Chihuahua.- Hoy conmemoran los 70 años desde que las mujeres pudieron emitir su voto en México, lo cual, de acuerdo con Fryda Libertad Licano Ramírez, consejera del Instituto Estatal Electoral (IEE), pone en evidencia cómo la figura femenina ha arrebatado sus derechos político electorales con base en la lucha, el esfuerzo y el compromiso, también la búsqueda del reconocimiento a las aportaciones que hoy en día realizan.
El 3 de julio de 1955 las mujeres emitieron por primera vez su voto en México, hecho que implicaba uno de los mayores reconocimientos a sus garantías. En esa ocasión, elegía a los diputados federales para la XLIII Legislatura.
Ante esta fecha, la consejera dijo que la historia de la participación política de las ciudadanas está remontada a la historia misma del país.
“Nunca han estado alejadas o ajenas a la evolución, al desarrollo político, social y económico del país; o sea, siempre, siempre, las mujeres han sido parte de los grandes movimientos de México, algunos están documentados, pero la gran deuda es que no existen registros plenos de su participación, pero de que estuvieron ahí, estuvieron”.
Aunado a eso, mencionó que aunque son pocos los registros, los primeros datan de 1824, cuando precisamente luchaban por el reconocimiento de México como un país independiente.
“Esto es muy emblemático porque las mujeres formaron parte también de esa lucha. Hay quien pudiera decir que obra de la casualidad que en 2024 pasaran muchas u ocurrieran varias situaciones paradigmáticas, o que se van rompiendo esquemas como que llegaran dos mujeres como candidatas a la Presidencia de la República con verdaderas posibilidades de triunfo. Tan es así que pues una de ellas ganó la Presidencia de la República”.
En ese mismo sentido, señaló que tampoco es coincidencia que al finalizar el año pasado, hubieran 13 mujeres gobernadoras en el país o que exista un Congreso de la Unión y congresos en los estados paritarios.
“Que las mujeres estuvieran como candidatas al 50 por ciento en todas las elecciones del país no fue obra de la casualidad; es la presencia constante de las mujeres… Esta demanda, esta exigencia constante para que se reconozcan, no que se les concedan, sino que les reconozcan los derechos políticos electorales que tienen”.
En cuanto a las reformas, Licano Ramírez comentó que estas datan de un tiempo más cercano.
“Me voy a remontar al año 2000, cuando instauran las cuotas. Existen varios países que han adaptado esto, pero México sí es quizá el país que más ha avanzado en este tema, porque ya no es cuotas, en 2019 se alcanza la paridad total, ya el tema de las cuotas se supera; sin embargo, hay países que todavía se encuentran en el sistema de cuotas, o que entraron de manera más tardía que México”, expresó.
Asimismo, refirió que es un tema cuestionable, ya que “instauró el 70–30 y no decía para cuál género debía ser el 70 y para cuál el 30, lo que más convenía era que el hombre ganara el 70; entonces a la mujer se le aplicó y ya en la aplicación para las mujeres era el 30, aunque en la ley no decía para cuál género era”.
“Si bien había sanciones, no decía que las mujeres debían de ser las propietarias en una fórmula para candidaturas y esto es bien importante, porque a las mujeres las ponían de suplentes. Esto pasó en la reforma del año 2000, pero lo importante es que en ese año instauraron las cuotas en México y fue del 70–30”.
Posteriormente, en el 2002 también retomaron la fórmula, pero la modificación sustantiva fue que las féminas debían de ser contendientes a propietarias.
“En el 2002 la calidad de la participación de la mujer debía ser propietaria como candidata. Esta modificación es sustantiva del año 2000 al 2002, es lo mismo, es la misma cuota del 70–30, pero ya en el año 2002 las mujeres debían de entrar a la candidatura o llegar en calidad de propietarias”, explicó.
En el 2008 cambió para quedar 60–40; ahí hubo una ampliación del 10 por ciento y las mujeres también tenían que llegar en calidad de propietarias a la fórmula de aspirantes.
“En 2011, en el proceso electoral de 2010–2011, ocurrió el caso denominado ‘las Juanitas’ en donde pues los partidos, con fin de darle vuelta a la ley y no cumplir este porcentaje del 60–40, (40 por ciento al menos de mujeres), lo que hicieron es que sí hacían llegar a las mujeres en calidad de propietarias, pero ya cuando ganaban la elección, una vez que les daban la constancia de mayoría, las obligaban a renunciar y los hombres que eran suplentes eran quienes ocupaban el cargo”.
“En el 2011, en la Sala Superior fue emitida una sentencia que también es una de las más emblemáticas del país, que es la SUP-JDC-12624/2011, misma que obligó a los partidos políticos a no sólo a respetar las cuotas de género, sino que señala o dicta que las suplencias debían ser del mismo género. Es decir, pasa a poner a la mujer en calidad de propietaria y su suplente debe ser también mujer”.
