Ciudad Juárez.- Integrantes del colectivo “Justicia para Nuestros Deudos” acudieron a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para solicitar la disolución de contratos con funerarias señaladas por incumplimientos, entre ellas Plenitud, Amor Eterno y Paraíso, así como para exigir orientación jurídica y mecanismos de reparación económica.
Durante la reunión, personal de Profeco explicó que aquellos contratos en los que no se ha consumado el servicio pueden ser objeto de cancelación, siempre que el consumidor así lo solicite. En los casos en que se entregaron restos que no corresponden a los familiares fallecidos, los representantes de la dependencia señalaron que se trata de hechos con posible implicación penal, por lo que deben ser canalizados a la Fiscalía General del Estado (FGE).
La vocera del colectivo y persona afectada, Dora Elena Delgado, entregó documentos que acreditan contratos ya pagados cuyo servicio no fue prestado conforme a lo estipulado, así como testimonios de familias que recibieron supuestas cenizas que, al ser examinadas, resultaron ser piedras u otros materiales.
Profeco informó que su función principal es conciliatoria y que se brinda orientación a los consumidores para que conozcan su situación jurídica antes de presentar una queja formal. En los casos en que el consumidor decida presentar una queja, esta es notificada a la empresa proveedora, pero no sustituye los procedimientos penales cuando hay indicios de fraude o manipulación indebida de cuerpos.
Las autoridades aclararon que las inspecciones de la Profeco se limitan a verificar elementos contractuales como precios y condiciones de servicio, y no abarcan irregularidades en el manejo de cadáveres.
Señalaron que cuando se acredita una violación contractual es posible aplicar sanciones administrativas, pero no corresponde a la Profeco intervenir en delitos que deban resolverse en sede penal.
Delgado manifestó que el colectivo busca representar a todas las familias afectadas, incluidas aquellas que por razones laborales o de salud no pueden acudir a las gestiones.
Informó que también se contempla la presentación de quejas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la cual ya ofreció acompañamiento psicológico a los deudos.
Como parte de su agenda institucional, el colectivo informó que continuará sus gestiones ante instancias de los tres niveles de gobierno. Consideran que, además de Coespris, deben revisarse las actuaciones de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y de dependencias municipales como Protección Civil, por su posible responsabilidad en la omisión de supervisión.
Respecto al encuentro sostenido el martes 22 de julio con la titular de Coespris en Ciudad Juárez, Maribel Próspero Cobos, los familiares señalaron que no se obtuvo una postura clara de la funcionaria. De acuerdo con el testimonio de Alba Rodríguez, integrante del colectivo, Próspero expresó que la situación se encuentra en investigación interna, pero rechazó asumir responsabilidad directa y descartó presentar su renuncia.
Durante el diálogo, la titular de Coespris argumentó que la dependencia supervisa más de 370 giros comerciales y afirmó que los procesos de verificación se ejecutaron conforme a los protocolos establecidos.
Los afectados consideraron que la explicación resultó insuficiente ante la magnitud del hallazgo de los 386 cuerpos no incinerados en el crematorio Plenitud.
Rodríguez explicó que las familias acudieron a la dependencia, amparadas por su derecho constitucional a la manifestación y que su exigencia se basa en leyes sanitarias y penales que garantizan el respeto a los restos humanos. Agregó que el reclamo busca justicia penal, mercantil, moral y financiera.
Las personas reunidas enfatizaron que sus acciones se mantienen en el marco legal y que la protesta continuará hasta lograr el reconocimiento de los derechos vulnerados.
Reiteraron que no pertenecen a una asociación formal, sino que actúan como ciudadanos organizados frente a la ausencia de respuestas institucionales.
Entre los temas abordados por el colectivo también figura la denuncia de que funerarias vinculadas al caso continúan realizando cobros a clientes, incluso con amenazas de intereses, pese a que sus actividades se encuentran bajo investigación.
Señalaron que algunos contratos fueron suscritos para múltiples servicios que aún no se han consumado, por lo que exigen su disolución o reembolso.
El colectivo reiteró que sus acciones buscan dejar un precedente legal y social para evitar que hechos como los ocurridos en el crematorio Plenitud se repitan. Las gestiones continuarán ante diversas dependencias municipales, estatales y federales en los próximos días.