Diego Villa / El Diario
Mientras acusados por el caso del crematorio Plenitud interpusieron un amparo contra su vinculación a proceso, deudos de las víctimas reforzaron acciones jurídicas.
Familias de posibles víctimas del crematorio reunidas en el colectivo Justicia para Nuestros Deudos han emprendido acciones como manifestaciones pacíficas, exigencias a través de un pliego petitorio por transparencia, reformas legislativas y castigo a los responsables, y nueve familias de las 13 cuyos difuntos estaban en Plenitud y ya les fueron entregados, denunciaron penalmente por fraude a las funerarias que contrataron para los servicios.
Aparte, cumplido un mes del hallazgo de 386 cuerpos en el crematorio Plenitud, la defensa particular de José Luis A. C. y Facundo Teófilo M. R. interpuso un segundo amparo, ahora contra la vinculación a proceso, luego de que el primero, contra la medida cautelar, no prosperó, aseguró Manuel Pineda, del cuerpo de defensores y perteneciente al despacho Legal Estudio.
Para la defensa del propietario y el trabajador del crematorio, la resolución del juez Apolinar Juárez Castro de enviar a prisión preventiva a ambos acusados fue “tendenciosa”, junto con la vinculación a proceso.
Sin embargo, apuntó Pineda, el amparo no se interpuso ante la instancia inmediata superior de Juárez Castro, que sería alguna de las cinco Salas Penales Regionales en Juárez, del Poder Judicial del Estado, sino que acudieron directamente a la justicia federal.
El pasado 19 de julio el colectivo tuvo su primera manifestación, que inició en la funeraria Latinoamericana y siguió en la Fiscalía de Distrito Zona Norte, donde entregaron el pliego petitorio con 12 puntos, que incluyen “trato digno y humano a las familias”, “transparencia de Coespris”, “legislar penalidades justas” y hasta la integración de una unidad especial para la atención exclusiva del caso del crematorio Plenitud.
Ante la Coespris, el grupo de inconformes buscó diálogo con Maribel Próspero, titular regional en Juárez, quien les afirmó que no renunciaría y justificó con una sobrecarga de trabajo el motivo de la falta de inspecciones a casas funerarias, según relataron los deudos en un escrito compartido a la prensa.
En la Procuraduría Federal del Consumidor solicitaron la disolución de contratos con las funerarias señaladas dentro del caso de Plenitud como las que subcontrataron el servicio.
En cuanto al amparo por parte de los acusados, “los puntos torales es que no hay ilicitud en ninguno de los delitos. Tenían ese permiso de (la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios –Coespris–). Es un tema de salud pública, pero es meramente administrativo y para eso está la Coespris, para regular y hacer las visitas” (sic), comentó el abogado.
Cuestionó “¿para qué mienten las autoridades, en momentos específicos”?: la afirmación de Carlos Tarín Villamar (titular de Coespris) del 27 de junio de 2025 en la que dijo, un día después del hallazgo, que la dependencia a su cargo había realizado inspecciones apenas en febrero de este año.
En rueda de prensa, el funcionario estatal afirmó que “el establecimiento cuenta con todos y cada uno de los permisos para trabajar de manera regular”, que “no se encontró ningún hecho delictivo. Los cuerpos que se encuentran en el establecimiento son cuerpos que están perfectamente bien embalsamados; son cuerpos que no están en estado de descomposición”.
También dijo: “la última revisión que se les hizo a ellos fue en el mes de febrero de este año. Estaba la infraestructura y laborando de acuerdo a la norma. Hoy una vez más presentan irregularidades”, y que “hay una supervisión adecuada dentro de las facultades que tenemos como comisión estatal, que somos única y exclusivamente autoridad sanitaria”.
Pineda recordó que en audiencia inicial, como parte de los antecedentes de investigación la Fiscalía precisó que la última verificación fue el 7 de marzo de 2022, cuando se iba a comprobar si habían realizado correcciones sobre verificaciones anteriores, lo que no fue así. Esa fue, en palabras del Ministerio Público encargado de la acusación, “la última verificación de la que se tuviera registro”, y marca la fecha a partir de la cual la Fiscalía supone que empezaron a acumularse los cuerpos, ante la falta de revisión de Coespris.
En la misma rueda de prensa donde Tarín Villamar habló sobre una supuesta revisión en febrero, el fiscal de Distrito Zona Norte señaló que “no hay delito”. Pineda lo rememoró como parte de sus reclamos.
