Mañana comienza una nueva era en el Poder Judicial, tanto a nivel federal, como en algunas las entidades federativas. En Chihuahua entrarán 270 jueces y juezas, así como 35 magistradas y magistrados, en total, son 305 personas juzgadoras electas por voto popular que cambiarán el rostro de la justicia, pero ¿este cambio es para mejorar?, o ¿seguirá siendo lo mismo?

No podemos dejar fuera del análisis la elección del pasado 1 de junio, donde se demostró que la elección popular de personas juzgadoras fue una ocurrencia mal organizada. Cuando se discutió en las cámaras de diputados y senadores la mayoría no reparó a pensar en la inviabilidad de una elección de este tipo y de este tamaño.

Las legisladoras y los legisladores votaron en favor de la reforma judicial sin leerla, mucho menos hicieron un análisis sobre la factibilidad de un proceso electoral que finalmente resultó improvisado y con suficientes porosidades para que, cualquiera que tuviese los medios para hacerlo, pudiera manipular la elección. Y esos medios los tienen solamente los partidos políticos.

Durante el proceso, dos periodistas extranjeros me buscaron para que les diera mi opinión, la principal amenaza que veían desde afuera era la intromisión del crimen organizado. Sin embargo, yo les explicaba que las elecciones en México no funcionan así.

En general, alguien que decide participar en un proceso electoral necesita de una plataforma, en este caso los partidos políticos y aquí en Chihuahua las únicas dos opciones son Morena o el PAN. Una vez que alguien logra alguna candidatura en alguno de estos dos partidos altamente competitivos, ahora viene la campaña electoral, ahí es donde se requieren los apoyos, tanto de organizaciones sociales, religiosas, empresariales y, en ocasiones, ahí es donde las actividades ilegales buscan hacer compromisos con quienes tienen posibilidad de alcanzar una nominación. Así es el sistema político mexicano.

Sin embargo, la primera premisa de la elección popular de personas juzgadoras, fue que competirían los partidos políticos, algo que fue completamente absurdo, puesto que ningún partido político se iba a detener ante la tentación de imponer a candidatos en las nominaciones. Solo en México, lo que es obvio se oculta detrás de la simulación más absurda, como cuando el Tribunal Electoral de la Federación desechó las impugnaciones relacionadas con los “acordeones” porque los consideró “dichos sin sustento”, cuando todos sabemos que así fue como operaron “tirios y troyanos” para ganar la elección, tan es así, que la misma ministra Lenia Batres acusó un boicot en su contra por parte de algunos gobernadores de su mismo partido, Morena, que les acusó de “operar” para que no ganara el primer lugar en votos y así evitar que fuera la presidenta de la SCJN.

En ese orden de ideas, hay que apuntar que ni siquiera los partidos políticos lograron controlar a las fuerzas vivas, así que cada tribu o grupo con cobertura de operación electoral se movió y no siempre por los mismos causes. Por ejemplo, los dos grandes grupos de Morena en el estado, el del alcalde Cruz Pérez Cuéllar y el de la Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, trabajaron por separado y con listas de candidatos diferentes, por otro lado, en el PAN, hubo al menos tres grupos en carriles distintos, el del Secretario Santiago de la Peña, el del Fiscal César Jáuregui y el del alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla. Como decían los soldados en la Revolución Mexicana “semos de los mesmos pero andamos devededos”.

Los grupos fuertes fueron 5 en total y entre ellos compitieron en todo el estado. Así, el resultado fue fragmentado, como suele suceder, a veces la competencia más fuerte se da entre quienes pertenecen al mismo partido político.

Mañana, las 305 personas juzgadoras que entrarán en funciones vendrán con un compromiso político. Habrá quien diga que también antes se hacían compromisos, pero con la élite del Poder Judicial que prácticamente ha desaparecido, en esa élite había varios grupos que se repartían los juzgados o las magistraturas, ahora esa élite ha sido suplida por los grupos políticos de los partidos.

Y sí, compromisos siempre ha habido, la cuestión ahora es que la mayoría de esos compromisos están conectados con un grupo político-electoral. ¿Será esto mejor o peor? Por experiencia, sabemos que lo que alcanza a tocar la ideología política tiende a deformarse, esa corrosión de las instituciones tiende a ser nociva.

La única esperanza que tenemos es que los grupos políticos que ahora tienen en su bolsillo a jueces y magistrados, sucumban ante la tentación y no usen el compromiso político para controlar el Poder Judicial. Antes, la mejor expectativa de una mejor justicia era la carrera judicial, ahora la apuesta es un uso ético del control político sobre los jueces. En unos meses más veremos si en verdad hubo un cambio, si fue para bien o para mal o si todo esto fue un gatopardismo inútil y simplemente algo tenía que cambiar para que todo siga igual.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *