El fiscal de la Zona Norte, Carlos Manuel Salas, se comprometió a dar seguimiento a las 12 demandas presentadas por familiares de personas que no fueron incineradas el crematorio Plenitud.
El colectivo que representa a las familias entregó un pliego petitorio con exigencias dirigidas a autoridades sanitarias, municipales, legislativas y ministeriales.
Salas informó que algunas de las demandas ya están siendo atendidas por la Fiscalía y que otras serán canalizadas a instancias con competencia en la materia, ya sea a nivel federal, estatal o municipal.
Explicó que el pliego plantea acciones en distintos niveles institucionales, con énfasis en transparencia, reparación del daño, sanciones a los responsables y reformas legales. Aseguró que cada punto será revisado puntualmente y compartido con las autoridades correspondientes.
En el ámbito administrativo, los familiares solicitaron transparencia por parte de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), especialmente en lo referente a su actuación respecto al crematorio Plenitud.
Consideraron fundamental que se informen públicamente los resultados de las inspecciones realizadas, las omisiones detectadas y las acciones tomadas por esa dependencia. Además, solicitaron un trato digno y humano hacia las familias afectadas y la difusión pública, clara y constante de los avances en las investigaciones.
Respecto a las acciones legislativas, se solicitó se modifiquen las leyes para establecer penalidades acordes con la gravedad de los hechos descubiertos.
También exigieron aplicar sanciones a los servidores públicos que hayan incurrido en omisiones en la vigilancia del sector funerario.
Finalmente, las familias pidieron que se inicie una investigación formal contra las funerarias que, con conocimiento de las condiciones en que operaba Plenitud, subrogaron sus servicios al mismo.
Argumentaron que esta práctica trasladó la responsabilidad legal y moral de los servicios contratados a un establecimiento que no cumplía con la normatividad, sin que los clientes fueran debidamente informados.
Carlos Manuel Salas reiteró que cada una de las demandas será revisada y compartida con las instancias correspondientes, y que se establecerá un mecanismo de seguimiento para evaluar los avances de forma periódica.
Indicó que la próxima reunión, a realizarse dentro de un mes, servirá para verificar qué puntos han sido resueltos, cuáles están en proceso y qué acciones se han emprendido para cumplir con el resto.
‘No salen a darnos la cara’
Horas antes del encuentro en la Fiscalía, un grupo de aproximadamente 50 personas se manifestó frente a la funeraria Latinoamericana para exigir justicia.
Los participantes denunciaron que contrataron servicios funerarios con esa empresa y que posteriormente fueron informados de que los cuerpos fueron enviados al crematorio Plenitud, sin conocimiento ni consentimiento de sus familiares. El establecimiento se encuentra bajo investigación por presuntas irregularidades en el manejo de cadáveres.
Durante la protesta, Dora Elena expuso que su esposo falleció en 2022 y que, según la documentación que conserva, su cuerpo fue trasladado a las instalaciones que hoy permanecen clausuradas.
“Confiamos en esta funeraria. Nos prometieron que aquí tenían crematorio. Ahora dicen que el cuerpo fue llevado a otro lugar y se deslindan, cuando debieron acompañar todo el proceso”, expresó.
La mujer aseguró que ni la empresa ni las autoridades han ofrecido atención directa o información clara. “No salen a darnos la cara, ni las autoridades ni nadie. Nomás nos hacen venir y volver a venir. Entendemos que hay mucho trabajo para los que están identificando cuerpos, pero hay cadáveres recientes que aún no han sido entregados”, agregó.
Dora Elena relató que la situación ha sido difícil para su familia, especialmente para los niños. “Hay niños pequeños que apenas empiezan a comprender la pérdida de su abuelo o su padre. Esto ha reabierto el duelo y la incertidumbre”, indicó.
También expresó su inconformidad por lo que considera una falta de acción institucional. “No es justo que sigan ocurriendo cosas así en Ciudad Juárez y que la gente se quede callada. Los afectados somos siempre los mismos, y quienes están en el gobierno solo prometen ayuda que no llega”, declaró.
En la manifestación participó también Norma Pérez de Travizo, quien se unió a las exigencias de justicia. Ambas mujeres hicieron un llamado a la comunidad para mantenerse solidaria con las familias afectadas, aun cuando sus propios casos no estén involucrados.
“Este caso no se va a quedar así. Hasta donde tengamos que llegar, vamos a llegar. Y si nuestros familiares no están allí, hay que ayudar a los que sí están”, concluyó Dora Elena.
Posteriormente durante la reunión con las autoridades ministeriales, el fiscal Carlos Manuel Salas estuvo acompañado por la coordinadora general de agentes del Ministerio Público, Michelle Rodarte.
Ambos informaron a los asistentes que hasta el momento han sido identificadas 11 personas mediante métodos científicos como la lofoscopía. Explicaron que el proceso es complejo debido al avanzado estado de descomposición de algunos cuerpos y al tratamiento químico que habrían recibido por parte de las funerarias antes de ser incinerados o almacenados.
El fiscal recordó que el hallazgo de los cuerpos ocurrió la noche del 26 de junio, tras un reporte emitido por la Policía Municipal. Indicó que al llegar al lugar, las autoridades encontraron cuerpos apilados sin identificación y en condiciones inadecuadas.
A partir de ese momento, dijo, la Fiscalía aseguró el inmueble y abrió una carpeta de investigación. Explicó que en las semanas siguientes se detuvo a dos propietarios del crematorio Plenitud, y que posteriormente se realizó una detención vinculada a la funeraria Del Carmen.
Salas informó que el mismo día del encuentro con las familias, se concretaron otras dos detenciones relacionadas con el caso, aunque no ofreció detalles sobre la identidad de las personas aprehendidas. Confirmó que la investigación sigue abierta y que se sigue recabando información de diversos actores, incluidos los trabajadores de las funerarias, autoridades sanitarias, personal del municipio y representantes legales.
En respuesta a las inquietudes planteadas, la Fiscalía reconoció que existió una falta de supervisión institucional. Salas indicó que el último permiso municipal otorgado al crematorio Plenitud fue emitido en el año 2020, y que desde entonces su operación se dio en condiciones irregulares.
Señaló que, aunque hubo inspecciones y sanciones administrativas, el establecimiento continuó funcionando sin contar con los requisitos legales actualizados.
El fiscal también mencionó que Coespris, instancia encargada de la supervisión sanitaria, enfrenta limitaciones importantes, ya que cuenta con apenas una treintena de verificadores para revisar cerca de 48 mil establecimientos considerados de riesgo en Ciudad Juárez. Reconoció que esta carga operativa limita la capacidad de reacción y vigilancia constante.
Al concluir la reunión, Salas reiteró que el caso Plenitud requiere coordinación entre distintos niveles de gobierno y que la participación de las familias es fundamental para garantizar un proceso con enfoque en verdad, justicia y reparación.
Señaló que la información técnica y legal será entregada a las autoridades correspondientes para dar seguimiento a las peticiones. Confirmó que se documentarán cada uno de los compromisos asumidos y que el objetivo es avanzar en la identificación plena de los 386 cuerpos localizados en el predio.