“El propio fiscal Salas dijo que no era delito, porque ellos estaban conscientes de que no es un crematorio clandestino”, mencionó el abogado.
“Hay otras tres autoridades administrativas: Protección Civil, Desarrollo Urbano –por el uso de suelo– y Ecología –porque manejas residuos biológicos–. ¿Ahora por qué no están tan celosas de su deber esas cuatro autoridades (incluida Coespris)?”, puntualizó.
En contraparte, también reconoció que “no hay justificación para el acumulamiento de cuerpos. Estoy consciente de eso, pero no es delito porque no era ilícito, tenían permiso. ¿Por qué te inventas el delito?”, cuestionó.
El Diario informó el 4 de julio que como parte de los argumentos del juez Juárez Castro para la vinculación a proceso de José Luis A. C. y Facundo Teófilo M. R. estaba que conservaron “en silencio” 383 cadáveres sin dar aviso a las autoridades correspondientes por la acumulación; por haber superado las 48 horas que se tienen para haberlos incinerado y no informar al respecto y por haber hacinado cuerpos de manera indigna en un espacio no destinado para depósito sino para cremación. Los delitos imputados fueron ocultamiento y conservación ilegal de cadáveres.
Entonces, para el defensor no existe el delito de ocultamiento ni conservación ilegal, pero ¿hay fraude?, se le preguntó.
“Eso podría ser un tema de análisis interesante pero con las funerarias, porque son las que contratan al crematorio como un externo. Los familiares del fallecido no contratan directamente a Plenitud, contratan los servicios de funerarias”, apuntó.
Cuestionó a continuación el actuar de estos negocios. “Si yo soy dueño de una funeraria y ya le mandé 20 cuerpos y no me ha entregado cenizas, (pregunto) ‘¿qué está pasando?’”.
Hasta el momento se han entregado los cuerpos de 13 víctimas del crematorio Plenitud cuyas familias tenían en su poder cenizas de una persona desconocida, que les habían asegurado que eran de sus seres queridos…
“Bueno, eso lo tendría que documentar la Fiscalía”, dijo Pineda. (Diego Villa / El Diario)
‘¡Queremos respuestas, queremos justicia!’
Luz del Carmen Sosa / El Diario
La liberación de las casetas de cobro del puente internacional Paso del Norte-Santa Fe fue la última actividad realizada el sábado anterior por el colectivo Justicia para Nuestros Deudos, conformado en su mayoría por personas que contrataron los servicios de la funeraria Latinoamericana y que temen que sus seres queridos formen parte de los 386 cadáveres recuperados del crematorio Plenitud.
Las familias han conformado grupos en redes sociales para organizarse y movilizarse para exigir respuestas a la Fiscalía General del Estado, a las empresas funerarias, a la Profeco, a la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a la gobernadora María Eugenia Campos Galván y al alcalde Cruz Pérez Cuéllar.
“Salió el encargado del área jurídica del Fideicomiso de Puentes Internacionales para advertir que se puede ejercer acción penal en contra de los manifestantes y que estuviéramos muy conscientes de eso, estuvimos casi dos horas”, reprobó Dora Elena Delgado, quien forma parte del colectivo.
Dijo que el alcalde Cruz Pérez Cuéllar los recibirá el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana en la Presidencia municipal para escuchar sus demandas.
“Esta es una tragedia que ha impactado a miles de personas”, dijo la artista local.
“No es posible que los responsables de no supervisar sigan trabajando y percibiendo un sueldo por lo que no hicieron”, dijo al referirse al personal de Coespris.
“Queremos respuestas, queremos justicia, queremos que sean sancionados los responsables”, dijo. (Luz del Carmen Sosa)
Ahora, entre cenizas
Cinco años después, busca otra vez a su esposo
Luz del Carmen Sosa / El Diario
Frente a sus dos pequeños hijos, María Pilar Domínguez Soto explica que su mente estaba demasiado difusa por la muerte de su esposo. En unas cuantas semanas entraría en labor de parto de su segundo hijo y había pasado días en vela buscando a su marido.
Lo menos que pensó era en verificar el nombre del crematorio del que procedían las cenizas que le entregó la entonces llamada funeraria Paraíso.
Y lo hizo después de que se enteró del hallazgo de 386 cadáveres dentro de tres cuartos del crematorio Plenitud, situado al sur de la ciudad, un 26 de junio.
La madre de familia inicia narrando que el padre de sus hijos, Gerardo Miranda Rodríguez, de 28 años, salió del hogar que compartían el domingo 19 de abril del 2020; iba a comprar hamburguesas que cenarían pero no volvió.
