Cd. de México.- La Delegación Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para México y América Central urgió a los Estados a asumir su responsabilidad de prevenir y resolver las desapariciones de personas y a garantizar que sus familias tengan una respuesta integral y coordinada a sus múltiples necesidades.
En un pronunciamiento del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición, que se conmemora el 30 de agosto, indicó que a las necesidades económicas, jurídicas y psicosociales de esas familias se suma la angustiante incertidumbre de no conocer su paradero.
«No estamos haciéndoles un favor, es una obligación legal, una deuda con ellos, con todos nosotros. La desaparición de una persona es un golpe devastador. Pero lo que más duele, lo que impide seguir adelante, es la falta de respuestas. Una familia necesita saber dónde está su ser querido y qué le ha sucedido para aliviar su sufrimiento», señaló Jérémy Renaux, coordinador regional del programa de personas desaparecidas y sus familias del CICR.
«Cada día, no solamente se agregan nuevos nombres en la lista de personas desaparecidas, también miles de familias siguen padeciendo de la ausencia de sus seres queridos. Esta herida abierta demuestra que la desaparición no es un tema del pasado, sino una tragedia humanitaria muy vigente».
La responsabilidad de la búsqueda de las personas desaparecidas, remarcó la Delegación Regional, no debe recaer en las familias.
Los Estados, indicó deben adoptar medidas concretas para cumplir con sus obligaciones en materia de prevención, búsqueda, localización, recuperación, identificación y restitución.
«Esto implica crear o fortalecer marcos jurídicos nacionales, mejorar las capacidades forenses, asegurar el acceso a información confiable y abrir espacios formales para el diseño participativo de la política pública», apuntó.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) señaló que las autoridades judiciales juegan papel fundamental en la protección de todas las personas contra las desapariciones.
Dicho papel, indicó, incluye garantizar la existencia de recursos efectivos, el debido proceso y juicios justos que permitan sancionar a las personas responsables, así como reparar a las víctimas y sus familiares.
«ONU-DH reconoce los avances alcanzados en México y los retos en el combate a las desapariciones forzadas. Alienta a las autoridades a consolidar una política judicial centrada en las víctimas, de acuerdo con los más altos estándares internacionales, y tomando debida consideración las recomendaciones en la materia emitidas por los mecanismos internacionales de derechos humanos», manifestó.