Una de las más recientes resoluciones electorales ha encendido nuevamente un debate que atraviesa de a la vida democrática del país y que construye la pregunta: ¿cómo garantizar que la paridad de género sea respetada, pero sin que ello se convierta en un mecanismo que, en lugar de impulsar a las mujeres, termine limitando sus derechos políticos? La decisión del tribunal fue clara: no puede justificarse, bajo la bandera de la paridad, el hecho de que mujeres que obtuvieron un respaldo ciudadano mayor sean desplazadas de los cargos que legítimamente ganaron.
El asunto es más que un tecnicismo jurídico porque encierra la esencia misma de la democracia: que los votos de las y los ciudadanos se traduzcan en representación. Cuando una mujer obtiene más votos que un hombre, pero aun así se le impide llegar al cargo por la aplicación rígida de un criterio, no solo se violenta la voluntad popular, sino que se distorsiona el sentido mismo de la paridad.
Vale la pena recordar que México no llegó de la noche a la mañana a reconocer la paridad de género en la política. Fue necesario recorrer un camino plagado de obstáculos. Desde la conquista del derecho al voto en 1953 hasta la reforma de 2019 que consagró la “paridad en todo”, las mujeres mexicanas han tenido que luchar en los tribunales, en los congresos y en las calles para que su voz sea escuchada.
Hoy, nuestro país es referente internacional en materia de paridad. La Constitución exige que la integración de los poderes, organismos autónomos y candidaturas de partidos respeten la igualdad entre mujeres y hombres. Pero como lo muestra esta resolución, aún queda pendiente un reto crucial que consiste en pasar de la paridad numérica a la igualdad sustantiva, aquella que no solo cuenta escaños o posiciones, sino que garantiza que el voto a favor de una mujer tenga el mismo valor y reconocimiento que el de un hombre.
El dilema no es exclusivo de México. En Alemania, el sistema de representación proporcional busca reflejar fielmente la proporción de votos en la composición del parlamento. Esto garantiza que cada sufragio cuenta y se traduce en representación efectiva. En España, por su parte, la Ley de Igualdad establece que las listas electorales no pueden estar conformadas en más de un 60% por un solo género, asegurando un equilibrio desde la postulación y no en la distribución posterior de los cargos.
Ambos modelos ofrecen lecciones valiosas, la paridad no debe aplicarse como camisa de fuerza después de la elección, sino garantizarse desde antes, en las reglas del juego. Lo contrario lleva a escenarios como el que motivó esta resolución, donde, con el argumento de ajustar porcentajes, se afectan directamente derechos adquiridos en las urnas.
Lo que está en juego no es solo la paridad, sino la confianza en las instituciones democráticas. Si los ciudadanos ven que su voto puede ser ignorado en aras de una fórmula administrativa, el desencanto con la política se profundiza. Y ese desencanto es uno de los grandes males que aqueja a las democracias contemporáneas.
La resolución envía un mensaje respecto a que la paridad no se contrapone con la democracia, pero debe aplicarse con inteligencia, sensibilidad y respeto a la voluntad popular. Para quienes vivimos en Ciudad Juárez, este tema no es ajeno. Nuestra ciudad conoce de luchas sociales, de exigencias de justicia y de reclamos contra la desigualdad. Aquí, la paridad no es un concepto abstracto: es un recordatorio de las batallas que miles de mujeres han dado por su derecho a decidir, a participar y a ser reconocidas.
Por ello, más allá de los tecnicismos, esta resolución debería ser vista como una oportunidad para reflexionar sobre el país que queremos. Un México donde las reglas no se usen para excluir, sino para incluir; donde la igualdad no sea un discurso, sino una práctica; donde cada voto cuente y cada mujer que lo gane pueda ejercer plenamente el cargo que le corresponde.
Sin duda, la democracia no se trata solo de números; sino de justicia. La paridad no se negocia, pero tampoco puede aplicarse de manera ciega. Y el voto de la gente, especialmente cuando se deposita a favor de mujeres que históricamente han sido marginadas, debe ser respetado sin excusas. Es por ello que en el banquillo de la democracia se sientan hoy la legalidad, la igualdad y la voluntad ciudadana. Que esta resolución sirva como recordatorio de que no podemos retroceder en ninguno de estos tres pilares. La paridad es un logro, la democracia un derecho, y la confianza ciudadana, un patrimonio que debemos cuidar entre todos.