Ciudad Juárez.- La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) realizó el fin de semana nuevas revisiones en funerarias de Ciudad Juárez.
El fin de semana pasado, la institución llevó a cabo diligencias en dos negocios de Funeraria Ramírez, en los que no encontró irregularidades, informó Roxana Díaz, vocera del organismo.
En un recorrido realizado por El Diario de Juárez, en la calle Porfirio Díaz y Chihuahua, ubicación de uno de los dos negocios de Funeraria Ramírez, se entrevistó a vecinos, quienes afirmaron que no se han visto irregularidades en el negocio.
El pasado 26 de junio salió a la luz pública el hallazgo de los casi 400 cuerpos en el crematorio Plenitud, ubicado en la colonia Granjas Polo Gamboa, empresa a la que subcontrataron cinco funerarias.
Tras el hallazgo, la Fiscalía General del Estado (FGE) integró la carpeta de investigación por el delito de fraude contra los propietarios de cinco funerarias, las cuales cobraron entre 30 mil y 40 mil pesos por servicios funerarios (entre los que se incluye la cremación), de acuerdo con el seguimiento periodístico.
En conferencia de prensa, el 27 de junio pasado, Carlos Tarín, titular de la Coespris, aseguró que el crematorio operaba con permiso de la dependencia desde 2016, y aunque en 2020 fue suspendida su actividad por irregularidades, las retomó posteriormente. Afirmó que la última revisión había sido en febrero de 2025.
Las autoridades continuaron con las indagatorias, de las que derivó la suspensión al servicio de cremación Latinoamericana Recinto Funeral, desde el pasado 2 de julio, por parte de la Secretaría de Salud y Coespris por el concepto de “Riesgos Sanitarios”.
Mientras que el sábado 12 de julio, en la funeraria Del Carmen, ubicada en 16 de Septiembre y Níquel, en la colonia Arroyo Colorado, se realizó una diligencia en atención a un reporte emitido por la Coespris, instancia que había ordenado la suspensión de actividades del establecimiento desde el 10 de octubre de 2024.
De esta revisión derivó la detención de Miguel Ángel A. O., de 68 años, quien fue detenido en flagrancia por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, por su probable responsabilidad en delitos contemplados dentro de la Ley General de Salud relacionados con la inhumación, exhumación, respeto y conservación de cadáveres.
Durante la intervención, las autoridades aseguraron un cuerpo humano, el cual fue trasladado para la práctica de estudios periciales y forenses con el objetivo de determinar su identidad.