Es un hecho comprobado sociológicamente que cuando los ciudadanos se interesan y participan activa y propositivamente de la cosa pública, revisando y supervisando las acciones de gobierno, el estado general de cosas en esa comunidad o sociedad tiende a cambiar, a mejorar, eso es un hecho.
El mejor ejemplo de esa afirmación lo tuvimos aquí nuestra frontera en 2010, durante los aciagos años de la violencia y criminalidad desatadas en nuestras calles, que pusieron a la ciudad como una de las más violentas del mundo y que activó todas las alertas en los gobiernos municipal, estatal y federal, siendo este último el que respondió de manera inmediata con la implementación del programa “Todos Somos Juárez”, generando la mayor inversión de un gobierno federal para Juárez en toda su historia.
Entre 2008 y 2009 la criminalidad en las calles de Juárez se desbordó, con un promedio de entre 20 y 25 homicidios violentos por día, con picos de hasta 50 cuando ocurrían masacres como las de los centros de rehabilitación, así llegó la triste y dramática tragedia de Salvárcar.
El 30 de enero de 2010 ocurrió la masacre de Villas de Salvárcar, evento que marcó un punto de inflexión en la percepción nacional e internacional de la violencia en Ciudad Juárez, 15 jóvenes estudiantes de preparatoria y universidad (COBACH, UACJ, Conalep, CBTIS, entre otras instituciones) perdieron la vida en ese trágico evento. El 11 de febrero de 2010, el presidente Felipe Calderón visitó la ciudad y, pocos días después, el 17 de febrero, anunció la estrategia Todos Somos Juárez, Reconstruyamos la Ciudad.
El programa se planteó con 160 compromisos distribuidos en áreas clave: seguridad, salud, educación, desarrollo social, economía, cultura y deporte instaurando una mesa de trabajo por cada área, conformadas por ciudadanos y funcionarios de los tres niveles de gobierno. Su objetivo fue atender tanto los efectos como las causas de la violencia, mediante coordinación intergubernamental y participación ciudadana.
La masacre de Villas de Salvárcar se convirtió en un parteaguas en la política pública de seguridad en México: Representó la transición del discurso de “guerra contra el narco” hacia un intento de prevención social. Se consolidó como un símbolo del costo humano de la violencia en México, particularmente de la juventud. En la memoria colectiva de Ciudad Juárez, el episodio marcó una herida social profunda que aún se recuerda con memoriales y actos conmemorativos.
También sirvió para “descubrir” que el modelo de coordinación entre participación ciudadana organizada y acciones de gobierno es altamente efectivo para resolver este tipo de temas, así como para entender que la mejor manera de combatir la criminalidad, la delincuencia y la violencia de los grupos del crimen organizado es identificar las causas que las generan y atacarlas desde una visión eminentemente social.
El programa se articuló a través de 15 Mesas de Trabajo temáticas (a veces referidas como “mesas ciudadanas” o “mesas de compromiso”), que daban seguimiento a los 160 compromisos anunciados en febrero de 2010. Estas mesas se organizaron en torno a los ejes prioritarios definidos: Seguridad y justicia, Educación, Salud, Economía, Empleo, Desarrollo social, Cultura, Deporte, Juventud, Derechos humanos, Gobernabilidad y transparencia, Comunicación social, Infraestructura y servicios urbanos, Atención a víctimas y Convivencia y tejido social
En algunos reportes oficiales se agrupan en menos ejes —siete: salud, educación, desarrollo social, economía y empleo, cultura, deporte y seguridad—, pero en la práctica operativa se documentan 15 mesas ciudadanas temáticas.
Estas mesas de trabajo se conformaron de la siguiente manera: Gobierno Federal; funcionarios de las dependencias responsables (Secretaría de Gobernación, Salud, Educación, Sedesol, PGR, SSP, etc.); Gobierno Estatal y Municipal a través de representantes del Gobierno del Estado de Chihuahua y del Municipio de Juárez, incluidos directores de seguridad pública, salud y desarrollo social; Sociedad civil mediante líderes comunitarios, académicos, organizaciones no gubernamentales, empresarios locales y padres de familia; ciudadanía organizada a través de jóvenes, vecinos de colonias afectadas y colectivos ciudadanos participaron en varias mesas, sobre todo en las de seguridad, juventud, deporte y cultura.
