El gobierno de Donald Trump está utilizando las leyes de derechos civiles para llevar a cabo una campaña contra la Universidad de California con el propósito de restringir la libertad académica y socavar la libertad de expresión, según una demanda presentada el martes por profesores, personal, organizaciones estudiantiles y todos los sindicatos que representan a los trabajadores de la universidad.
La demanda se presenta semanas después de que el gobierno de Trump multó a la Universidad de California, campus Los Ángeles, con 1.200 millones de dólares y congelara la financiación de la investigación tras acusar a la escuela de permitir el antisemitismo en el campus y otras violaciones de derechos civiles. Fue la primera universidad pública en ser objeto de una congelación de fondos generalizada. El gobierno de Estados Unidos también ha congelado o pausado la financiación federal por acusaciones similares contra universidades privadas de élite, entre ellas Harvard, Brown y Columbia.
Según la querella, el gobierno de Trump ha hecho varias exigencias en su oferta de acuerdo propuesto a la UCLA, incluyendo dar acceso al gobierno a los datos de profesores, estudiantes y personal, liberar datos de admisiones y contrataciones, terminar con las becas de diversidad, prohibir las manifestaciones nocturnas en la propiedad de la universidad y cooperar con las autoridades de inmigración.
El Departamento de Justicia no ha respondido hasta el momento a una solicitud de comentarios.
Stett Holbrook, un portavoz del sistema de la Universidad de California, indicó que si bien la universidad no está involucrada en la demanda, forma parte de numerosos esfuerzos legales y de defensa para restablecer y mantener la financiación.
«Los recortes federales a los fondos para la investigación amenazan la investigación biomédica vital, obstaculizan la competitividad económica de Estados Unidos y ponen en peligro la salud de los estadounidenses que dependen de la ciencia médica e innovación de vanguardia de la universidad», dijo en un comunicado.
La coalición está liderada por el sindicato Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios, o AAUP, y representada por Democracy Forward, un grupo legal que ha presentado otras demandas contra el gobierno de Trump por fondos federales congelados.
«El garrote que el gobierno de Trump ha empleado repetidamente en este ataque contra la independencia de las instituciones de educación superior ha sido la terminación abrupta, unilateral e ilegal de la financiación federal de la investigación, de la que dependen esas instituciones y el interés público», alega la demanda presentada en un tribunal federal en San Francisco.
La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de Estados Unidos ha lanzado docenas de investigaciones federales también contra distritos escolares K-12 (desde educación preescolar hasta 12mo grado).
El presidente de la Universidad de California, James Milliken, dijo el lunes que el gobierno federal también ha lanzado investigaciones y otras acciones contra los 10 campus de la UC, pero no ofreció detalles en un comunicado.
«Esto representa una de las amenazas más graves para la Universidad de California en nuestros 157 años de historia», afirmó, agregando que el sistema universitario recibe más de 17.000 millones de dólares cada año en apoyo federal, incluyendo casi 10.000 millones en financiación de Medicare y Medicaid, y financiación que se destina a la investigación y ayuda financiera estudiantil.
El gobierno de Trump ha utilizado su control de la financiación federal para presionar por reformas en universidades de élite que el presidente afirma han sido invadidas por el liberalismo y el antisemitismo. El gobierno estadounidense también ha lanzado investigaciones sobre los programas de diversidad, equidad e inclusión, diciendo que discriminan a los estudiantes de raza blanca y de ascendencia asiática.
Hace algunos meses, la Universidad de Columbia acordó pagar 200 millones de dólares como parte de un acuerdo para zanjar investigaciones sobre las acusaciones del gobierno de que la escuela violó las leyes federales contra la discriminación. El acuerdo también restauró más de 400 millones de dólares en subvenciones para investigación.
El gobierno de Trump está utilizando su acuerdo con Columbia como modelo para otras universidades, con sanciones financieras que ahora se consideran una expectativa.