“Al siguiente día yo le marco a la patrulla, llega, levantan un reporte, toma fotografías a una foto que tenía de él y me dice que tengo que esperar 72 horas para hacer una alerta Ámber; se llega el tiempo y hago la alerta y como a la semana me hablan de la Fiscalía para identificarlo”, narra.
Su esposo fue privado de la libertad para luego ser asesinado; la causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico severo, además de golpes contusos. El cadáver fue localizado en Ampliación Loma Blanca y Gabino Jesús S/N en esta ciudad.
“Identifiqué a mi marido, me dan los requisitos de la papelería que debo de llevar y contacté a la funeraria Paraíso; ellos me dijeron que se encargaban de todo”, agrega Pilar.
Ella descartó que el cuerpo de su esposo estuviera entre los cadáveres apilados asegurados dentro de una propiedad ubicada en la colonia Granjas Polo Gamboa. Los hechos fueron en el 2020, su esposo fue cremado y ella tenía las cenizas, además la funeraria no era mencionada por las autoridades investigadoras, se decía a sí misma.
Y sí, hubo un pero.
“La funeraria cambió de razón social y ahora se llama Amor Eterno. Ella fue el viernes 18 de julio y la propietaria le aseguró que no tenía nada que ver y que no se le involucrara”, dice.
Investigando aquí y allá, le dicen que su esposo fue cremado en Nuevo México por ser muerte violenta y le daban la certeza de que las cenizas sí correspondían a su esposo y no tenía por qué preocuparse.
En Pilar ya estaba sembrada la duda y verificó la papelería que tenía en su poder.
El acta de defunción, con número de certificado de defunción 200115088, cita como destino del cadáver “inhumación”.
“Yo tengo las cenizas y el acta de defunción; en ese momento yo no me fijé, me enfoqué en salir adelante porque estaba embarazada y faltaba mes y medio para aliviarme, tenía a mi hija de 5 años”, recuerda.
María Pilar acude el pasado viernes 18 de julio a la Fiscalía de Distrito en Zona Norte donde denuncia los hechos.
“En Fiscalía me dijeron que, primero que nada, tenían que investigar en dónde estaba inhumado el cuerpo y de ahí se iban a abrir líneas de investigación pero desde que fui no me han hablado, no me han dicho nada y de la funeraria no se han comunicado conmigo”, resume.
“Ahorita no tengo certeza de nada, no sé dónde quedó el cuerpo, no sé si se lo dieron a otra persona, no creo que lo hayan enterrado, ni cremado en Nuevo México porque mi esposo no tenía visa, así estoy en espera de saber qué pasó y dónde está él”, dice confundida y tratando de ocultar sus emociones a sus dos hijos que saben que algo pasa pero no entienden qué.
Corrupción, todo es corrupción: empleados funerarios
En los últimos 18 años, la muerte se convirtió en uno de los negocios más lucrativos en la ciudad. El archivo periodístico menciona cómo la violencia, la pandemia y las enfermedades mantienen la prosperidad de decena de establecimientos en este giro.
Algunos tienen más tiempo en la ciudad como la funeraria Del Carmen y otros tienen presencia en otras ciudades del país, como es el caso de la Funeraria Latinoamericana. Ambas están relacionadas con el crematorio Plenitud, al igual que Luz Divina, Capillas Protecto Deco, y Amor Eterno; la que brindó el servicio a María Pilar.
Entrevistados a condición del anonimato, empleados funerarios exponen que trabajadores cercanos a estas funerarias sabían de las irregularidades con las que operaba el crematorio.
De hecho, creen que fue así como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) tuvo conocimiento de la presencia de los cuerpos: “los pusieron”.
El 26 de junio “los compañeros metieron un dron y descubrieron el cuerpo en la carroza. Luego de confirmar que había un cadáver fue como surge el número de folio, luego se da con los primeros cuerpos”, explicó un policía que pidió la reserva de sus datos generales.
El secretario César Omar Muñoz Morales refiere que al recibirse una denuncia anónima se acude al lugar y observan que el portón del crematorio estaba abierto.
“No entramos, desde el portón se alcanzaba a ver el cuerpo y dimos aviso a las autoridades correspondientes”, describe.
“Nunca, nunca, pensamos que fuera de esa naturaleza”, dice el jefe policiaco.
El día 27 de junio los peritos entran al lugar y empiezan el conteo de cadáveres; también surgen los primeros datos erróneos emitidos por parte de las autoridades estatales.
