Ciudad Juárez.- La representación legal de tres familias usuarias de la guardería subrogada Techo Comunitario busca obligar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a asumir responsabilidad por la omisión en la vigilancia que permitió los presuntos delitos de índole sexual denunciados en 2023 y a pagar indemnizaciones por daño moral.
De acuerdo con el abogado Raúl Esparza, las demandas fueron presentadas en diciembre de ese año ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa con base en la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
“Lo medular es que se dio una violación a un menor de edad, y desafortunadamente no hubo protocolos de seguridad. Ellos tienen que hacer supervisiones, tienen que generar seguridad y estabilidad jurídica a los menores, y nunca lo hicieron”, dijo Esparza.
“Los lineamientos y la ley del IMSS marcan alrededor de cuatro tipos de supervisiones y ninguna de estas supervisiones se ha acreditado por parte del IMSS; no han presentado alguna bitácora, algún seguimiento, algo que hubiera acreditado por parte de ellos que se dio el seguimiento debido a los manuales que tienen”, agregó.
La información proporcionada por Esparza agrega que, ante la negativa del IMSS para entregar los nombres de los servidores públicos que participaron en la contratación de la guardería Promotora de Servicios Comunitarios, en 2024 ganaron un amparo para obtener los datos, pero el Instituto interpuso un recurso de queja con el fin de evadir la respuesta.
“Prácticamente ha sido una de entorpecimiento procesal por parte del IMSS; han presentado estos recursos absurdos para estar entorpeciendo el procedimiento, han atrasado afrontar la justicia. Sin embargo, nosotros hemos atacado todas las promociones que ellos han presentado para tratar de ganar tiempo”, dijo Esparza.
“Ahorita ya estamos en las pruebas periciales y yo valoro o puedo determinar que más o menos para últimos de este año o principios del 2026 se esté pronunciando el tribunal con una sentencia”, agregó.
El pasado 30 de abril, al término del evento oficial de colocación de la primera piedra del nuevo Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) Las Gladiolas en esta frontera, el director del IMSS, Zoé Robledo, señaló que la obligación de responder ante las familias con denuncias penales por los probables delitos registrados en otras cuatro guarderías subrogadas es de cada empresa contratada.
“No acaban de entender que lo que estamos reclamando es una supervisión en esa subrogación”, dijo Gabriel Gaona, también abogado del despacho que representa a las familias usuarias de Techo Comunitario.