Ciudad Juárez.– A un mes del hallazgo de casi 400 cadáveres apilados en un crematorio al sur de la ciudad, más de mil 600 familias han acudido a la Fiscalía General del Estado en búsqueda de confirmación sobre las incineraciones de sus seres queridos.
En cientos de los casos, informó Norma Ledezma, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (Ceave), los probables afectados llegaron enojados, desesperados y con la incertidumbre sobre el destino que tuvieron los restos de sus difuntos y si los duelos que pasaron fueron sobre los restos correctos.
La Fiscalía General del Estado (FGE), por su parte, sigue sin aclarar el motivo de la omisión en el cumplimiento de las cremaciones contratadas y del apilamiento de los cuerpos, mientras que la defensa de los acusados sostiene que no hay delito.
“Tenían ese permiso (de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios –Coespris–). Es un tema de salud pública, pero es meramente administrativo y para eso está la Coespris, para regular y hacer las visitas”, dijo Manuel Pineda, del despacho legal que defiende a los acusados.
Atraviesan doble duelo más de mil familias
Desde el 30 de junio, la Fiscalía de Distrito Zona Norte empezó a atender a familiares de personas fallecidas que tenían dudas sobre la posible victimización de su difunto por parte del crematorio Plenitud. Les pidió entonces probar la adquisición del servicio de incineración: el contrato, el acta de defunción, la opinión favorable del Ministerio Público y del Registro Civil, así como identificaciones, fotografías y señas particulares del ser querido, como tatuajes, tratamientos dentales, lunares, fracturas óseas y aun la ropa que llevaban en la velación.
Hasta el pasado 24 de julio la Fiscalía regional reportó mil 692 familias atendidas, de las que mil 120 presentaron los requisitos indicados y que, además, contrataron a cualquiera de las cinco funerarias de las que se hallaron documentos dentro del crematorio (Latinoamericana, Amor Eterno, Luz Divina, Del Carmen y Protecto Deco), las cuales, a su vez, subcontrataron a Plenitud.
“Las familias no solamente llegaban desesperadas, llegaban enojadas, pero con toda la razón; enojadas, molestas, desesperadas, tristes, angustiadas, con un doble duelo, con una incertidumbre de que si era o no era su familiar”, indicó Norma Ledezma Ortega, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (Ceave).
La funcionaria agregó que la Ceave tuvo que trasladar a psicólogos de Chihuahua a Ciudad Juárez para apoyar a las familias ante “una situación totalmente atípica de la desesperación de la familia, incluso no sólo en el momento, sino que consideramos que conforme va pasando el tiempo a las personas que ya se les entregaron los cuerpos el revivir ese duelo por supuesto que tuvo una afectación, y por otro lado las que aún no se les ha entregado”.
Ledezma dijo también que las más de mil 600 familias han sido atendidas no sólo por Ceave, sino también por personal de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, Fiscalía de Distrito Zona Norte y de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM).
“Estas familias ya habían pasado un duelo, y ahora esta incertidumbre, esta rabia, esta molestia, esta angustia de que, si tuve un año esto, estas cenizas de quién eran o de qué eran… sí es una situación atípica de mucho sufrimiento” para quienes ya han acudido y para otras familias que siguen acercándose ante las autoridades, destacó.
Ledezma informó que la FGE acondicionó un espacio especial para notificarles sobre los cuerpos que van siendo identificados, para lo cual son citadas por personal de la Ceave e informadas en presencia de personal del Ministerio Público y Servicios Periciales y Ciencias Forenses.
También, dijo, se les ofrece un seguimiento integral y, en el caso de las familias que deseen inhumar a su ser querido, la Ceave les cubrirá los gastos, por tratarse de víctimas; mientras que empresas funerarias de la ciudad están realizando los servicios de cremación gratuitos para quienes continúan con el deseo de incinerarlos.
Lenta identificación
De acuerdo con las autoridades estatales, hasta la tarde del miércoles 23 de julio sumaban 14 identificaciones oficiales, de las cuales ya se había notificado y entregado 13 cuerpos a sus familiares. Sólo una de las familias eligió la inhumación, mientras que las 10 restantes decidieron cremar a su ser querido.
Hasta entonces se esperaba la entrega de 10 dictámenes más, con los que sumarán 24 cuerpos identificados a través de análisis de la Unidad Especializada en Identificación Humana en la que trabajan antropólogos, odontólogos, médicos y criminalistas en la comparación de los datos post mortem (PM) que se extrajeron según los protocolos y los datos ante mortem (AM) proporcionados por las familias.
