Dos receptores de DACA del Condado de El Paso detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos no pueden ser deportados o trasladados hasta que jueces federales puedan revisar sus casos, según fallos judiciales.
Un juez de Nuevo México otorgó una orden de restricción temporal (TRO) el viernes protegiendo a Paulo César Gámez Lira, de 28 años, un operador de montacargas que está casado y tiene cuatro hijos. Fue detenido por un grupo de siete hombres no identificados frente a su casa el 13 de agosto y desde entonces ha sido retenido en el Centro de Procesamiento del Condado de Otero en Chaparral, Nuevo México.
El martes, la jueza de Distrito estadounidense Kathleen Cardone otorgó una orden de restricción temporal para Catalina “Xóchitl” Santiago, de 28 años, una receptora de DACA del Condado de El Paso que fue arrestada por agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos en el Aeropuerto Internacional de El Paso el 3 de agosto.
La detención ocurrió minutos antes de que abordara un avión rumbo a una conferencia en Dallas. Permanece bajo custodia de ICE en el Centro de Procesamiento de Servicios de El Paso en la Avenida Montana.
Los fallos no ordenan la liberación de Gámez y Santiago.
“El daño potencial a (Gámez Lira) si la TRO no se otorga es serio”, escribió en su orden el juez de Distrito estadounidense senior William P. Johnson, de Albuquerque. “Si el peticionario es removido del estado de Nuevo México sin el debido proceso, estará sin medios para desafiar su detención en esta Corte, y de hecho, si es removido de Estados Unidos, enfrentará desafíos significativos disputando cualquier determinación sobre su estatus migratorio”.
Gámez Lira, quien fue traído a Estados Unidos cuando era bebé por sus padres, recibió una concesión de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia en 2014. Se le han otorgado renovaciones desde entonces, más recientemente desde agosto de 2024 hasta agosto de 2026.
Implementado en 2012, DACA proporciona protección temporal de deportación para individuos que fueron traídos a Estados Unidos como niños. Bajo la administración Trump, los receptores de DACA pueden solicitar renovar su estatus y autorización de trabajo, pero ya no se están procesando nuevas solicitudes.
La ACLU de Nuevo México presentó una petición de habeas corpus en nombre de Gámez Lira en la Corte de Distrito de Nuevo México el 3 de septiembre. Ese mismo día, un juez de inmigración emitió una orden encontrando que el aviso de comparecencia del Gobierno era “defectuoso” ya que se refería a Gámez Lira como un “extranjero que llega” y ordenó al Departamento de Seguridad Nacional que lo enmendara. DHS posteriormente enmendó su aviso para establecer que está presente en Estados Unidos aunque no ha sido admitido o puesto en libertad condicional.
A diferencia de los inmigrantes que entraron ilegalmente pero habían estado viviendo en Estados Unidos por más de dos años, los “extranjeros que llegan” no son elegibles para audiencias de fianza de inmigración. El cambio en el lenguaje en el aviso de comparecencia se buscó para permitir a Gámez Lira una oportunidad de ser liberado bajo fianza mientras desafía su deportación.
Sin embargo, el viernes, la Junta de Apelaciones de Inmigración del Departamento de Justicia emitió un fallo confirmando la política de la administración Trump que niega audiencias de fianza en Corte de inmigración para muchos inmigrantes que entraron a Estados Unidos “sin inspección” sin importar cuánto tiempo habían estado en el país. El fallo esencialmente expande la detención obligatoria de inmigrantes por meses o incluso años.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Colorado presentó una demanda de acción de clase en Denver días antes de que la Junta de Apelaciones confirmara la política, que se originó de un memorando de julio del director interino de ICE, Todd Lyons. Demandas similares, incluyendo de la ACLU de California y un grupo de alrededor de 20 fiscales generales, también están luchando contra la política, argumentando no sólo que es una violación del debido proceso, sino destacando las implicaciones económicas de la detención masiva al dañar la fuerza laboral y gastar millones de dólares de los contribuyentes en campos de detención.
Jorge Domínguez, un abogado del Centro de Defensa de Inmigrantes Las Américas, que está representando a Gámez Lira en sus procedimientos de inmigración, dijo que permanece poco claro cómo la política de no fianza podría impactarlo.
“Ahora mismo estamos enfocados en ganar el argumento de que sus derechos del debido proceso fueron violados”, dijo, agregando que el primer paso fue asegurar que Gámez Lira no fuera trasladado fuera de Nuevo México o inmediatamente deportado.
Sin una orden de restricción, Johnson escribió, Gámez Lira podría ser removido de Estados Unidos “tan pronto como hoy”. La orden es necesaria para preservar la jurisdicción de la Corte hasta que las partes puedan ser escuchadas, escribió.
La orden de restricción está en efecto hasta el 29 de septiembre, cuando una audiencia judicial sobre el caso está programada para llevarse a cabo en Las Cruces. El Gobierno tiene que mostrar causa para el 19 de septiembre.
Además, “hay un interés público sustancial en que las agencias gubernamentales se adhieran a las leyes federales que gobiernan su existencia y operaciones”, escribió Johnson, agregando que la Corte no determina si el Gobierno violó la ley federal en esta etapa. “Pero se sigue que el público tiene un interés en la adjudicación de reclamos alegando tales violaciones”.
En su orden, Johnson dijo que no estaba ordenando la liberación de Gámez Lira porque los demandados –incluyendo Lyons, la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem y la directora de la Oficina de Campo de ICE de El Paso Mary de Anda Ybarra– no habían tenido la oportunidad de ser escuchados. El Condado de Otero cae dentro de la jurisdicción de la Oficina de Campo de ICE de El Paso.
Según documentos judiciales, tres vehículos sin marcas bloquearon el auto de Gámez Lira la mañana del 13 de agosto cuando se preparaba para llevar a su bebé de 3 meses al doctor. Siete hombres en ropa de civil, algunos enmascarados y armados, lo sacaron del asiento del conductor y lo arrestaron. Los hombres no se identificaron ni tenían una orden judicial.
En el caso de Santiago, la moción para la orden de restricción temporal fue otorgada por Cardone el martes por la tarde, estableciendo que el Gobierno no puede remover o deportar a Santiago de Estados Unidos, o transferir a Santiago a cualquier instalación fuera de los límites del Distrito Oeste de Texas. La orden es válida hasta el 23 de septiembre, cuando está programada para tener una audiencia en El Paso.
El fallo de Cardone no ordena que Santiago sea liberada, diciendo que no está claro si la Corte tiene jurisdicción para proporcionar ese alivio solicitado. “Pero incluso si esta Corte finalmente carece de jurisdicción, retiene la autoridad para preservar el statu quo hasta que esa determinación sea hecha”, escribió Cardone.
“En semanas recientes, cortes a través del país enfrentadas con peticiones de habeas corpus de inmigración como ésta han dependido de autoridad similar para prevenir la remoción del peticionario del país o transferencia de la jurisdicción del foro, hasta que la petición pueda ser completamente considerada”, continuó.
Santiago, quien ha vivido en Estados Unidos desde que tenía 8 años, obtuvo protección DACA en 2012. Su concesión DACA es válida hasta abril de 2026. El arresto de la organizadora comunitaria provocó protestas exigiendo su liberación.