Ante las múltiples violaciones de las que son víctimas los migrantes en Ciudad Juárez, es urgente que la comunidad local les acoja como iguales, se acerquen y conozca las historias detrás de las circunstancias de la movilidad de las personas, señaló el Servicio Jesuita a Refugiados México (SJR México).
“Las personas no me ven como persona; he dejado de sentirme persona”, relató una persona migrante en Ciudad Juárez a los jesuitas durante la elaboración del informe: “Me siento agotada física y mentalmente: Políticas migratorias y salud en la frontera de Estados Unidos México”, financiado por el Instituto Fronterizo Esperanza (Hope).
La organización católica reveló que cuatro de cada cinco personas dijeron haber sufrido distintos tipos de violencia durante su trayecto migratorio por el país o en esta frontera, por lo que pidió a la comunidad adoptar una mirada dignificante hacia la población migrante e instó a las autoridades mexicanas a recalibrar los criterios de admisión de legal estancia para los migrantes, así como interpretar ampliamente los criterios de admisibilidad del refugio.
La falta de justicia ante la vulneración de derechos, así como la indiferencia de otros ante el dolor propio y una creciente deshumanización de las personas en movilidad, conlleva aún una mayor desesperanza, señaló la organización.
Los robos, extorsiones, discriminación y abusos verbales, secuestro, violencia física y sexual y trabajo forzoso por parte tanto del crimen organizado como de las autoridades han provocado diversas afectaciones a las personas migrantes que se encuentran en esta frontera, por lo que el SJR México pidió al gobierno estadounidense dejar de presionar al gobierno de México para la detención y retorno de personas en vulnerabilidad y restaurar el acceso al asilo en la frontera y trabajar en expandir las vías regulares de migración
Al gobierno mexicano también lo exhortó a frenar la militarización de la gobernanza migratoria, rechazar las medidas de externalización fronteriza de Estados Unidos, elaborar protocolos de atención a personas en movilidad sobrevivientes de delitos graves, recalibrar los criterios de admisión de legal estancia para personas en movilidad, así como interpretar ampliamente los criterios de admisibilidad del refugio, y a incrementar apoyo a servicios humanitarios y de acompañamiento psicosocial para personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo personas en movilidad.
A las iglesias y comunidades de fe le recomendó el involucramiento de las esferas pastorales y jerárquicas en la atención y denuncia de violencias contra personas en movilidad, incentivar desde las comunidades de base una cultura de la hospitalidad y el fortalecimiento de las capacidades técnicas de las pastorales de movilidad.
A la comunidad académica le recomendó documentar e investigar de larga data sobre los procesos de violencias vinculadas con la movilidad y generar vínculos con autoridades de impartición de justicia para crear nuevos mecanismos para delitos cometidos contra personas en movilidad.
Y a las organizaciones de sociedad civil los instó a fortalecer las capacidades de incidencia y atención psicosocial, a perfilar la especialización de colaboradores para la atención de violaciones de derechos, y delitos graves y a priorizar el cuidado de colaboradores frente al “burnout” y síntomas postraumáticos.
Instan a tratar como iguales a personas en movilidad
