-La suspensión de juez por caso crematorio
-Ni siquiera reunió Marcela a todos los jueces
-Se deja querer Pérez Cuéllar por los chihuahuitas
-Economía cada día más tercermundista en México
Con toda la discreción que el caso amerita, ayer representantes de la Dirección Jurídica del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), notificaron la suspensión provisión contra el juez de control, Antonio C. A. por no presentarse en audiencias del muy conocido caso crematorio Plenitud.
La indagatoria sobre ese asunto fue desarrollada por la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UIRA) y ejecutada por la Dirección Jurídica mencionada.
Encontraron en el juzgador dos faltas consideradas graves, probidad y honradez en su actuación, al momento de no atender tres audiencias programadas para el 30 de junio del presente año.
Esas audiencias tenían relación nada más y nada menos que con el caso de los 386 cuerpos abandonados en el crematorio Plenitud, por sus dueños “Los Cuarones”. Sería llevada a cabo la audiencia contra los detenidos, José Luis A. C. y Facundo Trinidad M. R.
Las autoridades de Gestión Judicial debieron echar mano del juez Apolinar Juárez en lugar de Antonio para desahogar las audiencias correspondientes, fundamentales entre el proceso de formulación e imputación y el de vinculación o no proceso.
Sin duda el juez señalado buscará defenderse por los conductos respectivos; por lo pronto, esta decisión nos habla de la obvia importancia del caso y las pincitas con las que está siendo tratado por parte de las máximas autoridades del Poder Judicial.
Hay otros jueces en proceso de investigación, uno de ellos es Alberto Ocón Campos, quien con un desparpajo insólito dejó en libertad el pasado 12 de julio a un extorsionador chilango a pesar de pruebas contundentes presentadas en su contra.
Algunos jueces están olvidando por completo que todavía le queda un mes de ejercicio a la actual administración del Poder Judicial del Estado y que los coscorrones pueden dejar lesiones legales de las que no cicatrizan.
***
Ayer publicamos que, el fin de semana, la magistrada presidenta electa del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcela Herrera Sandoval, había reunido a los 270 jueces y juezas de primera instancia que asumirán sus cargos el primero de septiembre, para darles a conocer las condiciones de un curso de capacitación.
Entre las críticas que surgieron por ese anuncio de Herrera está el hecho de que la magistrada ni se ha parado por Ciudad Juárez y ahora les quiere meter la mano a la cartera a los juzgadores, ofreciéndoles el curso, organizado por la Universidad Autónoma de Chihuahua y el Instituto de Formación Judicial (Inforaj), en ocho mil pesitos nada más, sin siquiera haber cobrado su primera quincena.
Para colmo, la única modalidad del curso de tres semanas, durante el mes de agosto, es presencial y en la capital del estado, con todo lo que implica de gastos para los juzgadores electos de la frontera y de otros puntos de la entidad.
Pues bien, además de ello, nos reportan ahora que a la reunión solo pudieron ingresar 100 personas, muchos de Chihuahua que ni siquiera eran juzgadores electos, porque el Tribunal Superior decidió organizar el encuentro por Google Meet en su versión gratuita, que solo acepta un centenar de participantes como máximo.
Otra ominosa señal más de la centralización del nuevo aparato administrador de la justicia que está en proceso de conformación. De plano deja mucho qué desear y decir la organización de este relevo en el Poder Judicial.
Ni modo que el presupuesto no alcance para pagar una plataforma de reuniones virtuales o para organizar un curso para los nuevos juzgadores con un costo menos elevado y con una visión más amplia de los 14 distritos judiciales, no con la estrecha idea de que nomás la ciudad de Chihuahua hay tribunales.
***
En medio de la guerra de declaraciones entre los alcaldes de Juárez y Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar y Marco Bonilla, el de la frontera volvió a la capital el domingo pasado para apadrinar a unos 300 nuevos militantes de Morena que se reunieron a medio día en Jardines de Oriente.
