La separación de Poderes Federales en nuestro país, quedó establecida hace 201 años, cuando se promulgó la Constitución de 1824. En ese año se declara constitucionalmente la existencia de un Poder Ejecutivo, un Poder Legislativo y un Poder Judicial.
En dicha Constitución quedó definida la estructura básica del Poder Judicial, que incluía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales de circuito y jueces de distrito. De igual forma, se delinearon las funciones principales de dicho órgano, como son la interpretación de la ley y la resolución de controversias constitucionales.
A lo largo de doscientos años de su existencia, el Poder Judicial y su estructura organizacional vivieron cambios, ajustes, mejoras. Ninguna institución nace perfecta; sobre el ejercicio de sus funciones, se van descubriendo omisiones, deficiencias, lagunas que representan áreas de oportunidad. También, en el funcionamiento cotidiano se van generando vicios y las conductas de sus integrantes suman o restan a la imagen institucional. Eso es en todas las instituciones.
Pero ¿qué nos llevó como país a la reforma judicial? Desde principios del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el expresidente impulsó reformas en materia de energía, seguridad y elecciones, consideradas reformas claves de su administración, pero, en el marco de esa independencia de poderes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declaró varias de esas reformas inconstitucionales, frenando así las reformas promovidas por el exmandatario.
A partir de ese momento, se desató un enfrentamiento abierto con los integrantes de la Suprema Corte, quienes fueron acusados por el entonces presidente, de traidores y corruptos.
En el año 2023, en Querétaro, durante la ceremonia del aniversario número 106 de la Constitución Mexicana, por primera vez los titulares de los poderes Legislativo y Judicial no flanquearon al titular del Poder Ejecutivo, y la ministra presidenta de la SCJN, permaneció sentada cuando fue anunciada la llegada del presidente al recinto.
Si bien es cierto, el expresidente declaró que la actuación de la ministra Norma Piña en el evento, le llenaba de orgullo porque significaba que ya no había subordinación de los ministros hacia la figura presidencial; la narrativa pública y constante del exmandatario sobre corrupción, subordinación, ineficiencia, nepotismo y demás vicios de los que acusó al Poder Judicial, fue su verdadera reacción ante la independencia de este poder.
Finalmente, en febrero de 2024, envía al Congreso la iniciativa de una reforma al Poder Judicial que, entre otras cosas, propuso la elección de jueces, magistrados y ministros mediante el voto directo. En su momento, el partido en el poder no tuvo la mayoría calificada para poder aprobarla, pero una vez que tomaron protesta los integrantes de la LXVI legislatura, Morena, sus partidos aliados y el diputado panista Miguel Ángel Yunes Márquez sumaron la mayoría requerida para aprobar la reforma.
En el discurso, la reforma buscaba que el Poder Judicial y sus instituciones obedecieran a la voluntad de los ciudadanos y no a intereses políticos y económicos, que, según la narrativa presidencial, obstaculizaban la administración de justicia. Sin embargo, desde un principio los expertos en la materia identificaron graves riesgos; afirman que sí era necesaria una reforma judicial, pero NO la reforma que diseñaron.
Uno de los riesgos principales, fue la afectación de la carrera judicial, misma que estaba definida en las leyes mexicanas como el sistema institucional que comprende los procesos de ingreso, formación, promoción, evaluación, permanencia y separación del cargo de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. Este mecanismo fue implementado en la reforma de 1994, ante la necesidad de fortalecer instituciones independientes.
Y una de las cosas absurdas de la reforma impulsada por Andrés Manuel y aprobada por la actual legislatura, es que, mientras los cargos de mayor rango como ministros de la SCJN, magistrados de circuito, jueces de distrito y magistrados del tribunal electoral no dependerán de evaluaciones técnicas; los funcionarios de menor rango, como secretarios y oficiales, seguirán atendiendo a los principios de la carrera judicial (Artículo 96 CPEUM).
Pero todos los señalamientos, advertencias y cuestionamientos que los expertos hicieron, no merecieron la consideración y atención de los legisladores, aprobaron una reforma que como se lee en muchas publicaciones de redes sociales nadie pidió y nadie entiende, sin presupuesto, sin ciudadanos para contar los votos y un montón de situaciones que lo único que generó en el electorado fue desinterés e incertidumbre.
Peor aún, mientras se pretendía en el discurso alejar al Poder Judicial de la influencia de intereses políticos y económicos, la realidad (como se había previsto) es que los partidos políticos metieron las manos en el proceso de principio a fin. Desde la postulación de candidatos con perfiles perfectamente identificados y alineados a grupos de poder político y partidista, hasta la elaboración y entrega de los ya famosísimos acordeones, que sugirieron al ciudadano cómo votar.
Es irónico que justo en el aniversario número 200 de la promulgación de la Constitución de 1824, y del establecimiento y separación de los 3 poderes federales, el Poder Legislativo haya cavado la tumba al Poder Judicial y el pasado domingo hayamos vivido en Juárez, Chihuahua y en todo el país, la primera elección de autoridades judiciales, bajo la sombra del desinterés, la desconfianza y la sospecha del declive de nuestra República.