Cd. de México.- La Asociación Nacional de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para que exija a México cancelar la elección judicial de junio próximo y revertir la reforma en la materia.
El llamado de alerta lo hizo ante integrantes del Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos y el Centro para los Derechos Civiles y Políticos, en el contexto del 58 Periodo de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Suiza.
«La democracia mexicana pende de un hilo, y sin una solidaridad firme y una presión internacional efectiva, México no volverá a ser la democracia por la que tantos luchadores dieron su vida. Esta es una alerta internacional. No podemos permitir que el silencio y la inacción legitimen el sometimiento del Poder Judicial», dijo Juana Fuentes Velázquez, directora de la JUFED, ante el foro.
«La comunidad internacional debe reconocer que lo que ocurre en México es un punto de quiebre para la región latinoamericana, y que su indiferencia abrirá la puerta a una nueva era de autoritarismo».
La historia juzgará no sólo a quienes han perpetrado este golpe contra la justicia, sino también a quienes, pudiendo intervenir, optaron por mirar hacia otro lado, añadió.
«Confío en que la comunidad internacional no será indiferente. La lucha por la independencia judicial en México es, en el fondo, la lucha de toda sociedad que cree en la justicia y en la libertad».
Fuentes pidió a organismos defensores de derechos humanos y los Estados democráticos exigirle al Gobierno de México cancelar la elección jurisdiccional y la reforma que la hace posible, restablecer la independencia judicial y respetar las resoluciones judiciales.
Indicó que estas demandas llevan implícito garantizar un sistema de nombramientos basado en méritos y no en afinidades políticas; y el cese inmediato de la persecución mediática de juzgadores que emitieron resoluciones incómodas para el régimen.
La directora de la JUFED también solicitó a los empresarios, abogados y ciudadanos en general no ser cómplices del Gobierno ni indiferentes ante su reforma judicial porque «México se encuentra en la antesala de un régimen autocrático».
«Si permitimos que la independencia judicial sea destruida en México, sentaremos un precedente nefasto para la región. Callar ante esta crisis es ser cómplices de su consolidación», expresó.
«Hago un llamado firme a los ciudadanos, empresarios, abogados y organizaciones ciudadanas: no sean cómplices de un Gobierno que busca controlar al Poder Judicial para prolongarse en el poder y someter la vida jurídica del País a su conveniencia.
«Ustedes conocen bien las consecuencias de este atropello a nuestra democracia. Lo único que se les pide es que refrenden su compromiso con la Constitución y con el verdadero Estado de Derecho. La indiferencia en este momento equivale a la claudicación de nuestros principios democráticos».
De acuerdo con la juzgadora, la designación de impartidores de justicia mediante el voto popular significa la desaparición definitiva de la independencia judicial, pues jueces y magistrados serán electos bajo la influencia de Morena.
«El último pilar de resistencia contra el abuso de autoridad será destruido. Votar en este proceso significa consolidar un régimen autoritario, donde la justicia estará sometida a la voluntad del Gobierno y los derechos humanos quedarán a merced del poder político. No permitamos que la democracia mexicana sea aniquilada con un voto disfrazado de participación popular, y que, igualmente, termine infiltrado por las fuerzas del crimen», agregó.
En su discurso también denunció que en el sexenio de Andrés López Obrador y en lo que va de Claudia Sheinbaum, el Gobierno ha utilizado las conferencias de prensa diarias para distorsionar la verdad y fabricar una narrativa de corrupción dentro del PJF.
Dijo que este uso sistemático del aparato de comunicación estatal como un arma de persecución ha tenido un solo objetivo: justificar ante la opinión pública una reforma que disuelve la Suprema Corte y realiza una purga del PJF de aquellos juzgadores que resultan incómodos al oficialismo.
«El ataque no fue sólo discursivo. Quienes defendemos la independencia judicial, quienes dictamos amparos para suspender la inconstitucional reforma judicial, hemos sido perseguidos por los medios del Estado», acusó.
«Lo que ocurre hoy en México no es sólo una crisis institucional, sino la demolición deliberada del Estado de Derecho mediante el uso ilegal y desproporcionado de los medios de comunicación del Estado y la manipulación de la opinión pública con el propósito de justificar un golpe de Estado al Poder Judicial».