El enfoque securitista de México y otros países de América Latina, con medidas migratorias más restrictivas y la externalización de fronteras, obliga a las personas a tomar rutas irregulares y más peligrosas, señala el Servicio Jesuita a Refugiados México (SJR) en su informe Tendencias de Desplazamientos Forzados en América.
Las personas en movilidad, principalmente mujeres, niñas, niños y adultos mayores, viven un aumento de riesgos de seguridad en las rutas con las mayores operaciones militares, como violencias y explotación por grupos armados, secuestros, lesiones graves y riesgo de muerte, indica la organización católica.
“Ante la crisis migratoria, urge una respuesta regional de protección integral”, denunció la organización que apoya a las personas migrantes en Ciudad Juárez y otras entidades de México y América Latina.
A través de su informe, señaló que en las Américas se mantiene un enfoque securitista, es decir, que criminaliza y estigmatiza la migración, como si fuera un delito. Y dicho enfoque es tanto en la forma de comprender los desplazamientos forzados como en los modos de narrarlos para justiciar su gestión.
“La adopción de medidas de regularización migratoria más restrictivas en diversos países de las Américas dificulta, aún más, los procesos de desplazamientos forzados de la gran cantidad y diversidad de perfiles, la mayoría de ellas y ellos, viviendo los efectos de situaciones que les empobrecen e irregularizan”, indica el informe.
En junio de 2024 se realizaron elecciones presidenciales en México, teniendo como ganadora a Claudia Sheinbaum, quien asumió el cargo de presidenta de la República en octubre. A partir del cambio de administración, en México se ha mantenido la misma política migratoria, e incluso Francisco Garduño Yáñez continúa a cargo del Instituto Nacional de Migración (INM), “lo que representa continuidad en el enfoque de securitización y militarización de la atención a la migración y los desplazamientos forzados”.
En Estados Unidos, el 4 de junio de 2024, el presidente Joe Biden emitió una proclamación que suspendía temporalmente el derecho de asilo para las personas que llegan a la frontera sur lejos de un puerto de entrada oficial o en un puerto de entrada sin una cita CBP One. El 30 de septiembre de 2024 se anunció una actualización de esta medida, endureciendo aún más las restricciones al asilo.
Mientras que en enero de este año el nuevo presidente, Donald Trump, terminó con el uso del funcionamiento de la aplicación digital CBP One para gestionar un ingreso regular a Estados Unidos, y el 4 de febrero la presidenta de México envió a 10 mil agentes de la Guardia Nacional a la frontera, tras un acuerdo con Estados Unidos para disminuir el cruce de fentanilo.
“En México se advierte un incremento en los riesgos que enfrentan las personas durante su tránsito en el país. Cada vez se tienen más reportes de las actividades del crimen organizado que afectan a las personas desplazadas forzadas, especialmente por delitos como secuestro, extorsión, robo, trata de personas, entre otros”, indica el informe jesuita.
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Aumentan peligros para migrantes: informe
