Hasta de 17 años es la sentencia más alta que podrían recibir José Luis A. C. y Facundo Teófilo M. R., los dos acusados de delitos de ocultamiento de cadáveres y contra la Ley General de Salud por conservar cuerpos sin darles el tratamiento pertinente en los tiempos que marca la ley.
De acuerdo con la formulación de imputación, aproximadamente entre el 7 de marzo de 2022 y el 27 de junio de 2025, A. C. y M. R., el primero como propietario del crematorio Plenitud, y el segundo como empleado, ocultaron 383 cadáveres en descomposición colocados uno encima del otro, en el suelo, en un ambiente con roedores, fauna nociva y fauna de la zona, y no cremaron los cuerpos dentro de los términos legales establecidos, ni tramitaron la documentación para su permanencia en el crematorio, así como operar sin dictamen de impacto ambiental, afectando la dignidad y el respeto hacia los cadáveres.
Ambos fueron señalados como presuntos coautores del delito cometido de manera dolosa, y entre las personas que declararon para permitir a la Fiscalía de Distrito Zona Norte conformar la carpeta de investigación en su contra hay peritos, personal de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coespris), la madre y la esposa de A. C. y trabajadores de la zona que dijeron que en dos años que llevan laborando cerca, no han visto salir humo de la chimenea del crematorio.
La investigación de la Fiscalía inició formalmente el 27 de junio, cuando una alerta de presencia de cadáveres en descomposición difundida por medios de comunicación llegó a una agente del Ministerio Público.
Lo hallado luego por las dependencias estatales como la Fiscalía y la Comisión fue tanto descrito en informes como mostrado en fotografías que daban cuenta del descuido en que se tenía a los cuerpos, algunos inclusive en reducción esquelética, con imágenes con detalles rojizos, amarillos y cafés.
Se encontraron, por ejemplo, lo que dijeron que era una piscina con ropa y envases con un fuerte olor a químico, y dos bolsas grises para cadáveres con los nombres Martha Heredia Ontiveros y Leobardo Martínez López.
No encontraron, por otra parte, refrigeración, electricidad, agua, ni un acceso al horno crematorio, en un negocio destinado a la cremación de cuerpos.
Fue ubicada una oficina, una cochera, un cuarto de refrigeración, una jardinera y una carroza fúnebre que en su interior tenía un cadáver embalsamado pero consumido por el tiempo.
En el asiento del copiloto había una bolsa negra con documentos emitidos por dependencias oficiales. Se mostraron dos, que eran autorizaciones para cremación emitidas por la Fiscalía. Como esos, había más, con data de 2021.
Rebasa hallazgo a la autoridad sanitaria
La Coespris, en algún punto, optó por reconocer que el hallazgo rebasaba las facultades como autoridad sanitaria, y dio vista a la Fiscalía sobre los hechos, como precisó El Diario en la edición de ayer.
Para esta investigación por posibles delitos, la Coespris emitió tres oficios: en uno, Carlos Tarín, titular de la dependencia, informó sobre la denuncia sanitaria por lo que ahí encontraron; en el segundo abundaron sobre la cantidad de cuerpos hallados.
En el tercero, sin embargo, Tarín precisó a la Fiscalía información que contradice directamente lo que dijo públicamente a medios de comunicación el 27 de junio. Aquel día, dijo que el lugar operaba desde 2016 y que la última revisión había sido en febrero del año en curso.
A la Fiscalía precisó que la última verificación fue el 7 de marzo de 2022, cuando se iba a comprobar si habían realizado correcciones de verificaciones anteriores, lo que no fue así. Esa fue, en palabras del Ministerio Público encargado de la acusación, “la última verificación de la que se tuviera registro”, y marca la fecha a partir de la cual la Fiscalía supone que empezaron a acumularse los cuerpos, ante la falta de revisión de Coespris.
Más de un año en hacinamiento, consideran
Inclusive una criminalista de campo realizó dos opiniones técnicas, y en una señaló que aunque por el tratamiento de embalsamamiento de los cadáveres es difícil conocer el tiempo que llevan en descomposición, pudo valorarse que llevaban más de un año en hacinamiento y en condiciones insalubres en el crematorio. Luego de la exposición de estos antecedentes, el juez de Control impuso la medida cautelar de prisión preventiva en el Cereso 3 para José Luis A. C. y Facundo Teófilo M. R., debido a que existía un alto riesgo de interferencia procedimental, pues, dijo, los acusados podrían tener acceso a archivos que, de eliminarse, afectarían las investigaciones. Eso, sumado a que la pena más alta por los delitos que se les imputan es de 17 años, y que eso podría provocar el ánimo de escapar de la justicia en los hombres, llevó al juez a determinar la medida cautelar más gravosa.
La audiencia de vinculación o no a proceso tendrá lugar el 4 de julio.