-Hay lista negra de agentes transas del MP
-Carrazos de Harfuch para operativos en Juárez
-Todos contra todos por los cadáveres sin cremar
-Juventud digital vs el trabajo en maquila
Si en algo coinciden algunos abogados en la frontera es que era necesaria la reforma judicial, aunque no fuera la ideal, y ahora lo que sigue es el cambio en la procuración de justicia, a cargo de las fiscalías.
Porque si bien los jueces están manchados por la corrupción, los que realmente y muy seguido hacen su agosto son los agentes del Ministerio Público, a veces victimizados por la gran carga de trabajo que tienen con los cientos de carpetas de investigación que le tocan a cada uno, pero que muchos convierten en herramientas de extorsión contra los denunciantes y los denunciados.
En el gremio fronterizo de los litigantes hay hasta una lista negra de nombres y problemas con los que se topan los juarenses cada vez que acuden a la Fiscalía Zona Norte para tratar de dirimir sus asuntos, tales como retrasos de denuncias que pueden durar hasta un año sin judicializarse.
Por ejemplo, en la Unidad de Delitos Patrimoniales se presentó un caso en el que, por el delito de fraude hubo una denuncia en el 2023 y aún es fecha que no se judicializa. El asunto lo trae la agente del MP, Margarita Escapite, de las campeonas en quejas y señalamientos por su cerrazón.
Otro caso es el que lleva la agente Jazmín Torres: una denuncia por el delito de robo que se presentó en enero de 2024, se judicializó en junio del mismo año y hasta la fecha -agosto de 2025- no se ha citado para la audiencia inicial, retraso explicable no por algún acuerdo turbio en tribunales, sino en el Ministerio Público.
Un caso más es el de la MP Jaqueline Flores Penagos, de la Unidad de Daños, debido a que, acusan, le gusta pedir dinero para que avance el caso, ya sea forma directa o con la vieja confiable de “es que tengo mil carpetas adelante de la suya”.
Otro agente que causa dolores de cabeza tanto a las víctimas como a las y los litigantes es Lizandro Israel Elguea González, quien tiene por costumbre recibir denuncias y rechazarlas todas, aduciendo que no son un delito.
Vaya, dicen incluso que tiene récord de ser el MP que más rechaza denuncias; cuentan puertas adentro de la Fiscalía que se dice pariente de alguien pesado a nivel estatal y que por eso es inamovible.
Una más en la lista es la MP Leslie Chávez Morales, quien, en lugar de defender a las víctimas, se pone de lado de los agresores, conducta típica para obstaculizar la justicia ya sea por no trabajar o por cobrar más que la quincena para hacerlo. Bonito asunto.
Una más es la agente Claudia Verónica Vela Cuéllar, quien tiene fama de ser muy problemática al interior y al exterior de la Fiscalía, pero además de eso, de tratar muy mal a las mujeres que van y presentan denuncias.
Finalmente, en el Departamento de Medicina Legal de Periciales, existe el reclamo de que hacen esperar a la gente de cuatro a seis horas y, para colmo, al final les niegan la atención.
De todo el extenso listado que circula entre los litigantes que demandan cambios en la instancia investigadora, nomás uno ha sido removido… bueno, nomás fue cambiado otro lugar. Es el MP Jorge Robles, quien se encontraba en el área de Violencia Familiar y lo pasaron a otra unidad, pese a tener acusaciones de que vendía información de los casos que llevaba.
Así las cosas, para los litigantes está muy claro que falta una reforma verdadera al sistema de justicia, pues el cambio de jueces que habrá de darse en unas semanas apenas aliviará una pequeña parte de los vicios si es que llega a servir el nuevo modelo, pero no resolverá el embudo que existe en materia de investigación y persecución de los delitos.
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“Nada llamativos” resultaron los carrazos de alta gama (pueden verse fotos en la edición digital de La Columna), en los que llegó a Juárez el operativo especial del área de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada de la FGR.
Con placas de Chiapas y Jalisco, fueron visto algunos Mercedes, Jeep y Audi en recorridos y diligencias, junto con personal del Ejército y hasta unidades de la Marina Armada, además de un equipo de elementos policiacos de Estados Unidos, movilizado en un vehículo registrado a nombre de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Fueron varias las intervenciones coordinadas entre las instancias federales desplegadas en la frontera, pero únicamente trascendió información de que sería una acción binacional contra el lavado de dinero, con la mira especial en las casas de cambio que operan en Juárez.
