El 31 de agosto pasado cerramos el primer año de trabajo en el Senado de la República, donde tengo el honor de representar a mi querido Chihuahua. Ha sido un periodo intenso, en el que logramos aprobar 21 reformas constitucionales que se suman a las realizadas en la legislatura pasada, bajo el gobierno de nuestro compañero Andrés Manuel López Obrador. Juntas forman la base de un nuevo modelo de desarrollo social, que ya comienza a sentirse en la vida de muchas familias. Hoy la prosperidad, la riqueza y el patrimonio de México empiezan a compartirse con mayor justicia, y nuestro compromiso es que en el futuro lleguen plenamente a todas y todos.
Por mi parte, en cumplimiento a la obligación que tenemos los legisladores de rendir cuentas ante nuestros representados de las tareas realizadas durante el primer año al frente de tan honrosa representación, la semana pasada entregué al Senado mi Primer Informe de Actividades Legislativas (https://www.senado.gob.mx/66/senador/1519) que resume mi trabajo realizado en el pleno de la Cámara de Senadores, dentro de sus comisiones, en las consultas que estamos obligados a realizar y, especialmente, en los múltiples momentos que tuve la oportunidad de dialogar con ciudadanas y ciudadanos en el seno de las comunidades donde se vive y se forja nuestro nuevo destino.
De todas mis actividades, aquí me gustaría destacar las realizadas en la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, que actualmente presido con orgullo, porque tuvo un desempeño excepcional durante este primer año, articulando el trabajo de las siete personas senadoras que representamos los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, así como la senadora migrante que representa a las y los mexicanos en el exterior.
El trabajo conjunto de las personas senadoras dentro de la Comisión ha dado a la frontera norte una visibilidad que como región lucía extraviada, pero que ahora presenta una identidad que potencia la capacidad de gestión, no sólo de las y los legisladores que la integran, sino a las más diversas entidades gubernamentales, empresas, instituciones y organizaciones sociales, empeñadas en impulsar el progreso de esta región del país, muchas veces olvidada por el centralismo que tanto ha lastimado a las comunidades fronterizas.
Hay algo más, en la Comisión contamos con la participación de Karina Ruiz, quien por primera vez en la historia del Senado representa a las comunidades de origen mexicano en suelo estadounidense, lo cual abre una gran oportunidad para que la Comisión contribuya a darle mayor resonancia a la voz de las familias mexicanas radicadas en el exterior, que tan intensa relación mantienen con quienes habitamos en las entidades fronterizas de México.
Durante este primer año de actividades, la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte tuvo un papel especialmente relevante. La llegada de una nueva administración en Estados Unidos trajo consigo el anuncio —y en algunos casos la aplicación— de nuevas políticas para regular los intercambios comerciales, los procesos migratorios y las acciones en materia de seguridad a lo largo de la frontera.
El gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, condujo con inteligencia y pleno respeto a nuestra soberanía una nueva etapa de acuerdos con el presidente Donald Trump. Este diálogo fructificó en un fortalecimiento de los intercambios comerciales, en una mayor protección de los derechos de las personas migrantes y en políticas de seguridad basadas en la cooperación binacional. Todo ello se logró bajo la premisa de respeto absoluto entre dos naciones soberanas.
En este contexto, y frente a una problemática fronteriza que desde hace décadas involucra comercio, migración y seguridad, la Comisión definió una agenda orientada a ofrecer soluciones prácticas que favorezcan el desarrollo y la prosperidad compartida de los 24 millones de habitantes de las seis entidades del norte de México.
Uno de los ejes principales fue impulsar iniciativas para que el Estado mexicano otorgue un trato humanitario a las personas migrantes, nacionales y extranjeras, que cruzan la frontera. Estas propuestas buscan mejorar sus oportunidades en nuestro país y fortalecer la capacidad de los servicios consulares para proteger a connacionales en el extranjero.
Otro tema esencial fue la gestión ante autoridades competentes para modernizar la infraestructura y los sistemas administrativos de las 19 aduanas de la frontera. Ello incluyó exhortos para mejorar la seguridad, el control vial y la red carretera que conecta los cruces fronterizos con las principales vías de comunicación.
Las personas senadoras que integramos la Comisión sostuvimos reuniones con empresarios, académicos, autoridades locales y organizaciones sociales. En estos espacios escuchamos propuestas para reducir e incluso revertir los efectos de los aranceles que Estados Unidos impone a las exportaciones mexicanas. En todo momento aclaramos que, pese al discurso proteccionista, el diálogo con las autoridades de comercio de ese país y los efectos negativos de tales medidas sobre productores y consumidores estadounidenses han permitido que México siga siendo el socio comercial más competitivo.
Los resultados lo confirman: entre enero y julio de este año, contra lo esperado, las exportaciones mexicanas crecieron 6.5%, al pasar de 291 mil a 309 mil millones de dólares, consolidando a México como principal socio comercial de Estados Unidos.
En materia de seguridad, la Comisión presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con el fin de penalizar con mayor severidad la introducción ilegal de armas y sus componentes. La propuesta fue integrada al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo, que reformó los artículos 84 y 85 de dicha ley. Con ello, ahora se sanciona no solo la internación de armas listas para usarse, sino también la de sus partes y componentes, con penas que van de siete a treinta años de prisión y multas de 250 a mil UMAS. Esta reforma cierra un vacío legal que facilitaba a la delincuencia organizada introducir piezas de armas para su posterior ensamblaje en territorio nacional.
Asimismo, apoyamos a comunidades y autoridades locales en su esfuerzo por evitar la sobreexplotación de los mantos acuíferos cercanos a poblaciones fronterizas, cuyo agotamiento pondría en riesgo la sobrevivencia de miles de familias.
Estamos convencidos de que el trabajo conjunto de la Comisión ha sido y seguirá siendo fundamental para fortalecer la voz de la sociedad fronteriza y construir un modelo de desarrollo regional basado en su potencial productivo y en la solidaridad hacia los grupos más vulnerables de la Frontera Norte.