Lo acompañaron la excandidata a diputada por aquel distrito, Daniela Pérez Abudd, Sebastián Torres, dirigente estatal del Frente 4T y el regidor morenista, Hugo González.
Les habló de los programas sociales y becas que en la era tricolor o panista “eran impensables”, así como logros de su administración. El mensaje fue bien recibido por los vecinos de la zona, salió de ahí exultante.
Y decidido a seguir la instrucción de las dirigencias morenistas, se fue a la colonia Sector 3, también al sur de la ciudad, a afiliar raza, casa por casa.
Sudó la gota gorda un rato, pero al fin pudieron afiliar algunas decenas de ciudadanos, en el controlador sistema ideado desde el altiplano, que permite registrar a la raza sólo a través de unas tabletas digitales, por ningún otro medio más.
Ya encarrerado, y dejando las formalidades a un lado, atendió por la tarde la invitación a una pool party de una asociación que aglutina abogados, empresarios y políticos que le juraron amor eterno y que van a respaldar al de Juárez en sus aspiraciones rumbo al 2027. El alcalde fronterizo se dejó querer.
***
Conforme al plan original de López Obrador, y seguido a pie juntillas por su heredera, Claudia Sheinbaum, ha desaparecido el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) como organismo autónomo del Estado Mexicano, bajo el supuesto de que resultaba demasiado oneroso y era poco práctico.
Lo anterior, no obstante que recién empezado el siglo XXI se consideró un logro en la transición a la democracia, que nos ponía a la par de las naciones más avanzadas.
Lo que sigue ahora es que los institutos estatales se supediten a lo que se establezca en el Instituto de Transparencia para el Pueblo, que quedará subordinado a la ahora denominada Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, lo que en pocas palabras significa que el gobierno se vigilará a sí mismo.
A la fecha son 23 entidades federativas las que, para homologar sus leyes en la materia, han creado sus propios “Institutos de Transparencia para el Pueblo”, mientras en nueve más se discute el modelo a adoptar.
En el caso de Chihuahua ha trascendido que habrá de discutirse en el Congreso local, y suponemos que en el mismo Poder Ejecutivo, que el ICHITAIP quede como un órgano adscrito a la Secretaría de la Función Pública para ahorrar gasto público y evitar duplicidad de funciones.
Suena bien que Chihuahua se mantenga firme en no ceder tan fácilmente en adherirse sin más al nuevo esquema federal sin antes revisar pros y contras.
Ahora falta ser cómo vendrá esta discusión, pues acá, paradójicamente, ha faltado más transparencia en un tema que nos atañe a todos, y principalmente a los sujetos obligados, con temas tan relevantes como la protección de datos personales, los portales de transparencia, las solicitudes de información, la Plataforma Nacional de Transparencia, en fin, saber qué no cambia o incluso qué cambia para que todo siga igual.
Algo se traen entre manos los diputados y el Secretario de la Función Pública, el exfiscal Roberto Fierro, pero les interesa tanto la transparencia que ni un dato sueltan.
***
La economía mexicana se está informalizando o dicho de manera más coloquial, cada día es más tercermudista.
Los datos de la Encuesta de Ocupación y Empleo del INEGI, muestran que en 2020 la tasa de informalidad era de 53 por ciento, hoy llega casi al 55 por ciento en junio de 2025.
Pero veámoslo con otra lente: Hay 33 millones de personas que laboran informalmente, sin prestaciones ni aportaciones al gasto público, frente a 22 millones 325 mil trabajadores formales inscritos en el IMSS.
En el último año, se crearon algo así como cinco mil empleos en todo México, con registro y prestaciones ante el IMSS, mientras que más de 330 mil personas se unieron a las filas de la informalidad. Más claro, ni el agua.
El fenómeno, es uno de muchos que muestran el mal desempeño de la economía, que nomás no da signos de repuntar para la mayoría de la población; para una minoría política bien acomodada, les está dando para viajes costosos alrededor del mundo: España, Japón, Bélgica, Italia y otros paraísos capitalistas.