Hay policías de varias corporaciones relacionados con dueños esos negocios apellidados Fontes y Lozoya, incluso trascendió que tales guardianes del orden fueron trasladados a la Ciudad de México.
Fue vistoso el operativo por el uso de unidades de lujo que nada despistaban y vehículos oficiales militares o de corporaciones federales que ya tenían mucho de no verse por las calles de la ciudad, como las patrullas de la Marina.
Esperemos que pronto el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reporte los resultados en alguna de sus intervenciones constantes en las mañaneras de la presidenta Claudia Sheinbaum.
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Lejos de disminuir, sigue al alza la presión política por el escándalo del crematorio Plenitud y los otros casos de indolencia entre los empresarios de la muerte.
En las oficinas estatales, que coordina Carlos Ortiz, dicen que los conflictos generados por el manejo del caso han sido una constante entre los titulares locales de la Secretaría de Salud, Registro Civil, Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Fiscalía Zona Norte, Servicios Periciales, la Secretaría de la Función Pública y la representación general del Gobierno del Estado en Juárez.
Públicamente, la mayor parte de las instancias involucradas han atendido de forma rápida y oportuna las demandas de explicaciones y de justicia de los cientos de afectados por el todavía increíble hallazgo de casi 400 cuerpos en descomposición, reportados como cremados y cobrados como tal.
Sin embargo, en lo privado han sido muchas las hostilidades entre los funcionarios estatales involucrados, entre los intentos por repartirse culpas de lo ocurrido. De eso, poco, casi nada ha trascendido a lo público.
Esa dinámica de agresiones entre titulares de las dependencias se debe a que, además de los procesos legales iniciados contra los directamente responsables del manejo ilegal e indigno de los cadáveres, posiblemente hay responsabilidades de funcionarios que tienen a su cargo la supervisión a los negocios del ramo funerario.
Además de la Fiscalía, la Función Pública mantiene abiertas investigaciones en la vía administrativa, cuyos resultados, si es que existen, son guardados con extrema reserva, por lo que no es descartable una sacudida en las oficinas estatales.
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En Ciudad Juárez hay una juventud que se mueve rápido, que aprende en YouTube, que programa en Python y que domina el inglés sin haber salido del barrio. No quieren entrar a la maquila, ni hacer fila para el IMSS. Desde sus casas, cafés o coworkings modestos, están trabajando para empresas en Austin, Chicago o Guadalajara.
No es una mayoría, pero es una tendencia clara: en Juárez está emergiendo una clase digital que está hackeando el destino tradicional de la ciudad.
Los datos formales aún no lo gritan, pero basta observar: hay más cursos de programación que antes, más talleres de diseño web, más jóvenes tomando diplomados de marketing digital o ganando en dólares desde plataformas como Upwork o Fiverr.
Algunos empezaron en call centers bilingües, pero ya brincaron como freelancers o independiente. Otros le entraron por el gaming, el diseño o la edición de video. No todos facturan miles, pero todos quieren una cosa: no depender de la maquila.
Esa industria —que por décadas ha sostenido la economía local— hoy batalla para llenar vacantes. Las empresas lo atribuyen a la falta de mano de obra. Tal vez. Pero también hay algo más profundo: los jóvenes no están rechazando el trabajo, están buscando otro tipo de trabajo. Quieren flexibilidad, crecimiento, aprendizaje, reconocimiento. Y la maquila, por más incentivos que prometa, no siempre ofrece eso.
La oportunidad para Juárez está en ver esta tendencia como semilla de un nuevo modelo económico. ¿Porqué no impulsar más espacios públicos de capacitación digital?. ¿Porqué no abrir más becas para tecnologías emergentes?. ¿Porqué no atraer startups o incubadoras que vean en Juárez talento no tan costoso pero valioso? La conectividad ya está, el talento también. Falta que el ecosistema político y económico local lo vea y lo respalde.
Porque mientras unos siguen viendo a Juárez sólo como ciudad de manufactura, hay jóvenes que están construyendo otro Juárez: uno que se exporta por la nube, que cobra en criptomonedas o PayPal, que piensa global desde la frontera. Y ese Juárez, aunque silencioso, ya no es el futuro, es el presente.