Durante la expedición de conquista de Hernán Cortés a tierras americanas, en 1519, tanto la tripulación de sus embarcaciones como sus soldados mostraban cansancio, desolación y desesperanza, luego de una larga y extenuante travesía por el mar, por lo que hasta los oídos del genovés llegó el rumor de que algunos hombres planeaban el regreso a España en forma secreta, por lo que, ante la imposibilidad material de impedir tal hecho, ordenó a sus marinos de mayor confianza inutilizar las naves y así evitar la evasión o deserción de sus tropas.
De ahí surgió la frase “quemar las naves” que no tiene otro significado más que puntualizar que una situación, circunstancia o decisión tiene carácter definitivo y no hay vuelta atrás, como fue lo que forzó a sus tropas a asumir con esa decisión. Se refiere, pues, a tomar una decisión irreversible, sin posibilidad de retorno, eliminando cualquier opción de retirada y comprometiéndose completamente con un objetivo.
Hoy en día, también se utiliza la frase “tirar la escalera por la que subiste”, para describir a quien destruye la escalinata por la que ascendió, con tal de que otros no hagan lo mismo y lleguen al lugar que ocupa, ya sea en una empresa, en un equipo deportivo, en una institución educativa o en la política, da igual.
Ambas frases parecen cuadrar perfectamente para el objetivo que se percibe en la reforma electoral anunciada recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum, para la que designó de inmediato, el pasado 5 de agosto a Pablo Gómez Álvarez como titular de la misma, luego de removerlo de la UIF. La 4T quiere ahora tirar la escalera por la que subió, para que nadie más pueda subir.
Y no es que una reforma electoral sea innecesaria, de ninguna manera, cualquier sistema de ordenamientos jurídicos siempre será perfectible, mayormente en aspectos electorales estrechamente vinculados a la democracia, el tema es que perfectible significa mejorar, es decir, avanzar y no retroceder.
La mejor muestra sobre la necesidad de una reforma electoral estructural se dio en junio pasado, durante la elección extraordinaria de personas juzgadoras, en la que se pusieron a prueba muchos de los valores y conceptos fundamentales de la democracia.
En Chihuahua, y por supuesto en Juárez, pudimos observar y comprobar la enorme diferencia que existe entre un proceso electoral en el que son los ciudadanos los que reciben, organizan, validan y cuentan los votos, y uno en el que es sólo la autoridad electoral quien lo hace, sin la participación ni supervisión ciudadana. Una diferencia de la tierra al cielo.
Hoy, en nuestra entidad, y derivado de ese proceso electoral extraordinario, hay una serie de controversias jurisdiccionales que ya afectaron a quienes en principio habían obtenido el triunfo en dicho proceso, pero que luego, a una interpretación posterior, polémica y controversial, se les ha cancelado su constancia de mayoría, afectando así gravemente la certeza de todo el proceso.
Incluso a nivel nacional, los consejeros del INE determinaron aplicar sanciones económicas, multas, a 177 candidaturas ganadoras que fueron identificadas en los llamados «acordeones» —listas impresas y digitales distribuidas masivamente para influir el voto. Estas sanciones representaron multas mínimas, dentro del proceso de fiscalización de más de 7 mil candidaturas.
Es decir, la autoridad electoral reconoció formalmente que se violentó el marco legislativo electoral, de forma tal que alteró los principios básicos de equidad, certeza y transparencia, sin embargo, las sanciones aplicadas parecen no corresponder con la gravedad de lo ocurrido.
Ese es tan solo un ejemplo, el más reciente, de por qué sí es necesaria una reforma electoral, pero una que componga tales desviaciones del marco jurídico, y no una que nos regrese al México de los 70’s, donde solo el oficialismo tenía mano en los procesos electorales.
Es por ello que considero necesario compartir una breve reseña sobre lo que ha significado obtener un organismo electoral independiente, ciudadano y autónomo y cómo es que nuestro país avanzó a pasos agigantados durante algunos años, pero hoy parece retroceder.
