“Al instaurar el Estado de Derecho, los primeros quinientos años son siempre los más difíciles”
Gordon Brown, Ex Primer Ministro del Reino Unido
El lawfare es un término que se utiliza recientemente por la prensa y por la sociedad para describir un estado de cosas en el cual un gobierno utiliza las herramientas legales y jurídicas para combatir a un adversario del régimen. Es lo que muchos llamamos politización de la justicia, un concepto del cual hablo recurrentemente en este espacio.
En nuestra historia hemos encontrado diversos asuntos que pudieran clasificarse como lawfare. Uno de ellos fue la persecución que en su momento, el gobierno de Miguel de la Madrid emprendió con la justificación de la “Renovación Moral” contra Jorge Díaz Serrano y Arturo Durazo, quienes habían sido funcionarios mimados del gobierno de López Portillo. Sin duda existían elementos para considerar que ambos personajes habían incurrido en actos de corrupción. Sin embargo, en un país con tanta impunidad, resultaba extraño que se les procesara, si no era por la voluntad del Presidente.
Posteriormente, Carlos Salinas de Gortari utilizó el aparato de justicia contra Joaquín Hernández Galicia, alias La Quina. Se le acusó a La Quina de acopio de armas, entre otras acusaciones. Terminó en prisión.
Igual que su antecesor, Ernesto Zedillo procesó a Raúl Salinas de Gortari, hermano de Carlos, por diversas acusaciones y delitos que se le atribuían. Posteriormente vendrían Fox, Calderón, y Peña que persiguió a Elba Esther Gordillo.
No estoy diciendo que ninguno de los acusados hubiera cometido algún delito. Sería aventurado por mi parte expresarlo. Lo que digo es que en México, los altos grados de impunidad hacen que estos casos se persigan únicamente si existe voluntad política de los que gobiernen en ese momento para hacerlo. Eso, sin duda, no es justicia.
En el caso de Campeche (con Layda Sansores), Chihuahua (con Javier Corral), y Veracruz (con Miguel Ángel Yunes), sin duda concluimos que ha habido lawfare, o mejor dicho, politización de la justicia.
En lo personal no tengo problema con que se persiga a quienes hayan cometido delitos. Ese es el deber del Estado como ente político. Sin embargo, sí estoy en contra de que se persiga a opositores políticos cuando los delitos de alto impacto (y que inciden más negativamente en la población) se dejan impunes porque las fiscalías están ocupadas procesando a los enemigos del régimen actual. Es decir, considero que es prioritario para las instituciones perseguir a quienes afectan directamente a la población.
En México, por ejemplo, más del 93% de los delitos cometidos nunca se denuncian. De los delitos que sí se denuncian, menos del 1% se resuelven. En el caso de la desaparición forzada de personas, casi el 100% de los casos nunca se resuelve. Eso sí, si algún enemigo del régimen osa señalar o atacar a quienes detentan el poder, entonces la cifra cambia y las instituciones de procuración de justicia (que son usadas como ariete político) se convierten en feroces defensoras del Estado de Derecho y utilizan todas las herramientas (que no se utilizan con los delincuentes comunes) para perseguirlos.
Ejemplos de esto se veían con Javier Corral, pues mientras en la Sierra de Chihuahua el crimen afianzaba su imperio, Corral perseguía a sus enemigos políticos.
Ahora, sin dejar de lado de que el gobierno debe lanzar y promover el principio de que nada ni nadie debe estar por encima de la ley, debemos analizar de manera fría de qué ha servido que se procesen a determinados actores políticos en vez de procesar a generadores de violencia u otros. No olvidemos que los recursos del Estado son limitados, y deben usarse con alto grado de eficiencia.
El primer ejemplo es Perú. El país andino ha sido un ejemplo del uso indiscriminado de las instituciones de justicia para fines políticos. Como expresidentes han sido procesados Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, y Pedro Castillo. El día de hoy, Perú no está mejor ni peor de cuando gobernaba cualquiera de estos acusados.
