Hoy por la tarde 83 personas juzgadoras tomarán protesta para integrarse al Poder Judicial del Estado, aunque aún sin una adscripción para tribunales especializados, al igual que magistrados que aún no son designados para las diversas salas penales, civiles y familiares para resolver asuntos del Distrito Judicial Bravos.
El 19 de junio, juezas y jueces electos del Distrito Bravos recibieron sus constancias de mayoría de votos, aunque en las semanas siguientes hubo cambios, por ejemplo, en los juzgados civiles donde dos hombres fueron revocados y dos mujeres colocadas en su lugar.
En particular, se trata de 11 personas juzgadoras en Materia Civil, 11 en Materia Familiar, nueve en Materia Laboral, y Mixto, así como tres en Juzgados Menores y 49 en Materia Penal.
Cinco magistraturas de las 30 que fueron electas el mismo 1 de junio deberán destinarse a las Salas Penales Regionales de Bravos, así como tres de las Salas Civiles Regionales, y uno de la Sala Familiar en esta frontera (con alcance para municipios como Guadalupe, Praxedis G. Guerrero, Ahumada y Juárez).
De las personas juzgadoras, el órgano de administración que se debe instalar en estos primeros días del nuevo Poder Judicial del Estado deberá definir, según la convocatoria de participación para elecciones, 49 en Materia Penal: dos corresponderán a Penal, 12 a Juzgados de Control, 5 a Ejecución de Penas del Sistema Tradicional, 11 de Enjuiciamiento, 6 especializados en Justicia para Adolescentes, 7 especializados en Narcomenudeo, y 6 especializados en Violencia de Género.
En Materia Civil, 10 serán destinados a Juzgados Civiles por Audiencias y uno a Civil Tradicional, mientras que de la Materia Familiar habrá un coadyuvante, nueve por Audiencias y uno del Sistema Tradicional.
En Materia Laboral no hay adscripciones diversas, y tampoco en los tres Juzgados Menores.
En total en todo el estado habrá 270 nuevas personas juzgadoras, 30 de magistraturas y 5 del Tribunal de Disciplina, que junto con el Órgano de Administración suplen al Consejo de la Judicatura, según la reforma judicial estatal, en armonía con la federal.