El sistema electoral mexicano ha experimentado una serie prolongada de transformaciones desde mediados del siglo XX. Estas reformas han sido el motor de la transición del régimen de partido hegemónico del PRI hacia una democracia plural y competida. Entre 1977 y 2014, se llevaron a cabo once reformas electorales, ocho de ellas de gran alcance (1977, 1986, 1990, 1993, 1994, 1996, 2007 y 2014), y tres con carácter más focalizado (2002, 2003, 2005).
Fue la Reforma de 1977 el primer paso hacia el pluripartidismo. Impulsada por Jesús Reyes Heroles durante el gobierno de José López Portillo, esta reforma resultó fundamental para abrir el sistema electoral. Se estableció la base institucional para la representación proporcional, se registraron partidos como el comunista, se ampliaron tiempos en radio y televisión y se democratizaron procesos internos de selección electoral. Se ponían los primeros escalones de la democracia y de la pluralidad política.
Las reformas de 1986, 1990 y tempranos 90’s. En 1986 se aumentó el número de diputados plurinominales, favoreciendo la representación opositora. El impulso clave llegó en 1990 tras la crisis electoral de 1988: se creó el Instituto Federal Electoral (IFE) como un órgano más independiente, se emitió la primera credencial de elector con fotografía (con en el lema “Pero te peinas cuñao”), instrumento que se convirtió en un símbolo de certeza democrática y ejemplo mundial.
Entre 1993 y 1996 se fortaleció la autonomía del IFE, eliminando la influencia del poder ejecutivo en su estructura. Se mejoraron los controles sobre medios de comunicación y gastos de campaña, además de asegurar que la autoridad electoral fuera autónoma e independiente, condiciones que incrementaron notablemente la confianza ciudadana.
La reforma de 2007 les inyectó equidad y regulación a los procesos electorales. El enfoque fue cerrar vacíos legales en materia de equidad electoral, financiamiento y acceso a medios. Aunque considerada insuficiente por algunos partidos y analistas políticos, marcó un paso importante hacia una regulación más estricta. Por cierto, dando paso a varias de las exigencias de la izquierda, entonces el PRD.
Con la reforma de 2014 surge un nuevo IFE: nace el INE. Esta reforma fue quizá la de mayor impacto institucional, la de mayor calado: se creó el Instituto Nacional Electoral (INE), ampliando su competencia a nivel nacional y local; se instauró la Fiscalía General de la República; se legalizaron candidaturas independientes; se permitió la reelección inmediata de legisladores y alcaldes; y se ajustaron las fechas presidenciales (toma de posesión en octubre). Estas medidas fueron parte del histórico Pacto por México. Seguíamos avanzando en el camino de la democracia de la pluralidad política.
En resumen, las reformas electorales han sido un vehículo para la transición democrática. El IFE/INE y nuevas reglas institucionales sostuvieron las bases del sistema electoral moderno, fortaleciendo la imparcialidad, la representación y la confianza ciudadana factores clave en cualquier democracia.
De cara a las elecciones del 2027, en las que Chihuahua cambiará de gobierno, así como toda su legislatura, alcaldías, regidurías y sindicaturas, la reforma electoral que se vislumbra, la que propone Morena y su 4T, aparece como una enorme sombra de regresión, de control autoritario del estado, de cancelación impositiva de derechos adquiridos a lo largo de muchos años de lucha.
Lo más grave de todo es que, en el escenario actual, sea cual sea la reforma que proponga Morena logrará su aprobación en el Congreso, ya que tiene mayoría calificada en ambas cámaras, sin embargo, surge una interrogante, una gran interrogante, si como se ha dicho, una de las propuestas de esa reforma es la desaparición de las curules plurinominales me pregunto ¿Partidos como el PVEM, el PT o MC, hoy fieles socios de la 4T, la votarán con sus aliados de Morena? Porque de hacerlo, estarían firmando su sentencia de muerte literalmente. Sin la figura de los plurinominales todos esos partidos desaparecerían de la escena política.
Ojalá que no, ojalá y que Morena nos sorprenda con una reforma de gran calado que fortalezca la independencia y autonomía del INE, y que contemple avances como las elecciones primarias, la segunda vuelta, el régimen parlamentario y, por qué no, hasta una vicepresidencia. Ojalá.
Francisco Ortiz Bello