En Bolivia tenemos los ejemplos de Jeanine Añez, Evo Morales, Gonzalo Sánchez de Lozada, entre otros. En Brasil, tenemos los ejemplos de Lula da Silva y Jair Bolsonaro. Y así pudiéramos irnos por todo el hemisferio.
El común denominador de estos asuntos es que los países no están mejor. No se ha robustecido el Estado de Derecho, ni tampoco se han desarraigado las prácticas de abuso de poder ni de corrupción. Lo único que estas persecuciones han dejado ha sido un enorme ambiente de polarización política que divide a la sociedad y sus metas.
En días recientes, un tribunal en Colombia condenó al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Se le acusa de soborno y fraude procesal. Creo que pesan sobre Uribe acusaciones más graves (como el escándalo de los falsos positivos, presuntos vínculos con paramilitares, entre otros) sin embargo, decidieron procesarlo por las conductas antes descritas. Esto, y la presunta inclusión de pruebas ilícitas dentro del proceso a Uribe (como llamadas intervenidas sin orden judicial) evidencian que este es un caso de politización de la justicia. No se olvide que en Colombia se celebrarán elecciones en 2026.
En México no nos quedamos atrás. La Fiscalía del Estado de Campeche acusa nuevamente al Senador Alejandro Moreno de diversos hechos a su paso por el Gobierno de Campeche. La semana pasada, las autoridades de Campeche solicitaron nuevamente su desafuero.
Curiosamente, esta nueva acusación viene después de que Moreno les ganó el primer asunto respecto del cual lo acusaron, y una semana antes de que se celebrara el informe de gobierno de la actual Gobernadora Layda Sansores. También se da en el contexto de que pesan acusaciones muy graves de colusión del crimen organizado con altos funcionarios del gobierno federal emanados del partido político Morena. El ejemplo más emblemático es el del Senador Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco y exsecretario de Gobernación. Como el gobierno requiere un distractor, pues entonces echaron a andar la maquinaria para culpar nuevamente a Moreno.
Regresando al caso de Uribe, el expresidente tiene todavía etapas procesales para apelar el fallo. Lo más probable es que resulte absuelto. Pero mientras la Fiscalía perseguía al expresidente, en Colombia siguen operando las guerrillas, los grupos paramilitares, los secuestros, los narcotraficantes, y en general, los generadores de violencia de ese país.
En México sucede lo mismo. Mientras tratan de retirarle la inmunidad procesal a Moreno, se matan a cien personas al día, la inseguridad está en niveles inéditos, no se puede transitar por las carreteras, y las bandas del crimen organizado siguen actuando como la única autoridad en grandes extensiones del territorio nacional.
¿De qué ha servido todo esto? Creo que debemos de voltear a ver a otros países, especialmente los más desarrollados. Salvo el caso de Donald Trump, no recuerdo otro proceso penal de algún expresidente norteamericano. Las fiscalías deben de dejar de actuar por motivaciones políticas, y deben actuar con el propósito de hacer que el imperio de la ley se respete. Sin embargo, insisto, las fiscalías están más ocupadas haciendo política que procurando justicia.
Justamente una reforma judicial genuina hubiera sido reformar la arquitectura de las fiscalías, dotarlas de herramientas y hacerlas más profesionales. Todo esto con el fin de brindar un buen servicio a la gente. Ahora, las fiscalías parece que actúan más como procuradores de los que están en el gobierno, que como representantes sociales, como se hacen llamar en los juicios.
Mientras sigamos anclados en utilizar el proceso penal como una herramienta contra enemigos políticos, la impunidad seguirá creciendo, irónicamente, mientras quienes gobiernan nos lanzan el discurso de que están “erradicando la impunidad”.
Bien decía el ex Primer Ministro Gordon Brown: “cuando se trata de Estado de Derecho en un país, los primeros quinientos años son muy importantes»