En días recientes trascendió en redes sociales el caso de Karla Estrella, una ama de casa de Hermosillo, Sonora, que fue sancionada por el Tribunal Electoral por haber incurrido en “violencia política en razón de género” contra la Diputada Diana Karina Barreras.
La razón se debe a que la tuitera expresó en una red social que la Diputada había llegado al Congreso por intermediación de su marido. Esa fue razón suficiente para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinara que Estrella había menoscabado la trayectoria política de Barreras, determinando que el contenido de la publicación constituía “violencia simbólica, psicológica, digital, por interpósita persona y análoga”.
La sanción draconiana impuesta a la ciudadana contiene la obligación de pagar una multa económica, acudir a cursos para concientizarla sobre la violencia de género, y además (lo más humillante de todo) la obliga a publicar diariamente durante treinta días en sus redes sociales una disculpa a la legisladora. Así como cuando los niños eran castigados en la primaria y tenían que hacer cien planas de una oración, así mismo aplica en pleno siglo XXI a una mujer que expresó libremente lo que pensaba.
Tanto la Presidenta Sheinbaum como Citlalli Hernández (la Secretaria de las Mujeres) criticaron esa sanción. Evidentemente lo hicieron porque la opinión pública se encargó de linchar a la Diputada Barreras a partir de la resolución del Tribunal. Estos eventos evidencian la corrección política que aún existe en nuestro país.
Durante la Revolución Francesa, se hicieron del poder los jacobinos en la Francia de la época. Maximiliano Robespierre encabezó el Comité de Salud Pública. Este comité se encargaba de limpiar a Francia de cualquier ‘germen contrarrevolucionario’. En nombre de la Revolución, Robespierre mandó a la guillotina a decenas de personas, por las acusaciones más inverosímiles, pues a su juicio, todos los acusados habían incurrido en actividades en contra de la Revolución. Irónicamente, el mismo Robespierre terminó siendo víctima de su propio juego y acabó baleado y posteriormente decapitado en la misma guillotina en la que él había guillotinado a decenas de personas.
Lo mismo está sucediendo con la perversa herramienta de Violencia Política de Género. Lo que en lo personal siempre he estimado una herramienta excesiva, parcial, draconiana y perversa, termina por victimizar ahora a mujeres que están en mayor estado de vulnerabilidad que sus acusadoras. ¿Quién cree usted que esté en una posición de desventaja? ¿Una ama de casa de Hermosillo que tuitea una crítica política a una legisladora? ¿O una legisladora que integra la bancada oficialista? Creo que la pregunta resulta hasta absurda y es meramente retórica; es obvio que la primera está en mayor desventaja.
Durante décadas se ha hablado de la libertad de expresión. La Declaración Universal de los Derechos Humanos la contempla. Sin embargo, cada gobierno va poniéndole límites a la misma en las constituciones, atendiendo (supuestamente) a derechos de terceros. En el momento en que el legislador clasifica o categoriza el contenido de una expresión, se está arrogando la posibilidad de censurar a cualquier ciudadano con ese pretexto. La libertad de expresión debe ejercerse sin cortapisas, ni límites. Solamente así es una verdadera libertad.
En el caso de México, advertimos que la libertad de expresión es una quimera. Si una legisladora puede obligar una sanción contra una ciudadana de esa manera, es porque esa libertad en realidad no existe.
Aunado a lo anterior, resulta absurdo que quien se dedica a la labor pública no resista un ápice de crítica. Los que participan en política deben entender que siempre estarán expuestos a ser señalados. Ese es un principio básico de cualquier sistema democrático. Solamente en países como Corea del Norte, Venezuela, Rusia y México no se permite esa clase de crítica.
Obviamente la agenda woke-totalitarista hizo “pinkwashing” de una herramienta de censura, vistiéndola como un instrumento para erradicar la violencia. Un tuit que señala lo que esa ciudadana considera como un acto de corrupción política no puede considerarse como ejercicio de violencia, más en un país donde mueren diez mujeres al día; más en un Estado (Sonora) donde una mujer y sus tres hijas fueron asesinadas en esos mismos días.
Si el día de mañana, Fulanito A, líder de un partido político es descubierto vendiendo una candidatura a Fulanito B se haría un escándalo público de corrupción política. Si se diera el caso de que Perenganito A (un político encumbrado) logra acomodar a su hermano Perenganito B en una candidatura a un cargo de elección popular, también se haría un escándalo de corrupción política y se señalaría la práctica de nepotismo. Ahora bien, si Manganito A decide pedir algunos favores para que su pareja Manganita B ocupe algún cargo o candidatura y alguien lo señala, en ese caso se está claramente ante una práctica igualmente nepotista, pero si alguien lo señala se hará acreedor a diversas sanciones por “menoscabar la carrera política de Manganita B”. A pesar de que quien lo señale tenga la razón, en ese caso la razón no es suficiente. Por eso, todos enfrentamos una mordaza porque todo se puede volver un problema de género.
Lo que nació como una herramienta equilibradora se ha convertido en la guillotina política de la actualidad, en la espada de Damocles que pende sobre la cabeza de todos y de todas. Hemos llegado a absurdos donde se ha condenado a mujeres por ejercer violencia política de género contra hombres (que se asumen como mujeres trans).
El problema en México deriva en que estas generaciones y las siguientes dan por sentado que siempre hemos tenido libertades y que no pasa nada si se restringen por un “bien mayor”. La narrativa perversa ha ganado terreno equiparando palabras con acciones. Dicen que la violencia contra las mujeres inicia desde lo que las personas dicen. Incluso se han acuñado términos absurdos como “violencia económica” que es cuando en una pareja, el hombre no le da para “el chivo” a su esposa y quiere controlar el gasto que se ejercer en el supermercado.
Las feministas radicales concluyen que estas herramientas deben existir para poder erradicar la violencia de género. Más que violencia, yo le llamaría simplemente misoginia y machismo. Sin embargo, con tal de ‘erradicar’ esas actitudes sociales, se está poniendo en peligro otra libertad sagrada que es la de expresión, de pensamiento e incluso de prensa. ¿Vale la pena erradicar una libertad universal de décadas con herramientas que se ha demostrado no sirven para erradicar la violencia?
Resulta irónico que en un país con cien ejecutados al día, se considere violencia lo que una ama de casa diga. Creo que traemos la brújula de la violencia un poco perdida.
Aunado a lo anterior, tenemos que voltear a ver Estados como Campeche y Puebla. Ahí tenemos claros ejemplos de cómo el totalitarismo está avanzando cada vez más y ahora pretenden restringir y sancionar incluso con prisión a quienes disienten y lo expresan. En Campeche, el caso de un periodista detenido refleja el corte autoritario de la Gobernadora Sansores. En Puebla, la “Ley Armenta” evidencia las pretensiones autoritarias no nada más de Armenta, sino de todo un régimen represivo y corrupto que lanzó esa reforma como un experimento para medir la reacción social.
El espejo de Campeche y de Puebla nos adelantarán lo que será un país sin libertad de expresión. La herramienta de la Violencia Política de Género solamente viene a darle más herramientas a un régimen alérgico a la crítica y al diálogo.