Cada mesa sesionaba periódicamente para revisar avances de los compromisos, tenía un responsable federal y uno local (modelo de co-coordinación), contaba con actas y minutas públicas que documentaban acuerdos.
De este esquema de trabajo, la mesa más recordada y trascendente fue la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, que sobrevivió al programa y se consolidó como espacio de coordinación permanente entre sociedad civil y autoridades en materia de seguridad hasta nuestros días.
Por todo eso es que consideré importante dar a conocer de dónde y cómo es que surge esta Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, su conformación y parte del trabajo que realizan, así como la importancia que tiene, para la sociedad, que su operación y representatividad se mantengan dentro del margen de acción y función que les dio origen.
También para que las diversas autoridades de nuestro sistema de gobierno, en sus tres niveles, no olviden que se trata de un ejercicio ciudadano al cual están obligados a responder y a prestar atención, por todo lo que significó en el pasado y lo que significa en el presente. Es importante que nadie, nadie, olvide eso.
Menciono lo anterior porque, ante la reciente oleada de ejecuciones, secuestros y extorsiones, la producción del programa Pido la Palabra que conduzco junto a la periodista Alba Ileana González, decidió invitar a funcionarios de la Fiscalía Zona Norte y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, así como a integrantes de la Mesa de Seguridad y Justicia mencionada, con el fin de analizar el tema durante el programa.
Dicho programa lo puede usted ver hoy a las 10 de la mañana por canal 44 de televisión abierta o en la transmisión en vivo de la página de Facebook de Pido la Palabra (https://tinyurl.com/2jn8gcdn) a la misma hora, en el que analizamos con nuestros invitados la situación actual que se vive en la ciudad en materia de seguridad pública, específicamente en cuanto a homicidios, secuestros y extorsiones, lamentablemente el panel no estuvo completo.
Así fue, tanto la FGE en su representación de la Zona Norte, como la SSPM declinaron la invitación a participar en el programa, no obstante, la importancia del tema por el impacto social que tiene, en el caso de esta última dependencia argumentaron complicaciones de agenda para no asistir, pero en el caso de la FGE nos dijeron que no asistirían para evitar confrontaciones con la Mesa de Seguridad, así nada más. Simple.
Varias reflexiones y conclusiones al respecto. Cuando un funcionario se niega a asistir a un programa de televisión de corte informativo y de opinión, no le está haciendo la grosería al medio en sí, se la está haciendo a la ciudadanía, a la sociedad que es la que nosotros informamos, y por eso buscamos a los funcionarios o dependencias adecuadas al tema. Estar bien informados es un derecho constitucional de la sociedad, e informar veraz, oportuna y ampliamente de sus acciones es una obligación de los servidores públicos, más aún en el tema de seguridad y justicia, nosotros solo somos el canal para que esa información llegue a quien debe llegar.
Anticipar eventuales confrontaciones, y evitarlas, no habla muy bien de la capacidad de los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado Zona Norte porque, en todo caso, de eso trataba el programa, de conciliar, de mediar y consensuar posturas, de que la ciudadanía se entere de por qué y cómo es que surgen las estadísticas de unos y otros, y el por qué de las posibles diferencias. De eso se trataba precisamente.
Estos ejercicios de análisis y opinión en los medios de comunicación es lo que acerca, o aleja, a los gobiernos de la sociedad y cada quien asumirá las consecuencias de sus actos, pero luego se extrañan y hasta sorprenden de la mala imagen que algunas dependencias se ganan ante los ciudadanos.
Ojalá y en el futuro los funcionarios a cargo de responsabilidades como las de seguridad y justicia tomen conciencia de la importancia que tiene, para ellos y sus dependencias, contar con el aval ciudadano y que vean a los medios de comunicación como aliados y no como enemigos. Ojalá.