Va FGE tras funcionarios de Coespris

Las investigaciones por el crematorio donde fueron hallados 383 cuerpos, posiblemente acumulados desde hace más de un año, podrían incluir delitos como el ejercicio indebido del servicio público para funcionarios de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coespris) y delitos contra el respeto a los cadáveres por parte de personal de funerarias que subcontrataron el servicio de cremación, afirmó ayer César Jáuregui, fiscal general del estado.
Aunque aún no se abren carpetas de investigación sobre delitos diversos a los inculpados, el dueño y un trabajador del crematorio (José Luis A. C. y Facundo Teófilo M. R., respectivamente), Jáuregui señaló que “indiscutiblemente en la investigación se verá si hay acciones u omisiones que pudiesen haber contribuido a este escenario”.
El Diario documentó cómo en la rueda de prensa un día después del hallazgo, el 27 de junio, Carlos Tarín, comisionado estatal de Coespris, aseguró que el crematorio operaba con permiso de la dependencia desde 2016, y aunque en 2020 fue suspendida su actividad por irregularidades, las retomó posteriormente, y afirmó que la última revisión había sido en febrero de 2025.
No obstante, antecedentes de investigación de la Fiscalía muestran que la última verificación de la Coespris al lugar fue el 7 de marzo de 2022. Esa fue, en palabras del Ministerio Público encargado de la acusación, “la última verificación de la que se tuviera registro”, y marca la fecha a partir de la cual la Fiscalía supone que empezaron a acumularse los cuerpos, ante la falta de revisión de Coespris.
El documento de la verificación fue entregado desde Coespris a la Fiscalía como parte de las investigaciones y fue expuesto ante el juez de Control Apolinar Juárez Castro, quien valorará el próximo 4 de julio éste y otros antecedentes para resolver la situación jurídica de los dos indiciados por el hecho.
La Coespris negó dar respuesta a este medio sobre las verificaciones y declaraciones vertidas por su titular.
Jáuregui dijo que hasta el momento, por lo que ha conocido, Tarín no ha sido removido de su cargo como comisionado estatal, y que en cuanto a posibles indagatorias desde lo penal en contra del funcionario “habrá que ver de las investigaciones qué es lo que acontece, qué se tiene, qué se observa”.
Adelantó que Coespris, que “tiene su propio manejo interno, su reglamento y las causas de su separación”, se encuentra valorando la posible separación del cargo de quienes tenían la responsabilidad de la supervisión de los crematorios.
“Todo va a ser investigado y en su momento vamos a informar quiénes son los que tienen responsabilidades”, aseguró.
Sobre estas actas de verificación que demuestran que Coespris revisó el negocio, Jáuregui comentó que “vamos a tener una revisión de las actas, donde Coespris presente actas en donde revisaba, habrá que ver en qué consistía esa revisión y ver si entraron o no, qué hicieron, qué observaron… el contenido de lo que se plasmó en el acta de existencia de irregularidades, pero hay que hacer esa investigación lo más seria posible”.