Se une Red Fronteriza vs demanda que busca revocar la Ley Dream de Texas

La Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR) se unió a más de 60 organizaciones en todo Texas para denunciar la demanda del Departamento de Justicia para revocar la Ley Dream de Texas, que tergiversa la ley federal, amenaza el futuro de miles de jóvenes y podría tener consecuencias sociales y económicas devastadoras, señaló.
La Ley Dream de Texas fue promulgada en 2001 y convirtió a Texas en el primer estado del país en permitir que los estudiantes indocumentados accedieran a las tasas de matrícula estatales en universidades públicas, pero el miércoles 4 de junio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda para revocar la política texana.
Con el respaldo del fiscal general de Texas, Ken Paxton, este ataque con motivaciones políticas resultó en el desmantelamiento de la Ley Dream de Texas, una ley esencial con décadas de antigüedad que ha ampliado el acceso y las oportunidades educativas en todo el estado, denunció ayer la organización con sede en El Paso.
Las organizaciones dieron a conocer que los inmigrantes indocumentados contribuyen significativamente a la economía de Texas, ya que pagan aproximadamente 5.4 mil millones de dólares en impuestos estatales y locales anualmente.
“Los tejanos de todos los ámbitos creen en la promesa de la educación y reconocen su poder para impulsar a individuos y comunidades enteras”, externó Fernando García, director ejecutivo de BNHR.
Dijo que “la Ley Dream de Texas defendió estos valores fundamentales al brindar a jóvenes trabajadores y decididos una oportunidad justa de obtener una educación superior y contribuir a sus familias, sus comunidades, nuestro estado y nuestra nación”.
García señaló que esta política sensata ha reducido las barreras para la educación superior y ha fortalecido a Texas gracias a las contribuciones académicas, culturales y económicas de miles de estudiantes.
Para calificar, los estudiantes deben haber vivido en Texas durante un cierto número de años, haberse graduado de una escuela preparatoria de Texas (o haber obtenido un diploma equivalente) y haber firmado una declaración jurada afirmando su intención de solicitar la residencia permanente legal cuando sea elegible.
“Los inmigrantes son nuestros vecinos, amigos, compañeros de clase y colegas. Representan resiliencia y esperanza en tiempos de incertidumbre”, dijo Roxana Martínez, presidenta del Capítulo Estudiantil de BNHR en la Universidad de Texas en El Paso (UTEP).
Dijo que los estudiantes migrantes “inspiran con su determinación y búsqueda de la excelencia. Esta decisión impone barreras crueles e innecesarias a los estudiantes de todo nuestro estado, estudiantes que simplemente buscan la oportunidad de crecer, aprender y contribuir a las comunidades que consideran su hogar”.
La Asociación de Maestros de El Paso condenó la demanda interpuesta por el Departamento de Justicia y la calificó como un intento de continuar el desmantelamiento de la educación pública en Texas y de añadir más obstáculos al acceso a la educación superior en el estado.
“Todos nuestros estudiantes que asisten a colegios y universidades de Texas, independientemente de su estatus legal, son el futuro y el poder de Texas. Eliminar el acceso mediante la matrícula estatal es una abominación y un insulto para las familias y estudiantes trabajadores que están decididos a mejorar su futuro y el de sus familias y comunidades”, publicó.
Informaron que sólo en el año fiscal 2021, los estudiantes de Texas que se beneficiaron de la Ley Dream pagaron 81.6 millones en matrícula y cuotas a instituciones públicas, en un estado que prevé más de 600 mil vacantes en 2025, y estos graduados ayudan a cubrir la grave escasez de mano de obra e impulsan el crecimiento económico del estado.
“Lo que presenciamos fue una conspiración coordinada entre funcionarios estatales y federales para traicionar los valores de Texas en favor de una agenda cruel y antiinmigrante”, añadió García.
Dijo que mientras el estado invierte miles de millones en militarizar la frontera y criminalizar a los inmigrantes mediante estrategias como la Operación Estrella Solitaria, ahora convierte a los estudiantes en chivos expiatorios para obtener réditos políticos baratos.