Este día, 1 de septiembre de 2025, se pone en operación la reforma judicial, con todas las implicaciones que esto conlleva. Comenzaré por decir que soy una persona que confía en las instituciones para traer justicia; por supuesto, esto no significa que no haya errores o aspectos por modificar para mejorar. De hecho, la justicia es un acto mediante el cual se va evolucionando para alcanzar el bien común. El guionista y director de cine Paul Auster tiene una frase que pinta de cuerpo entero la ley y la justicia: “Si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia”.
En cierta forma, este es el origen de la reforma judicial. Permítame plantearle lo siguiente: durante mucho tiempo, los esquemas de justicia estaban supeditados a las condiciones de los actores que intervenían; eso significa que existía una condición asimétrica en la que era muy difícil conseguir la igualdad ante la ley.
En ese sentido, vimos muchos casos en los que algunas personas que buscaban acceso al sistema judicial encontraban una gran cantidad de obstáculos de acuerdo con su condición económica. Es decir, existen personas que, ante la falta de un abogado, se ven atropelladas por quienes tienen los recursos para enfrentar un proceso largo, tedioso y costoso.
El sistema tradicional está en medio de actos de corrupción, impunidad y privilegios judiciales. Pero no me malinterprete: no estoy diciendo que todos los integrantes del sistema judicial caen en estos supuestos. De hecho, estoy convencido de que una gran parte de ellos son personas que han construido una carrera basada en el trabajo, la honestidad y el profesionalismo. Desgraciadamente, las condiciones sistémicas no presentaban oportunidades claras para garantizar justicia para todos.
También es importante mencionar que, durante su campaña, la presidenta Claudia Sheinbaum planteó claramente la necesidad de una reforma judicial que incluyera la democratización y la cercanía con la ciudadanía. La elección popular de jueces es una forma de legitimar y acercar el Poder Judicial a la sociedad. Este es un avance histórico que rompe con un sistema cerrado, opaco y lleno de nepotismo.
Sin embargo, centralizar toda la discusión en la elección popular de jueces es limitar el alcance de la reforma. Una de las cosas más importantes es limitar la judicialización mediante amparos que pueden impedir políticas sociales. Con la reforma, la Suprema Corte no podrá suspender normas generales por fallas coyunturales. Esto representa un gran avance que garantiza que los derechos sociales prevalezcan y que el Congreso mantenga su facultad legislativa frente a tribunales que anteriormente bloqueaban las iniciativas.
La ruptura de privilegios es un acto histórico que busca poner fin a décadas de impunidad y elitismo judicial. La justicia es un derecho popular que debe estar alineado con una visión profundamente democrática. Nadie debe quedar al margen del derecho a acceder a la justicia, mediante la reducción de la burocracia y de los costos que implica.
Sería ilógico pensar que con esta reforma se solucionarán todos los problemas. Es más, estoy convencido de que, mientras se realizan las adecuaciones y se asientan los nuevos procedimientos y jueces, habrá situaciones que algunas personas puedan percibir como un retroceso. Sin embargo, estoy seguro de que avanzaremos hacia un país con mayor acceso a la justicia.
Nuestra meta será que las personas que lleguen a una institución de justicia tengan la confianza de que, a pesar de los posibles obstáculos que seguramente existirán, todo esto tiene como objetivo central un sistema de justicia democrático. México es un país de grandeza, donde todos debemos valer lo mismo ante la ley, sin importar si la condición económica es mejor o peor que la de otros. La visión general es una justicia simple, clara y al alcance de todos.