Ciudad Juárez.- Después de 8 mil 807 días de la desaparición de su hija, Lilia Alejandra García Andrade de 17 años de edad, quien en 2001 se convirtió en víctima de feminicidio y violencia sexual en Ciudad Juárez, Norma Esther Andrade logró sentar hoy al gobierno mexicano frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
“Espero una sentencia favorable para Alejandra, pero -también- para todas las niñas y mujeres de México, pues quiero tener la certeza de que mis nietas salen a la calle y van a volver a casa, quiero tener la certeza de que cualquier jovencita pueda salir a pasear a mi país sin ser acosada, por eso espero una sentencia favorable para todas las mujeres de México”, pidió la madre juarense.
Después de 24 años de lucha, hoy por segunda vez, la violencia feminicida -que sigue viviendo- en esta frontera es juzgada a nivel internacional, ante la cual la madre y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social que la representa pidieron medidas como la prevención de la violencia hacia las mujeres en México, atención a los hijos e hijas de las víctimas de feminicidio y acciones para disminuir la impunidad.
Después de seis horas y media de audiencia sobre el “Caso García Andrade y Otros vs. México”, que se llevó a cabo en Costa Rica, la presidenta de la Corte IDH, Nancy Hernández López, informó que el 25 de abril de 2025 se llevarán a cabo los alegatos finales.
“Que los verdaderos agresores de Alejandra sean detenidos, porque mientras sigan libres seguirán asesinando jovencitas. Hoy me tocó estar aquí a mí, pero yo no estoy sola”, dijo Andrade al recordar a las madres de Juárez que siguen buscando a sus hijas desaparecidas o que han encontrado sus restos.
Lilia Alejandra desapareció el 14 de febrero de 2001, a la salida de su trabajo en Ciudad Juárez, era madre de un hijo y una hija de entonces ocho meses y un año y medio de nacidos, y vivía con sus padres José García y Norma Esther Andrade.
“Esa noche Ale no llegó”, recordó su mamá durante la audiencia ante la Corte IDH, en la que agregó que la mañana siguiente fue muy temprano a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua a poner la denuncia de desaparición, pero le dijeron que tenía que esperar entre 48 y 72 horas para que se pudiera considerar como desaparecida.
“Vaya y búsquela con el papá de sus hijos”, fue la respuesta que le dio el agente estatal a la madre, quien todo el día la buscó sin lograr encontrarla.
El 16 de febrero regresó a poner la denuncia, “pero el policía que me la toma yo recuerdo que me dijo: ay señora, para que se hace tonta si su hija se fue porque ya no la aguantaba, la tenía aquí en un puño, ¿ya la busco con el papá de sus hijos?, tenemos más de 2 mil desaparecidas y nada más somos dos agentes para buscarlas… Ahí entendí yo que no la iban a buscar”, relató.
Dijo que el 20 de febrero, una señora de nombre Martha Barrarán habló a la televisión para quejarse porque una noche antes vio desde su casa cómo hombres golpeaban y violentando a una jovencita semidesnuda, pero, aunque habló en tres ocasiones a la policía, la autoridad preventiva llegó dos horas después.
El 21 de febrero, en un terreno baldío ubicado entre las avenidas Tecnológico y Ejército Nacional, a 500 metros de la casa de la señora denunciante, fue encontrado el cuerpo sin vida de Alejandra, quien de acuerdo con la necropsia tenía entre 24 y 36 horas de haber sido asesinada, a causa de asfixia por estrangulamiento y tortura sexual.
“Durante ocho años se abrieron varias líneas de investigación, todas ellas partiendo de una denuncia anónima”, y el caso ya ha pasado por nueve fiscales, 17 ministerios públicos y ocho policías de investigación, en el mismo tiempo que la madre, sus abogados e integrantes del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social han recibido 32 amenazas.
El 8 de junio de 2010, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua encontró que el exministerial Enrique Castañeda Ogaz, asesinado el 19 de febrero de 2010, y el agresor que había dejado fluido vaginal en Lilia Alejandra coincidían en un marcador genético, cuya similitud solamente tiene el 1 por ciento de la población.
