Ciudad de México.- Tras responsabilizar al «Gobierno anterior», encabezado por el morenista Rutilio Escandón, del auge de la extorsión, el Fiscal General de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que dará vista a la Auditoría Superior del Estado para investigue el otorgamiento de contratos millonarios para obra pública a la empresa del capo Horacio de la Cruz Mazariegos, «El Botanas».

Actualmente, Llaven Abarca, es Fiscal Estatal en la Administración del también morenista Eduardo Ramírez.

En su edición de este lunes, REFORMA informó que «Construcciones y Diseños la Cruz Gallegos S.A. de C.V», propiedad de «El Botanas», ha recibido una veintena de contratos millonarios para obra pública de Gobiernos municipales en la Costa de Chiapas.

En entrevista telefónica, el Fiscal explicó que sabía que el capo «mantiene una célula criminal» en la región fronteriza y que reside en la vecina nación, Guatemala.

«En cuanto al asunto de los contratos, vamos a indagar a través de la Auditoría Superior del Estado que es el órgano responsable de velar por el correcto ejercicio del gasto público. Vamos a darle vista a la Auditoría Superior para que ellos puedan indagar si es que están cumpliendo con toda la normatividad», adelantó.

«Y, en caso contrario, que hagan la denuncia correspondiente y nosotros vamos a investigar cualquier actuación indebida, incluso penalmente, de cualquier Alcalde de la región. En gobiernos anteriores hubo un abandono político en cuanto a la seguridad de los municipios. Hoy la nota menciona presuntos vínculos de la delincuencia organizada con algunos actores políticos municipales y que esto ha favorecido contratos y algún tipo de convenios que tengan los ayuntamientos.

«Nosotros estamos muy atentos y desde que llegamos hemos combatido la violencia y la delincuencia en todas las regiones de Chiapas. La nota habla de la región frontera, la zona del Soconuzco, municipios que están colindantes con Guatemala, nosotros tenemos presencia allí y ya se ha terminado incluso el cobro de derecho de piso, ganadero, de gasolinero, de cafetaleros, informó Llaven Abarca.

En toda esa región fronteriza, señaló el Fiscal, «la delincuencia fue avanzando, haciéndose de recursos a través de conductas de amenazas a la población; eso se terminó y estamos atentos a cualquier denuncia que pudiera presentarse. Llevamos más de tres mil 500 detenidos con este nuevo gobierno».

-¿Este sujeto sigue recibiendo contratos de algunos gobiernos?-, se le preguntó.

-No olvidemos que los gobiernos municipales son de tres años, y empezó en octubre nuestro Gobierno. No tengo información de que tengan algún tipo de relación contractual con obras públicas en los municipios, pero no ha sido parte de ninguna denuncia o de ninguna investigación que tenga que ver la Fiscalía General del Estado.

«Sin embargo, vamos a tomar nota y le daremos vista a la Auditoría Superior del Estado para que puedan intervenir en la parte administrativa, más que en la penal», aseguró Llavén Abarca.

El Fiscal dijo que la «información pública que se ha manejado en torno a 'El Botanas' señala siempre que es una persona que mantiene una célula criminal en esa región. Nosotros junto con las autoridades federales Marina, Defensa, Guardia Nacional, Fiscalía Federal y la Estatal- estamos haciendo investigaciones de cualquier denuncia».

Llaven Abarca detalló que sabía que «este personaje radica en el vecino país de Guatemala; estamos muy atentos a cualquier aparición pública y podríamos detenerlo, pues tiene muchas investigaciones abiertas, tanto federales como estatales.

«Desde diciembre supimos de extorsiones a ganaderos y a empresarios es Tuxtla Chico, Suchiate, Cacahoatán Metapa de Domínguez; Unión Juárez, todos los municipios de la frontera con Guatemala; municipios pequeños que eran extorsionados y que tenían que pagarle piso la mayoría del sector productivo y no dudo que los propios alcaldes eran también amenazados y presionados antes de que llegáramos.

«A nuestra llegada hemos tomado el control de todas las regiones del estado, se ha terminado con el famoso derecho de piso que pagaba mucha gente y nosotros estamos muy pendientes de cualquier otra denuncia. Hubo mucha injerencia en cuanto a la actuación política de los municipios a través de amenazas e intimidaciones desde el Gobierno anterior, que dejó crecer la ola de violencia y los grupos delincuenciales tenían injerencia en la misma política».

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