Con ese antecedente jurisdiccional, a partir de 2011, ya todas las candidaturas, tanto propietaria como suplencia, debían de ser del mismo género. “Así se garantiza, ya que si por alguna razón ella renuncia, será otra mujer la que ocupará un cargo; ya no es una cuestión de cuota, sino de paridad”.
Sin embargo, esta reforma pasa en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es un código que vino a ser, que cambia por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Era una ley federal y no estaba en la Constitución, eso fue hasta el 2012, externó.
‘Uno de los problemas, la imposición de los hombres’
Mariela Castro Flores, analista política, informó que la lucha por la defensa y reivindicación por los derechos políticos-electorales femeninos ha tenido avances significativos en las formas; no obstante, el fondo casi sin tocar.
“Uno de los problemas de las mujeres en la política es que suelen ser imposiciones de hombres para burlar la ley de paridad de género, pero siguen representando a las cúpulas de poder dirigidas por hombres o intereses que se traducen a una forma masculina de ejercer el poder, es decir, juegan a la política –porque no hacen– como los hombres y eso es lo que inhabilita una transformación real en la representación y la posibilidad de que el resto de las mujeres seamos bien representadas, porque las mujeres en la política hacen política para sostenerse en el poder y no para que más mujeres ingresen al juego político”, enfatizó.
Además, hizo hincapié en que los derechos político electorales en tanto son derechos humanos deberían garantizar acceso para todas y no privilegios para unas cuantas, y que uno de los mayores retos es que el andamiaje jurídico que las ha construido juegue a su favor y no en favor de los intereses que la mayoría de las mujeres en el poder ejercen, que no son propios de ellas mismas ni de una nueva forma de hacer ejercer el poder y gobernar que tenga que ver con feminizar la política.
“Lamentablemente hoy vemos que herramientas como la posibilidad de denunciar violencia política en razón de género en vez de representar una conquista democrática se ha convertido en instrumento para silenciar adversarios en vez de generar condiciones para que un mayor y más diverso número de mujeres logren acceder a las arenas y contiendas de los debates, contiendas y toma de decisión”.
Lo anterior es focal para fomentar la participación más paritaria, equitativa y diversa de las mujeres en política, afirmó.
“Sin lo antes dicho no tenemos quién abogue cuando mujeres indígenas son invisibilizadas, o si llegan, lo hacen sólo hasta donde puedan ser instrumentalizadas o como las mujeres trans, a las que les son usurpados los íntimos espacios que por ley les corresponden a la hora del reparto de candidaturas, por ejemplo, porque a la fecha, no hemos visto mujeres que representen los intereses de mujeres obreras, trabajadoras del hogar, en situación de movilidad, trabajadoras sexuales, jornaleras, defensoras del territorio, de derechos humanos, etcétera”.
De igual forma, la analista explicó que va más allá de lo que el Gobierno federal obliga.
“Eso, luego de mucho acicatear y regatear para ser vistas aunque eso no sea garantía para que los gobiernos locales, actúen. Una mayor representación femenina tendría que estar intrínsecamente ligada a mejorar la calidad de vida de las mujeres y las niñas y esto no está sucediendo. Es un buen momento de generar esta reflexión: ¿por qué más mujeres en la política y en los espacios de representación no está significando que las mujeres y las niñas vivimos mejor?”, culminó Mariela Castro.
Actualmente, hay 13 mujeres gobernadoras en México y ellas son en Aguascalientes: Tere Jiménez (PAN), inició su gestión en octubre de 2022 y terminará en septiembre de 2028; Baja California: Marina del Pilar Ávila (Morena), ganó las elecciones de 2021 y culminará su mandato en octubre de 2027.
En Campeche: Layda Sansores (Morena), comenzó en septiembre de 2021 y concluirá en septiembre de 2027; en Chihuahua: Maru Campos (PAN), empezó en septiembre de 2021 y terminará en septiembre de 2027; en Ciudad de México: Clara Brugada (Morena), llegó en 2024 y cierra labores en octubre de 2030.
A la lista se suma Colima: Indira Vizcaíno (Morena), comenzó su gestión en noviembre de 2021 y concluirá en octubre de 2027; el Estado de México: Delfina Gómez (Morena), ganó en septiembre de 2023 y culmina en septiembre de 2029; Guanajuato: Libia Dennisse García (PAN), arrancó en 2024 y acaba en octubre de 2030; Guerrero: Evelyn Salgado (Morena), está desde octubre de 2021 y cesa en octubre de 2027 y Morelos: Margarita González Saravia (Morena), dio pie a gestión en 2024 y llega a su fin en 2030.
En Quintana Roo: Mara Lezama (Morena), inició septiembre de 2022 y concluirá en septiembre de 2027; en Tlaxcala: Lorena Cuéllar (Morena), está en funciones desde agosto de 2021 y concluirá en agosto de 2027 y finalmente, en Veracruz: Rocío Nahle (Morena), abrió en 2024 y cierra en 2030.