Esto significaba que Castañeda Ogaz compartía un ancestro con el feminicida, en el linaje paterno, por lo que se les hicieron pruebas de ADN a todos los varones de su familia, tanto vivos como muertos, -aproximadamente 18- pero no se determinó que alguno fuera el agresor, según las muestras genéticas.
El 7 de mayo de 2018 el Estado mexicano alegó estar analizando el expediente de Lilia Alejandra desde una óptica renovada, tomando en cuenta feminicidios de Ciudad Juárez en diferentes épocas.
“Estamos a un paso de que se emita una sentencia (por el feminicidio de Lilia Alejandra)”, argumentó ante la Corte INDH, el agente a cargo del expediente desde 2017, Fernando Romero, tras la detención en 2018 de Manuel Rivas Navarro, quien hace unas semanas fue sentenciado a 104 años de presión por los feminicidios de Rosa Isela Tena Quintanilla, de 14 años, asesinada en 1995; Sonia Iveth Sánchez Ramírez, de 13 años, asesinada en 1996; y Coral Arrieta Medina, de 17 años, asesinada en 2005.
Norma Andrade reclamó que Rivas Navarro fue el resultado de una “investigación de escritorio” de 79 días: “Para mí es un chivo expiatorio, es un culpable fabricado, porque no hay una prueba de ADN que le hayan sacado y le hayan cotejado”, dijo la madre al reclamar que no se le han tomado muestras de ADN directamente al presunto agresor de su hija.
“Yo no niego que pueda ser uno de los agresores, pero en el caso de Alejandra tenemos tres perfiles genéticos”, externó.
Por su parte, el representante del estado de Chihuahua argumentó que el perfil genético ya se tenía en la base de datos de la fiscalía y dijo que se está en proceso de que un perito de Guatemala la realice, a petición de la madre.
Norma Andrade también narró los daños que ha sufrido toda la familia tras la desaparición de su hija: ”el día del funeral de José estaba en la funeraria cuando fueron por mí para sacarme y llevarme al DIF para hacerme un examen psicológico para ver si yo era una persona apta para quedarme con mis nietos”, “Jade tuvo más de diez internamientos psiquiátricos”, “se burlaban de ella en la escuela”, relató.
“De las aulas tuve que salir a las calles a exigir justicia y empezar a investigar el asesinato de mi hija… y me uní a otras madres en la misma situación que yo, y constituimos la organización Nuestras Hijas de Derecho a Casa”, “nos dimos cuenta que para poder dialogar con las autoridades teníamos que aprender su lenguaje y teníamos que capacitarnos, porque si no se burlaban de nosotras”, dijo al denunciar que ha sufrido amenazas, acosos, robos de expedientes, allanamientos e intentos de asesinato.
Andrade ha estado representada desde 2002 por los abogados Karla Michelle Salas y David Peña, del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Socia, quienes también llevaron ante la Corte IDH el caso de Campo Algodonero, ocurrido también en 2001 en Ciudad Juárez, y por el cual fue sentenciado el estado mexicano en 2009.
Peña destacó ayer ante la autoridad internacional que han pasado 16 años de la sentencia del Campo Algodonero y aunque se han creado instancias gubernamentales, la violencia contra las mujeres y la impunidad continúan en este país.
Salas señaló que Juárez sigue encabezando la lista de los municipios del país con más casos de feminicidio cada año, mientras que Chihuahua ocupa el tercer lugar estatal.
«Que haya una inactividad en las carpetas o que se tarde la investigación y sus procesos y no quiere decir que no se investigue», dijo el estado mexicano tras ser cuestionado sobre la impunidad después de 24 años en el caso de Lilia Alejandra.
“Yo digo que ahorita estamos peor que antes, cuando empezamos nosotros a denunciar se hablaba de res asesinadas, cuando pasó lo de Campo Algodonero eran seis al día, ahorita hablamos de 10 punto y algo, que redondeamos a 11 mujeres asesinas al día -en México-, entonces estamos peor… no voy a negar que se han creado leyes, no voy a negar que han creado instituciones, pero aun así, aun con las leyes, aun con la infraestructura no se han frenado ni las desapariciones ni los asesinatos, incluso los asesinatos de madres buscadoras”, denunció la madre.