los cambios legislativos se construyan a partir de un diálogo amplio que incluya a todos los actores políticos, a las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales -tanto nacionales como locales-, a las candidaturas que vivieron el proceso en carne propia y a las organizaciones de la sociedad civil que lo observaron críticamente».
Remarca que que sólo un proceso de reforma verdaderamente plural y basado en la evidencia recabada en la elección de junio pasado, podrá corregir las deficiencias sistémicas y producir un modelo que garantice una contienda justa, transparente y legítima.
La redacción del informe final estuvo a cargo de los equipos de las cuatro organizaciones que integran el colectivo Observatorio Electoral Judicial: Di-Sentir, Laboratorio Electoral, México Evalúa y Práctica: Laboratorio para la Democracia.
En el Informe se resalta la intromisión del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la influencia determinante de los acordeones con los nombres de los candidatos, y la actuación parcial del INE y del Tribunal Electoral federal.
En sus conclusiones, como primer punto el texto advierte que la elección judicial de 2025 nació con problemas estructurales de origen, por la reforma constitucional que estableció la elección por voto popular de los integrantes del Poder Judicial.
«Este déficit de deliberación se tradujo en una profunda ambigüedad legal y vacíos normativos que marcaron todo el proceso. Con un plazo de organización inferior a ocho meses, cuando un ciclo electoral convencional requiere al menos diez, las autoridades se vieron forzadas a operar en un estado de improvisación constante».
A falta de una ley secundaria sobre la elección de juzgadores, el INE emitió más de 300 acuerdos para regular aspectos cruciales de la contienda, desde la fiscalización hasta la paridad de género, asumiendo de facto facultades legislativas, se explica en el informe.
«A pesar de estas fallas de diseño, la elección se llevó a cabo. Sin embargo, su realización no debe interpretarse como un éxito del modelo, sino como un testimonio de la capacidad de las instituciones para resolver problemas en tiempo real, una cualidad admirable pero insuficiente para garantizar la legitimidad y equidad que un proceso de esta magnitud demanda».
En la segunda conclusión, se sostiene que quedó documentado que el Gobierno de México no actuó con la imparcialidad requerida durante el proceso.
«Una decisión del TEPJF, emitida en una votación dividida, permitió que servidores públicos promovieran la participación ciudadana, creando una zona gris que fue aprovechada para influir en la contienda», se afirma.
«Esta ambigüedad legal se materializó en la distribución de 'acordeones' o listas de candidaturas afines, una práctica de coacción velada operada desde estructuras de gobiernos locales que fue denunciada por decenas de organizaciones, entre ellas el OEJ y la MOE/OEA».
La ley, se advierte, no ofreció los medios suficientes para inhibir y sancionar con eficacia esta falta de imparcialidad.
Incluso, se añade, la intervención no fue un acto aislado, sino que se enmarcó en un contexto donde la Presidencia de la República y la del Senado impugnaron activamente los lineamientos del INE que buscaban precisamente blindar la equidad.
«Esto evidencia un esfuerzo deliberado por erosionar la barrera entre el gobierno y la competencia electoral, comprometiendo la independencia judicial de origen de quienes resultaran electos bajo estas condiciones».
Como tercera conclusión, se establece que quedó en evidencia cómo se ha agudizado la captura del INE y del Tribunal Electoral por parte del Gobierno.
Tal captura se refleja, se indica en el texto, en la constante contradicción de criterios y en votaciones divididas que sugieren presiones externas.
«El Tribunal Electoral, por ejemplo, mostró una preocupante variabilidad al aplicar lógicas distintas para asuntos electorales judiciales y políticos, generando incertidumbre en lugar de certeza.
«Esta conducta, sumada a la percepción de que no actuó de manera ni expedita ni efectiva y al hecho de operar con una integración incompleta y prorrogada, ha resentido notablemente la confianza de diversos actores en el tribunal», se alerta en el informe sobre la actuación de las autoridades electorales.
El Observatorio Electoral urge a recuperar la legitimidad de las autoridades electorales, como una tarea impostergable.
«No basta con ajustes procedimentales; requerimos un profundo y renovado compromiso ético con los principios y valores democráticos. La independencia de los árbitros electorales no es negociable, y su principal lealtad debe ser con la Constitución y la ciudadanía, no con los poderes políticos.
«Encontrar mecanismos para blindar su autonomía y garantizar su imparcialidad es fundamental para la salud de nuestra democracia».
En la cuarta conclusión se advierte que el oficialismo vulneró, en distintos momentos y de muy diversas formas, la integridad electoral, en particular por el reparto de los acordeones, que indicaban a los electores qué números marcar en las boletas.
«La ausencia de un piso común de respeto hacia los valores cívicos en los que se asienta una democracia se reflejó de manera patente en el uso de 'acordeones' para dirigir el voto y en la campaña abierta de funcionarios y servidores públicos en favor de ciertas candidaturas. Estas prácticas fueron determinantes y no solo violan el principio de equidad sino que corrompen la naturaleza misma de una elección que debía ser ciudadana y no partidista».
Las elecciones, se añade, no se pueden reducir a meros ejercicios electivos, sino que deben tener elementos mínimos para considerarse verdaderamente democráticos, entre ellos que el voto sea universal, libre y secreto y que las elecciones sean periódicas, auténticas y libres.
«El Proceso Electoral Extraordinario (PEE) 2024-2025 para la renovación del Poder Judicial de la Federación (PJF), lejos de ser un ejercicio de democratización de un poder público, se convirtió en un caso de estudio sobre la fragilidad de diversas instituciones y la necesidad, cada día más urgente, de una vigilancia ciudadana activa y rigurosa», señala también en las conclusiones.
Fue un retroceso
En el prólogo del informe, el académico e investigador de la UNAM, Javier Martín Reyes, consideró que la elección judicial de 2025 fue un retroceso histórico, de fondo y de forma, y no fue democrática.
«Sustantivamente, fue un eslabón clave de una mal llamada reforma judicial que no buscaba mejorar la justicia, sino purgar, capturar y debilitar a los poderes judiciales del país. El objetivo fue claro: eliminar contrapesos, concentrar el poder, dejar como herencia un régimen más autoritario», afirmó.
«Pero el retroceso también fue procedimental. Lo digo sin rodeos: esta fue -y no es exageración- la primera elección, desde la transición democrática, que no puede calificarse como democrática».
El investigador cuestionó si puede considerarse como un proceso democrático a una elección donde la inmensa mayoría de las candidaturas fueron decididas por representantes del Gobierno y de la coalición gobernante.
«¿Es democrática una elección en la que el electorado no tiene la más mínima idea de quiénes son las candidaturas ni qué funciones tienen los cargos en disputa? ¿Hay condiciones reales de competencia cuando se prohíbe tanto el financiamiento público como el privado, cuando solo los ricos pueden autofinanciar legalmente sus campañas y cuando el grueso del dinero -proveniente de un mercado negro electoral- ni se investiga ni se sanciona?», plantea Reyes.
«¿Puede hablarse de derechos político-electorales cuando los árbitros se comportan más como operadores del poder que como guardianes de la Constitución? ¿Hay elección auténtica cuando el resultado de los tres principales órganos judiciales estuvo determinado, al 100 por ciento por una movilización inconstitucional orquestada desde el poder?».