De acuerdo con información publicada por The Washington Post, legisladores republicanos de Texas están impulsando una controvertida iniciativa de ley que daría al estado un control sin precedentes sobre las universidades públicas, afectando a 80,000 docentes y 1.4 millones de estudiantes.
La propuesta, denominada SB 37, ya fue aprobada por el Senado estatal y actualmente se encuentra en revisión en un comité de la Cámara de Representantes. El proyecto de ley de 27 páginas permitiría a funcionarios estatales supervisar la contratación de profesores, los programas académicos y hasta los contenidos de los cursos en 126 universidades públicas, distritos de colegios comunitarios y escuelas de medicina en todo el estado.
Entre las disposiciones más polémicas destaca la creación de un sistema para calificar programas académicos basado en la deuda estudiantil promedio y el “retorno de inversión para los estudiantes”.
La iniciativa también otorgaría a la Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas –cuyos nueve miembros son designados por el gobernador– la última palabra en la selección de profesores y revisión académica.
El proyecto contempla la posibilidad de remover a profesores o imponerles sanciones civiles por violaciones, además de prohibir a las instituciones que no cumplan la utilización de fondos estatales. Otra medida controvertida es la reducción del poder de los senados facultativos, requiriendo que la mitad de sus miembros sean nombrados por los presidentes de las universidades.
Justificación republicana
Los legisladores republicanos, que controlan todas las ramas del Gobierno estatal, argumentan que la medida busca garantizar mayor transparencia y responsabilidad en las instituciones educativas.
“La educación superior debería enseñar a los estudiantes cómo pensar, no qué pensar”, declaró el vicegobernador Dan Patrick (R).
Por su parte, el senador Brandon Creighton, patrocinador del proyecto, afirmó: “Una supervisión fuerte es esencial para mantener a las universidades de Texas a la vanguardia de la educación y la innovación. Con el dinero de los contribuyentes y el futuro de los estudiantes en juego, las universidades deben operar con responsabilidad”.
Preocupaciones de los críticos
Los opositores advierten que estas medidas constituirían esencialmente una toma de control de las instituciones educativas por parte del Gobierno estatal, con facultades incluso para revocar decisiones de contratación.
“Es una concentración de poder en el gobierno”, señaló Brian Evans, presidente de la conferencia de Texas de la Asociación Americana de Profesores Universitarios, quien testificó contra la legislación en marzo. Evans sostiene que la iniciativa “infringirá la libertad de los estudiantes para aprender y la capacidad de los profesores para enseñar”.
Expertos en educación superior temen que estas restricciones puedan dañar la reputación de las instituciones educativas y provocar una fuga de cerebros entre el profesorado.
Contexto político
Esta iniciativa se enmarca en un contexto más amplio de intervención estatal en Texas, donde los líderes republicanos han utilizado estrategias similares para combatir políticas progresistas en elecciones y escuelas K-12. Sin embargo, esta sería la primera incursión de este tipo en el nivel universitario.
Texas cuenta con 16 universidades de investigación de primer nivel, más que cualquier otro estado. La Universidad de Texas en Austin posee el mayor fondo patrimonial de cualquier universidad pública en el país, mientras que la Universidad Texas A&M tiene la matrícula más grande.
El proyecto de ley se presenta en medio de una ofensiva más amplia contra la educación superior por parte del presidente Donald Trump, quien recientemente emitió órdenes ejecutivas prohibiendo iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) en los campus universitarios.
Si la Cámara de Representantes aprueba la medida, se espera que el gobernador Greg Abbott (R) la convierta en ley.