El jueves 24 de julio, la FGE habilitó un registro digital para que las familias de las posibles víctimas del crematorio Plenitud puedan inscribirse y proporcionar todos los datos necesarios para una posible identificación entre los cuerpos encontrados. El registro está disponible en la liga https://fgewebapps.chihuahua.gob.mx/Crematorio
A partir del hallazgo, el 26 de junio, la recopilación de los 386 cuerpos y demás restos “disociados” (como los cataloga la FGE) tomó cuatro días, del 27 al 30 de junio (aunque el 29 fue de descanso) y, desde el 1 de julio, los profesionales empezaron con la identificación oficial, que ha dado como resultado la individualización de 27 personas,, para dar salida a todos los cadáveres embalsamados que encontraron en descomposición en un crematorio con permiso pero que no operaba.
Trabajan con los cuerpos al menos cuatro equipos con un total de 20 peritos, como se dijo desde el 2 de julio por parte del titular de la Dirección General de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, Javier Sánchez Herrera.
Con una estimación de un año de trabajo para identificar los cuerpos, ¿qué retos ha habido para Servicios Periciales?, se le preguntó a Sánchez Herrera.
“En su momento fue el poderlos trasladar, el poderlos recuperar del lugar y trasladarlos, (… aunque) de ahí en más el equipo ha hecho un muy buen trabajo. La verdad es que hemos hecho trabajo récord en cuanto al procesamiento de los cuerpos. Básicamente en una semana pudimos hacer la recuperación y el trabajo de procesamiento completo de todos los 386 cuerpos, y ya estamos básicamente enfocados en identificación”, respondió.
La experiencia del equipo de antropólogos ha servido, afirmó, pues han participado en los trabajos de individualización de restos humanos en el poblado de El Willy, al noroeste del estado, así como el hallazgo de restos de 13 migrantes en El Mimbre, Coyame del Sotol, “el caso del tiro de mina en Aquiles Serdán”, y otros eventos, lo “que les ha permitido adquirir muchísima experiencia, y con la capacitación que hemos mantenido pues las competencias y todo el personal está supercapacitado para llevar este trabajo”.
Semefo saturado
En un principio no se esperaba que fueran tantos cuerpos los almacenados. Según el acta de verificación del 27 de junio de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), ese día se creía que eran 226, y a la llegada de una caja de tractocamión de 53 pies con una unidad de refrigeración Carrier Phoenix Ultra de modelo antiguo, se empezó con la colocación de los cuerpos en bolsas para cadáver del Servicio Médico Forense (Semefo).
La escena los superó. Según la Coespris sólo pudieron asegurar 123 cuerpos, pues se les terminaron las bolsas. Al día siguiente se aseguraron 103 más y se sacaron 157 cuerpos de otras habitaciones del complejo del crematorio.
Había que esperar por las bolsas para no repetir la práctica de hacinamiento, en un afán de redignificación de los cuerpos, como explicó el jefe de peritos.
En respeto a la dignidad de los cuerpos, pese a haber trascendido la vida, la Dirección buscó “en primera instancia, individualizarlos, porque estaban hechos bolas; estaban básicamente tirados. Había que hacer un levantamiento en forma digna, un resguardo digno y un análisis lo menos invasivo posible en el cuerpo para poder lograr la identificación.
“Obviamente después de eso, (hay que) llevar a cabo su resguardo adecuado, en condiciones adecuadas, y precisamente por eso no los metimos al Semefo, porque íbamos a hacer que se nos saturara y no les íbamos a dar esa dignidad ni a los que teníamos ni a ellos.
“Entonces, respetando y salvaguardando la integridad de todo lo que tenemos nosotros depositado, fue que decidimos que se enviara a la funeraria (Perches) en esa cámara que realmente está en las mejores condiciones, (que) está muy grande, muy equipada con equipos nuevos de refrigeración que permiten que estén a la temperatura indicada, y bueno, ya el tema de la restitución de las familias con la contención del equipo psicológico de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, un equipo multidisciplinario que se encarga de llevar a cabo las notificaciones a las familias, pues con esto pretendemos hacer cumplir con esto”, abundó Sánchez Herrera.
Al 30 de junio sumaban 383 cuerpos y restos disociados, pero para el 7 de julio se anunció que la cifra era de 386.
En ese plazo intermedio se hallaron dos óbitos, cadáveres de mortinatos, entre todos los restos, y una persona más oculta entre los cuerpos de otras dos, y eso fue lo que aumentó la cifra, detalló Sánchez Herrera.
Esos dos restos de mortinatos se sumaban a los dos bebés recién nacidos y dos niños que desde el 1 de julio se anunciaron como parte de los casi 400 cuerpos.
