Dentro del cúmulo de explicaciones que buscan los deudos de las víctimas del crematorio Plenitud, está una de las que más atormentan: ¿Por qué abandonar 386 cuerpos en tres habitaciones encerradas, sin refrigeración, sin un orden, sin dignidad?
“La misma pregunta les hice y la misma pregunta se hacen ellos. Ni siquiera ellos tienen la respuesta. Insisto, no hay una explicación lógica; alguien no hizo su trabajo”, apuntó Manuel Pineda, representante legal de los dos hombres procesados penalmente por este caso.
La Fiscalía de Distrito Zona Norte buscó explicaciones en sus entrevistas iniciales con el propietario, José Luis A. C., y su empleado Facundo Teófilo M. R. y sus allegados, pero acumuló sólo indicios de que se les pudo haber acumulado el trabajo.
José Luis sólo dijo el 27 de junio que hace dos años heredó el crematorio, desde que murió su padre, Luis Arturo Arellano Barnola, en 2023.
Su madre, Rosa María Cuarón Rivera, dijo que su hijo de 37 años se encargaba de la administración y manejo del lugar, pero tuvo problemas de salud y por eso se les “acumuló” el trabajo de cremación.
Incluso su esposa, Jessica Janeth Boné Montes, dijo que ella conoció de algunos retrasos ocasionales en la entrega de cenizas, pero dijo desconocer por qué había tantos cuerpos. Quiso culpar a Facundo, y buscó que José Luis cuestionara su trabajo, pero A. C. respondía que no podía despedirlo por la confianza que había y el conocimiento que tenía de los procesos.
Facundo también habló en la Fiscalía (no así en juzgados. Ahí guardó silencio). Dijo que tenía más de 40 años trabajando para la familia de A. C., y acusó que sus empleadores lo tenían trabajando sin luz, sin agua, y sin lo primordial para operar un negocio donde se incineran restos humanos: gas.
Dijo entonces que iban un poco atrasados, y habló trastabillando de 30 cuerpos, luego de 80, luego de 160, y aseguró que no llevaban un registro de entrada y salida de cadáveres ni cenizas.
Sin embargo, uno de sus clientes y de las cinco funerarias investigadas como las que entregaron cuerpos para cremar, la Latinoamericana, aseguró a través del director regional, Juan Godínez, que sí había un registro.
“Hay un contador de horno y una bitácora que registra cuántas cremaciones son. En ese momento registramos nosotros cuántas eran. Se entrega la bitácora a un supervisor, que revisa qué es lo que cremamos, saca su reporte, nos mandan la factura, pagamos las cremaciones y así”, explicó Godínez.
Su defensora particular, la abogada Mara Haydee Lagunés Ávalos, argumentó en la continuación de audiencia inicial sólo para tratar de librarlos en materia penal y tratar de clasificarlo como un problema administrativo, diciendo que era “lógico” que hubiera 383 cadáveres todos embalsamados en el crematorio, y que aunque eran “demasiados”, no estaban ocultos. “No hay ley que diga cuántos cuerpos” ya son demasiados para guardar en un crematorio, argumentó.
“¿De qué manera voy a ocultar 383 cuerpos en dos o tres habitaciones? Estaban apilados (los cuerpos), sí, y es irrespeto a los restos, sí, pero es un tema administrativo”, dijo Lagunés en audiencia. (Diego Villa)
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Atormenta a deudos el trato inhumano del crematorio Plenitud
