Ciudad Juárez.- Condiciones “deshumanizantes”, con diversas violaciones a los derechos humanos, como la exigencia de pagos a cambio de servicios, hacinamiento, falta de alimentos y agua, eran parte de la realidad que vivían los migrantes extranjeros –e incluso mexicanos– detenidos en la estancia provisional tipo “B” del Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez, reveló el Servicio Jesuita a Refugiados México (JRS México).
Durante el conversatorio: Acceso a Justicia, Verdad y Reparación a Dos Años del Incendio en la Estación Migratoria de Ciudad Juárez, Iveth Marín y Sara Villegas ofrecieron la ponencia “Condiciones previas al incendio en la estación migratoria”, en la que hablaron sobre la realidad que observaron en la estancia del puerto fronterizo Lerdo, en las revisiones periódicas que realizaron desde 2022 hasta tres días antes del incendio.
Según las investigaciones, la noche del 27 de marzo de 2023, dos migrantes provocaron un incendio en la estación migratoria ubicada en el puerto fronterizo Lerdo, como protesta porque no les daban agua ni comida, además de que algunos habían sido detenidos de manera irregular.
El personal que estaba a cargo decidió no abrir los candados para salvar las vidas de los 67 hombres extranjeros que se encontraban detenidos, bajo custodia del Gobierno federal, lo que provocó la muerte de 40 de ellos, mientras que 27 más sufrieron lesiones físicas y emocionales.
Ayer, Marín destacó que la realidad de lo que documentaron se encontraba fuera de la ley y de los derechos humanos, ya que pese a que en 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la detención máxima en una estancia provisional tipo “B” es de hasta 36 horas, el INM detenía a los migrantes hasta por un mes en esta frontera.
Eran “espacios deshumanizados”, que provocaban que las personas detenidas vivieran estrés, irritabilidad, depresión, aislamiento, deterioro de habilidades sociales o de la confianza, entre otros.
También documentaron “pérdida de privacidad e intimidad, autocensura, autopercepción, represión emocional, temor, dinámicas de abuso de poder”, así como “falta de privacidad en baños, falta de contención sanitaria, escasez de insumos sanitarios, cobijas, vestimenta, atención médica, falta de espacios de recreación, salidas de emergencia”.
Relató que todo el tiempo había iluminación artificial, y no había ventanas con luz natural, lo que dificultaba que pudieran descansar, tenían trastornos del sueño.
“Hubo muchas veces que había condiciones de hacinamiento, había hasta 80 o 100 hombres en una celda, lo que detona muchas cosas como depresión”, señaló.
“Eran espacios deshumanizados para una estancia temporal, con escasez de insumos sanitarios, pérdida de privacidad e intimidad, autocensura, autopercepción, represión emocional, temor, dinámicas de abuso de poder; falta de privacidad en baños, falta de contención sanitaria, escasez de insumos sanitarios, cobijas, vestimenta, atención médica, falta de espacios de recreación y falta de salidas de emergencia”, agregó.
Detenciones prolongadas
Villegas relató que en las condiciones de detención de las personas migrantes encontraron una serie de arbitrariedades por parte de los agentes del INM, quienes más que realizarlas como están estipuladas en la ley con la intención de brindar protección a las personas, realizaban detenciones prolongadas en un espacio que no contaba con regulación, ni era apto para esta finalidad.
La activista recordó que algunas personas contaban con algún documento migratorio vigente, e incluso se encontraron con personas mexicanas detenidas.
También destacó que aunque las personas tenían derecho a realizar una llamada, para comunicarse con sus familiares e informarles que se encontraban ahí, a veces tenían que pagar, lo cual les fue narrado por los migrantes pero también observado por ellas mismas.
“No había una forma para poder comunicarse a las estancias migratorias de Juárez y Janos, los teléfonos sonaban y sonaban”, por lo que familiares o representantes tenían complicación para establecer contacto al interior de la estancia, indicó.
La integrante de JRS México destacó además la falta de información procesal, ya que no se informaba a las personas la razón de la detención y no se les daban a conocer sus derechos, incluso había personas que no eran informadas de dónde estaban y ni siquiera sabían que estaban en Ciudad Juárez, o eran separadas de sus familias.
“Nos preguntaban a nosotras, ¿dónde estoy, por si llego a hablar con mi familia, porque no me han querido decir en dónde estoy?”, relató. Dijo que también había personas que no hablaban español y en ningún momento se les ofrecía la información adecuada a su idioma.
Las activistas destacaron que la última vez que ingresaron a la estancia migratoria, al igual que en otras ocasiones, coincidieron con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero las personas detenidas aseguraban que no les hacían caso sobre las violaciones de sus derechos o no querían levantar una queja por temor a represalias.
“Desde el Servicio Jesuita, acompañamos distintos procesos de quejas, en las que mayormente se denunciaban las condiciones de salud, pero también condiciones irregulares de detención o falta de servicios adecuados, las cuales no tuvieron una respuesta adecuada”, informaron.
Dijeron que en su última visita, el 24 de marzo de 2023, se encontró “poco o nulo acceso a llamadas, alimentos insuficientes, acceso deficiente a agua en los baños y a agua potable así como sobrepoblación que a la vez recaía en falta de colchonetas para el descanso”.
También se encontraron con personas con enfermedades virales –síntomas de resfriado– que no contaban con un tratamiento adecuado. Y obtuvieron testimonios de mujeres, quienes les dijeron que para lavar su ropa, no tenían otro cambio, por lo que tenían que permanecer desnudas mientras se secaba su ropa, además no contaban con toallas sanitarias. Y únicamente se les comunicó que serían trasladados “al sur del país”.
Se logró observar que “la mayoría de las personas llegó por causa de la ‘limpia social’ instruida en conjunto por Gobierno municipal de Ciudad Juárez y el INM”, en sus testimonios algunas personas refirieron ser detenidas en cruceros, mientras que otras fueron detenidas al llegar al aeropuerto; otras dijeron haber sido “rescatadas en operativos en hoteles”.
También “se observó un grupo proveniente de Estados Unidos, quienes llegaron esposados de pies y manos. De este grupo, un joven se escapó y fue perseguido por el INM”.
Las representantes del JRS México en Ciudad Juárez señalaron que el ejercicio de defensoría de personas en movilidad en situación de detención resulta cada vez más complejo ante las violencias veladas y limitaciones de la autoridad en las intervenciones. Además de que un reto importante es la documentación de casos individuales de violaciones de derechos humanos, ya que las personas desconfían y tienen miedo de alzar la voz.