Investiga CEDH responsabilidades
Ante la violación a la dignidad post mortem de los 386 cuerpos que fueron encontrados hace un mes en el crematorio Plenitud de Ciudad Juárez, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) continúa con la investigación de la posible responsabilidad de acción u omisión que tuvieron autoridades del Estado y Municipio.
Tras enterarse del descubrimiento de los cadáveres que permanecieron hasta tres años amontonados en un predio ubicado a las afueras de la ciudad, el 4 de julio la Comisión inició la queja de oficio radicada con el número CEDH:10s.1.8.132/2025 en contra de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) principalmente por presuntas violaciones al derecho a la legalidad y seguridad jurídica y en lo particular, acciones y omisiones contrarias a la administración pública como faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos o comisiones; y prestar indebidamente el servicio público.
Posteriormente, se solicitó información en colaboración a las autoridades de Desarrollo Urbano, Ecología y Protección Civil del Municipio de Juárez, lo cual “no quiere decir que la queja vaya a ser entablada en contra de ellas; dependiendo qué nos contesten veremos si se encausa también la investigación”, informó Alejandro Carrasco Talavera, titular de la CEDH.
Informó que hasta el jueves 24 de julio habían acudido diez familias con la incertidumbre de no saber si sus seres queridos se encuentran entre los 386 cuerpos encontrados en el crematorio Plenitud, pero no se ha erradicado ninguna de las quejas, debido a que ninguna tiene la certeza de que su familiar haya sido uno de los afectados.
“Hemos sido muy cuidadosos con eso, no estamos abriendo la queja nada más porque llega la gente, las tenemos en espera mientras se desarrolla la investigación, pero sí tenemos una queja de oficio abierta. Y estamos buscando darles el apoyo psicológico que se necesite, ahorita lo que estamos esperando es cómo resolver para que a las familias que sí son realmente afectadas que se les dé el tratamiento post tanatológico, psicológico, pero la Comisión no puede con eso, tenemos un solo psicólogo en Juárez, entonces estamos viendo con Ceave (Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua), por parte de Fiscalía, y a ver si nos pueden apoyar por parte del Municipio, pero estamos en pláticas apenas”, informó.
Carrasco Talavera destacó que más de mil 500 personas se han acercado con las distintas autoridades ante el temor de que su familiar se encuentre entre los cuerpos que nunca fueron incinerados por el crematorio Plenitud.
Explicó además que en caso de que se emita una recomendación se pedirá una reparación integral del daño a las autoridades que se encuentren responsables, ya que la CEDH únicamente tiene injerencia en las autoridades y no en particulares.
“En la reparación integral, es donde vamos a poner, sobre todo, que se abra una investigación, en su caso; por ejemplo, al Órgano Interno de Control de las dependencias reportadas, que se dé vista a Fiscalía en los casos que nosotros observemos no esté investigando, por ejemplo”, informó.
“A todas las autoridades que nosotros consideremos competentes para iniciar procedimientos se les va a mandar un oficio: con base en esta recomendación inicia este procedimiento. Y ya, cada Órgano Interno de Control o la Fiscalía pues ya va a determinar la responsabilidad. La Comisión (CEDH) no establece responsabilidades civiles ni administrativas, simplemente solicita en las recomendaciones que se inicien, en caso de no haber sido así, esos procedimientos”, explicó.
‘Es muy fea esta incertidumbre’
Debido a la posible existencia de tres extranjeros de origen sudamericano entre los cuerpos encontrados en el crematorio Plenitud, dos familias ya solicitaron la intervención de las autoridades de Perú y Argentina para agilizar la identificación de las víctimas.
“Yo ya envié una carta al Consulado de Perú en la Ciudad de México, al Consulado de Perú en Monterrey, Nuevo León, y al Ministerio de Relaciones Exteriores de Lima, Perú”, informó Olga Sáenz, quien cuestionó desde Ciudad Juárez a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre qué argumento les dará a las autoridades peruanas si su esposo aparece entre los 386 cuerpos que nunca fueron incinerados.
Arturo Morales Galindo era de origen peruano, y contaba con la residencia permanente en México, hasta que murió el 7 de abril de 2022 a causa de un derrame cerebral en esta frontera.
Sáenz recibió sus cenizas en dos urnas después de un mes de exigirlas en la funeraria Paraíso, y decidió enviar la mitad a sus cuñados en Perú y colocar el resto en su recámara, por lo que durante tres años durmió cerca de ellas hasta que descubrió que el dueño de la funeraria que incineró el cuerpo es hermano del propietario del crematorio Plenitud, en donde el 26 de junio fueron encontrados 386 cuerpos embalsamados que nunca se entregaron a sus familiares.
