Ciudad Juárez.- En este mismo mes del hallazgo de 386 cadáveres en el crematorio Plenitud, la defensa particular de José Luis A. C. y Facundo Teófilo M. R. no se ha quedado de brazos cruzados. Para ellos, la resolución del juez Apolinar Juárez Castro de enviar a prisión preventiva a ambos acusados, el primero de 37 años y el segundo considerado adulto mayor con 68, fue “tendenciosa”, junto con la vinculación a proceso.
Sin embargo, no acudirán a la instancia inmediata superior de Juárez Castro, que es el de alguna de las cinco Salas Penales Regionales en Juárez, del Poder Judicial del Estado, sino que acudieron directamente a la justicia federal.
Un amparo en contra de la medida cautelar no prosperó, pero se interpondrá un segundo amparo contra la vinculación a proceso, según aseguró Manuel Pineda, de Legal Estudio.
“Los puntos torales es que no hay ilicitud en ninguno de los delitos. Tenían ese permiso de (la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios –Coespris–). Es un tema de salud pública, pero es meramente administrativo y para eso está la Coespris, para regular y hacer las visitas”, comentó el abogado.
Cuestionó “para qué mienten” las autoridades, en momentos específicos: la afirmación de Carlos Tarín Villamar (titular de Coespris) del 27 de junio de 2025 en la que dijo, un día después del hallazgo, que la dependencia a su cargo había realizado inspecciones apenas en febrero de este año.
En rueda de prensa, el funcionario estatal afirmó que “el establecimiento cuenta con todos y cada uno de los permisos para trabajar de manera regular”, que “no se encontró ningún hecho delictivo. Los cuerpos que se encuentran en el establecimiento son cuerpos que están perfectamente bien embalsamados; son cuerpos que no están en estado de descomposición”.
También dijo: “la última revisión que se les hizo a ellos fue en el mes de febrero de este año. Estaba la infraestructura y laborando de acuerdo a la norma. Hoy una vez más presentan irregularidades”, y que “hay una supervisión adecuada dentro de las facultades que tenemos como comisión estatal, que somos única y exclusivamente somos autoridad sanitaria”.
Pineda recordó que en audiencia inicial, como parte de los antecedentes de investigación la Fiscalía precisó que la última verificación fue el 7 de marzo de 2022, en que se iba a comprobar si habían realizado correcciones de verificaciones anteriores, lo que no fue así. Esa fue, en palabras del Ministerio Público encargado de la acusación, “la última verificación de la que se tuviera registro”, y marca la fecha a partir de la cual la Fiscalía supone que empezaron a acumularse los cuerpos, ante la falta de revisión de Coespris.
En la misma rueda de prensa donde Tarín Villamar habló sobre una supuesta revisión en febrero, el fiscal de Distrito Zona Norte señaló que “no hay delito”. Pineda lo rememoró como parte de sus reclamos.
“El propio fiscal Salas dijo que no era delito, porque ellos estaban conscientes no es un crematorio clandestino”, mencionó.
“Hay otras tres autoridades administrativas: Protección Civil, Desarrollo Urbano –por el uso de suelo– y Ecología –porque manejas residuos biológicos–. ¿Ahora por qué no están tan celosos de su deber esas cuatro autoridades (incluida Coespris)?”, puntualizó.