Ciudad Juárez.- Entre supuestas violaciones a derechos humanos de los acusados, calificación errónea del delito y testigos autoincriminados pero no perseguidos, y por otra parte afectaciones emocionales graves de las víctimas y ejercicio indebido del servicio público de los presuntos agresores, el juicio contra dos expolicías municipales por secuestro agravado concluyó.
Juan Manuel R. I., alias “El Papi” fue condenado, mientras que Saulo D. G. fue absuelto, con lo que fue ordenada la liberación de D. G. del Cereso 3, donde se encuentra privado de la libertad desde mayo de 2023.
Durante la última audiencia de debate, el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas expuso que con las pruebas, los testimonios de las víctimas y una test igo protegido, la identificación plena de los dos acusados como responsables de algunas tareas dentro del secuestro, y hasta pruebas de los pagos hechos por la familia de los migrantes JCL y ATCB (sólo sus iniciales son compartidas por motivo de seguridad), no había ninguna duda de la participación de ambos en el hecho.
Mientras que Saulo D. G. realizó la vigilancia y “elección” de las víctimas que llegaron al Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez el 9 de mayo por la tarde, y posteriormente fue quien las trasportó hasta una de varias viviendas a las que fueron llevadas durante su secuestro, Juan Manuel R. I. fue identificado como quien las recibió para llevarlas a la segunda casa, además de ser quien con armas de fuego y un arma blanca los coaccionó para pedirles números telefónicos de sus familias para solicitar el dinero del rescate, 15 mil dólares por persona.
Además, dijo la representación social, los dos hombres hicieron uso de sus uniformes como policías municipales (pese a que uno de ellos ya no trabajaba en la corporación desde hacía algunos meses, según explicó en 2023 el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales), así como sus armas de cargo y unidades oficiales para secuestrar, junto con Bryan Fernando H. R., otro expolicía, a migrantes, en medio de un fenómeno que ha vuelto a Juárez un punto de llegada de poblaciones extranjeras de todo el mundo que buscan ir a Estados Unidos.
“Se supone que servirían al pueblo y la ciudadanía”, pero no lo hicieron, acusó la FEOE.
La asesoría jurídica de las personas afectadas, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, añadió que los dos hermanos victimados identificaron con seguridad a sus agresores pues “cuando te lastiman y ves el rostro de quien lo hizo no lo olvidas”, según dijeron los hombres en su comparecencia ante el juez Arnulfo Arellanes.
El abogado defensor particular de R. I., Salvador Martínez, pidió descartar testimonios anticipados como el de la testigo protegida que presuntamente participó en el delito con los dos expolicías, además de que acusó que en realidad se configuraba un delito contra la Ley de Migración y no el secuestro.
Juan Carlos Pérez Payán, defensor de D. G., denunció violación a derechos fundamentales en ese testimonio anticipado, pues los acusados no estuvieron presentes durante esa audiencia de desahogo de prueba del 30 de mayo de 2023, sin explicación alguna.
Además, dicha testigo es hermana de otro acusado por el mismo hecho, un menor de edad, por lo que aseguró el abogado que ese relato testimonial pretendía favorecer a la familia de quien lo dio, y no fue imparcial.
El juez de Enjuiciamiento Arnulfo Arellanes dio un receso breve para luego determinar su fallo mixto que será explicado en una audiencia posterior, aunque antes de eso, el próximo jueves 12 de junio se discutirá cuánto tiempo de prisión recibirá R. I., así como cuál será el pago de multa y reparación del daño.