“¿Cómo les digo a mis cuñados que esa urna no contiene las cenizas del hermano de ellos, que aquí en México hicieron eso, que es material de construcción?”, cuestionó la ciudadana estadounidense al compartir el dolor que vive en medio de la incertidumbre.
El pasado jueves recibió una primera respuesta del Consulado Peruano en Monterrey, “bendito Dios”, dijo tras relatar que desde que se dio cuenta de que su esposo fue supuestamente incinerado en el crematorio Plenitud no duerme.
“Este dolor que siento no se lo deseo a nadie, porque es tres veces, cinco veces más que cuando me dijeron que ya falleció”, confesó.
Sáenz también le pidió a la presidenta de México “que se dé una chancita para que venga a supervisar los trabajos y que le dé una manita a la Fiscalía con más médicos forenses y más especialistas”.
‘No sé dónde está mi mamá’
Nadia Kinies es de origen argentino, y el año pasado perdió a sus padres en esta frontera, y en ambos casos contrató a la funeraria Del Carmen, la cual a su vez subcontrató al crematorio Plenitud, por lo que teme que ellos también formen parte de las pilas de cuerpos que fueron encontradas por la Fiscalía General del Estado (FGE) tras una llamada anónima que alertaba de olores putrefactos.
La sudamericana envió todos los datos que las autoridades de Argentina le solicitaron para ponerse en contacto con el fiscal de Distrito Zona Norte, Carlos Manuel Salas, y solicitar información oficial sobre el caso.
“No sé dónde está mi mamá. Esta incertidumbre es muy fea”, compartió la mañana del martes 22 de julio al manifestarse en las instalaciones de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) como parte del colectivo Justicia para Nuestros Deudos, conformado por familias que sospechan que sus fallecidos pudieran formar parte de los 386 cuerpos encontrados.
Para 2023 ya no renovó permisos
El crematorio Plenitud, ubicado en Granjas Polo Gamboa, contaba con los permisos municipales para operar hasta el 2022, año después del que no los volvió a renovar, y debido a que no hubo quejas de los vecinos, no se realizaron inspecciones posteriores, se informó.
Los trámites que gestionó en su momento el negocio son Uso de Suelo, Licencia de Funcionamiento, Plan de Contingencia y dictamen de Impacto Ambiental.
Las dependencias ante las que se formalizaron los documentos y éstos se otorgaron son la Dirección General de Desarrollo Urbano, la Dirección General de Protección Civil y la Dirección de Ecología.
La autorización de Uso de Suelo se tramitó ante la Dirección General de Desarrollo Urbano, la cual permite a los negocios operar en determinada zona de la ciudad, según su giro, y tiene una vigencia de cinco años. En el caso del crematorio se le autorizó del 2021 al 2026.
Después de obtener el uso de suelo, la dependencia otorga la Licencia de Funcionamiento por un año, y la última que gestionó fue en el 2022, es decir que para el 2023 se le venció.
Personal de la dependencia acudió en el 2023 a notificar la renovación, pero no se localizó a nadie en el establecimiento.
En esos casos, si hay una denuncia ciudadana, se vuelve a acudir para aplicar multas si es que sigue funcionando sin licencia, informó personal de Desarrollo Urbano.
El dictamen de impacto ambiental se solicitó ante la Dirección de Ecología en el 2021 y venció en el 2022, aseguró el titular de la dependencia, César René Díaz Gutiérrez.
“La ley no nos lo exige ni nos faculta ir a revisar cuando vence el dictamen, lo único que nos faculta es si hay queja vecinal, pero el dictamen de impacto ambiental es un trámite meramente administrativo”, manifestó.
Reiteró que para inspeccionar las actividades del negocio, Ecología no es la autoridad competente.
Agregó que, de acuerdo a los archivos de la dependencia, en el 2019 hubo una queja por olores en la colonia Granjas Polo Gamboa, pero era por los criaderos de cerdos que hay en el sector.
La Dirección General de Protección Civil autorizó en abril del 2022 un Plan de Contingencia al crematorio Plenitud, válido por un año, pero para el 2023 ya no se renovó porque la empresa no acudió a realizar el trámite.
“Una vez que cumple el año vigente nosotros mandamos notificación a todo este tipo de empresas, si ellos no se acercan a la Dirección de Protección Civil es porque cerraron, porque ya no están operando, o por alguna otra razón”, informó el titular de la dependencia, Sergio Rodríguez.