Con la absurda elección popular de personas juzgadoras, Juárez volvió a perder. Todos estaban ocupados en aprovechar la oportunidad para meter a jueces y magistrados al bolsillo, pero nadie se puso a pensar en la distribución equitativa de los jueces.
Cada loco con su tema. A la hora del debate en el Congreso Local sobre la selección de candidatos a jueces, las diputadas y los diputados se perdieron en la lucha por imponer a sus recomendados; el Instituto Estatal Electoral no reparó en hacer un análisis sobre las demarcaciones territoriales y la población, apenas tuvieron tiempo para (mal) organizar el método para la elección; por su parte, los partidos políticos y gobiernos solo pensaron en ganar el proceso electoral con sus candidatos para tener el control del Poder Judicial. En resumen, todos estaban muy ocupados en ganar espacios, pero nadie se detuvo a preguntarse: ¿cómo hacer más equitativos los recursos en la administración de justicia?
Desde hace más de cinco décadas, la tragedia que vive Juárez es que le quitan recursos para llevárselos a la capital, ésta, es una historia que se repite sexenio tras sexenio. Independientemente de ideologías políticas, desde los “dueños del pueblo” hasta el último burócrata del gobierno estatal, tienen un “pacto chihuahuita” que se resume así: “quien pueda quitarle un peso a Juárez y dejarlo en Chihuahua ¡hágalo!”. Y sí, lo hacen sin remordimiento alguno, al contrario, se regocijan y entre ellos se lo premian. Esta rivalidad se traduce en Juaritos contra Chihuahuitas.
Las asimetrías son enormes. Según el INEGI (2020), el Estado de Chihuahua tiene una población de 3,741,869 habitantes y los municipios más poblados son Juárez, en primer lugar, con 1,512,450, lo que equivale a un 40% de la población, en tanto que la capital, Chihuahua, está en segundo lugar con 937,674 habitantes, que representan un 25% del total del estado.
No hace falta ser un genio de las políticas públicas para saber que una ciudad con más gente tiene más problemas; y que más problemas generan más necesidades; y que más necesidades requieren de más presupuesto. Pero en Chihuahua esto no ocurre así y para muestra el Poder Judicial.
Recién se eligieron a personas juzgadoras en el Estado de Chihuahua y los bloques de partidos también están satisfechos por los jueces que se echaron a la bolsa. Pero hay datos que no cuadran. Como decía don Arturo Domínguez, un banquero juarense de la vieja guardia: “los números no hablan…¡gritan!”. Así que veamos lo que nos dicen las estadísticas del Poder Judicial en cuanto a la equidad de los recursos para la política judicial.
Pero antes, un paréntesis, porque no quiero que me vayan a decir que se repartieron los jueces por distritos y no por municipios. Efectivamente, la organización jurisdiccional/geográfica del Poder Judicial en Chihuahua se divide por Distritos. En ese sentido, Juárez, Ahumada, Práxedis y Guadalupe son el Distrito Judicial Bravos, en total, en esos cuatro municipios hay 1,536,433 habitantes. Por otro lado, en el Distrito Judicial Morelos, los municipios que incluye son Chihuahua, Aldama, Aquiles Serdán, Satevó, Belisario Domínguez, Gran Morelos, Santa Isabel y Riva Palacio y, en total, en todos esos municipios hay 1,007,869 habitantes. En resumen, por Distritos Judiciales, hay un 26.9% de la población en el Distrito Morelos y un 41% en el Distrito Bravos. Casi lo mismo.
Aclarando este punto de los Distritos Judiciales, vamos a referirnos en adelante al Distrito Bravos como Juárez y al Distrito Morelos como Chihuahua, ahora sí vamos al análisis de los recursos. Fin del paréntesis.
En teoría, para ser equitativos, Juárez debería tener recursos en proporción a su población, entonces, de los 270 jueces locales electos, deberían de ser al menos 110 jueces para Juárez, pero no es así, solamente tenemos 83 jueces. La gran pregunta es ¿dónde quedaron los 27 jueces que nos faltan en Ciudad Juárez?
Pues solamente hace falta hacer la misma operación en el Municipio de Chihuahua, donde encontramos que, de acuerdo con su población, le corresponden 72 jueces, pero resulta, que tiene 102, o sea que le sobran 30 jueces. Casualmente un número muy cercano a los faltantes en Ciudad Juárez.
Ahora vamos a la carga de trabajo en el sistema judicial. Según el informe del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en 2024, en todo el estado se recibieron 104,370 asuntos, de los cuales se resolvieron 76,674. A nivel estatal, cada tribunal recibió en promedio 386.5 asuntos y se resolvieron 283.9 asuntos.
Ahora viene lo bueno, hagamos una comparación. En Juárez se recibieron 40,783 asuntos y se resolvieron 28,937, mientras que en Chihuahua se recibieron 38,351 y se resolvieron 27,607.
Vamos a revisar más a detalle: Juárez recibió 491 asuntos en promedio, 104 más asuntos que la media estatal; en cuanto a los casos resueltos, en cada juzgado de Juárez se resolvieron en promedio 332 asuntos, 48 más que el promedio estatal. Esto evidencia que los jugados de Juárez trabajaron más que el promedio estatal.
¿Qué pasó en la Ciudad de Chihuahua que tiene 102 juzgados? (30 más de los que le corresponden). En la capital, se recibieron 38,351 asuntos y se resolvieron 27,607. Los juzgados de Chihuahua recibieron cada uno en promedio 375.9 asuntos, 10 asuntos menos que la media estatal y resolvieron 270 asuntos cada juzgado, 13 menos que el promedio estatal. Los juzgados de Chihuahua estuvieron más holgados porque están sobrados y, aún con esa ventaja, ¡trabajaron menos que el promedio estatal!
A ver, ahora le habló al juzgador que ganó la elección ¿sabía usted que va a trabajar 104 asuntos más que el promedio estatal y que un juzgador en la Ciudad de Chihuahua va a trabajar 10 asuntos menos que el mismo promedio? La diferencia es de 114 asuntos por juzgado. Para eso lo eligieron, para hacerle la chamba a los “chihuahuitas”.
Finalmente, hablemos del déficit. Según las estadísticas, hay un déficit al año de 27,696 asuntos que se quedaron pendientes, el promedio estatal es de 102 asuntos por juzgado, en Juárez es de 142 y en Chihuahua 105. A pesar de que Juárez trabaja más en promedio, el rezago también aumenta más, mientras que en Chihuahua el rezago está casi en la media estatal.
Entonces, como podemos observar, se volvió a confirmar “el pacto chihuahuita”. Todos se concentraron en pelar por el poder, mientras los “chihuahuitas” felices porque a nadie se le ocurrió hacerle justicia a Ciudad Juárez aumentando el número de jueces. Prefirieron seguir la euforia de pasillo en una elección que no resuelve nada. Así, en Juárez entrarán 83 jueces a seguir trabajando sin recursos, haciendo el trabajo que deberían de hacer al menos 110 jueces, mientras en Chihuahua tienen menor carga de trabajo y hacen menos.
Y, aún si tuviéramos esos 110 jueces en Juárez, estaríamos lejos de los 65 jueces por cada 100 mil habitantes que recomienda la OCDE, lo que nos obligaría en Juárez a tener 975 jueces para tener un sistema de justicia sano. Ese era el verdadero problema: que el Poder Judicial tenga más recursos, no quitar a todos los jueces para volverlos a poner, pero que ahora le deban el favor a los partidos políticos, como lamentablemente ocurrió.