Temen regresar a sus países 8 de cada 10 migrantes

Casi ocho de cada 10 personas encuestadas por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) afirmaron que si regresan a su país de origen enfrentarían un riesgo significativo, lo cual sugiere que una proporción considerable podría ser reconocida como refugiada bajo el sistema de asilo mexicano, informó.
En el marco del Día Mundial de las Personas Refugiadas, que se conmemora hoy 20 de junio, la Acnur presentó el reporte del monitoreo de protección en México 2024 “Tendencias y desafíos del desplazamiento forzado en México”, realizado en albergues, vías del ferrocarril, centrales de autobuses y a población en situación de calle en 19 ciudades del país, entre ellas Ciudad Juárez.
La agencia encuestó a más de 14 mil personas que ingresaron de forma irregular al país, de las cuales el 41 por ciento señaló que México era su destino final, frente al 26 por ciento registrado en 2023.
“La violencia, persecución e inseguridad, son cada vez más razones de salida de miles de personas que no encuentran protección en sus países. Su única estrategia de sobrevivencia es cruzar una frontera internacional en busca de seguridad”, destaca el informe.
El 53 por ciento mencionó haber sido víctima directa de violencia, amenazas o intimidación, como motivo de salida; 43 por ciento expresó temor ante la situación general de inseguridad, y 37 por ciento señaló falta de empleo o bajos ingresos como motivo principal.
Mientras que en 2023, la Acnur documentó que el 42 por ciento de la población encuestada sufrió algún incidente de seguridad antes de llegar a México, en 2024 la cifra subió a 58 por ciento.
El 40 por ciento de las personas refugiadas y migrantes encuestadas reportó haber sufrido algún incidente dentro de México, porcentaje que se elevó al 64 por ciento en el norte del país, siendo el robo en el 28 por ciento de los casos, la extorsión por parte de funcionarios en el 19 por ciento y amenazas físicas o intimidación el 16 por ciento.
El 13 por ciento de quienes ya se encontraban en el país dijo haber sido víctima de secuestro o rapto, el nueve por ciento de estafas, el ocho por ciento de agresiones o maltratos físicos, el dos por ciento de rechazo, el uno por ciento de explotación laboral y el 36 por ciento de ningún incidente; sin embargo, hubo otros porcentajes que vivieron más de un incidente o que prefirieron no especificarlo.
La población que más sufrió incidentes de inseguridad en México fue Guatemala, en un 47 por ciento; seguida de Honduras, en un 43 por ciento; Venezuela, en un 41 por ciento; la población de Haití en un 32 por ciento, y la de Cuba, en un 17 por ciento.
La composición demográfica de la población encuestada evidenció, además, un cambio estructural en los patrones de desplazamiento en la región: familias, mujeres, niñas, niños y adolescentes salen en igual o mayor proporción que los hombres. “Por lo tanto, se trata de toda la fábrica social que huye de los países de origen”.
Por primera vez, las mujeres representaron la mayoría de la población encuestada, con 55 por ciento del total, mientras que los hombres constituyeron el 45 por ciento.
Además, 55 por ciento de las personas viajaban en grupo familiar y 45 por ciento lo hacía de forma individual. Un tercio de la población encuestada eran (niños, niñas, adolescentes) NNA, lo que indica un desplazamiento más amplio de núcleos familiares completos.
“México es cada vez más un país de destino de miles de personas que conciben esta tierra la principal opción para rehacer sus vidas”, subrayó la Acnur.
El reporte del monitoreo también destaca que el 83 por ciento de la población encuestada no contaba con ningún tipo de documentación emitida por autoridades mexicanas, frente al 31 por ciento registrado en 2023, por lo que señala que la falta de documentación limita el acceso a derechos y servicios básicos y subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de regularización y protección.
Estos hallazgos refuerzan la necesidad de contar con una política de asilo sólida y de largo plazo, que garantice protección desde el momento de la llegada hasta la integración efectiva de las personas refugiadas en las comunidades de acogida, indicó la agencia de las Naciones Unidas.
Agregó que “en un contexto de recursos limitados, es fundamental seguir financiando estos esfuerzos de monitoreo, que permiten orientar políticas públicas, identificar necesidades de protección y garantizar respuestas basadas en evidencia”.