Para los trabajadores de diversas empresas funerarias que a diario trabajan con personal de hospitales, de la Físcalía, del Servicio Médico Forense y del Registro Civil, este acumulamiento de cuerpos no pudo ser posible sin actos de corrupción.
“Y es hasta ahora, ya cuando surge todo esto, que todos se ponen estrictos, que están atentos a plazos de 48 horas qué cumplir, que la papelería la debes de llevar con varias copias y la revisan completa… ahora sí”, plantean.
Entre los empleados trascendió que hubo una empresa funeraria que compraba a muy bajo costo los ataúdes de las personas que llevaban a cremar “porque ellos los revendían”, asegura.
Un dato que comparten y al que advierten se ponga particular atención, es el hecho de que existen casos de personas cremadas que fueron inhumadas en San Rafael con documentación falsa.
Alistan jornadas de protesta y vigilias
Pavel Juárez / El Diario
El colectivo Justicia para Nuestros Deudos, que integra a familias víctimas del caso del crematorio Plenitud, se reunirá con el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, el próximo miércoles.
De acuerdo con la agenda dada a conocer por el grupo, la reunión, que forma parte de las acciones de protesta, será a las 10:30 de la mañana en la Presidencia municipal. Ese mismo día, a las 8:00 de la noche se realizará una vigilia en la Fiscalía General del Estado Zona Norte con el encendido de 386 velas en memoria de los cuerpos no identificados. Se invita a la ciudadanía a asistir vestidos de negro.
En tanto el jueves 31 de julio a las 10:00 de la mañana, se contempla un plantón en el Registro Civil en Pueblito Mexicano.
El calendario de actividades del grupo civil también prevé otro plantón el próximo viernes 1 de agosto, frente a la funeraria Protecto Deco, ubicada en avenida López Mateos 2050, Jardines de San José (Complejo Comercial El Paseo) a las 5:00 de la tarde.
El sábado 2 de agosto, se planea una concentración “por la dignidad y exigencia de justicia” en el puente internacional Zaragoza desde las 4:00 de la tarde.
El pasado 25 de julio, Dora Elena Delgado, integrante del colectivo, informó que entregaron un pliego petitorio a la gobernadora María Eugenia Campos Galván durante su gira de trabajo de ese día en esta frontera.
El documento expone seis demandas principales relacionadas con el caso del crematorio Plenitud y propone dos iniciativas legislativas. Entre las peticiones se encuentra la ampliación del equipo forense para agilizar la identificación de cuerpos no reclamados, así como la contratación de un laboratorio independiente que determine el origen de las cenizas entregadas a las familias.
También se exige la apertura de investigaciones formales contra servidores públicos presuntamente implicados, la atención respetuosa a las demandas de los deudos, el reconocimiento público del daño causado y la supervisión efectiva de servicios funerarios.
Además, se pide investigar a funerarias vinculadas al crematorio Plenitud y a su representante legal, Marcelo Ruiz Cantú, por presunta omisión o complicidad en los hechos.
El pliego incluye una propuesta de reforma a la Ley General de Salud para establecer el derecho al trato digno post mortem y una ley específica para regular el manejo de restos humanos, imponer sanciones penales y crear una Comisión Nacional de Supervisión Funeraria.
Delgado planteó que estas acciones buscan prevenir nuevas violaciones y garantizar justicia para las familias afectadas.
Funerarias en auge; registro creció 17% en sólo 12 meses
Pavel Juárez / El Diario
Luego de que el promedio de apertura de empresas que otorgan servicios funerarios en Chihuahua era menor al 1 por ciento por año desde el 2015, en los últimos 12 meses el registro de este tipo de establecimientos creció 17 por ciento, pasando de 217 unidades en mayo del 2024 a 254 en mayo pasado.
Incluso el registro de empresas de la industria de servicios funerarios en el estado durante el último año es más alto que el que sucedió durante la pandemia, cuando creció 10.47 por ciento del 2019 al 2020, indican datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) señaló, en la Revista del Consumidor de octubre pasado, que los servicios de cremación tienen un costo promedio de 14 mil 714 pesos. El servicio más económico de cremación se encuentra en Colima, con un costo de mil 500 pesos, mientras que el más alto lo registra Ciudad Acuña, Coahuila, con un precio que alcanza 37 mil 800 pesos.
A diferencia de los entierros, las familias mexicanas consideran las incineraciones como una alternativa, debido a que se pueden disponer con libertad de las cenizas del difunto.
La Profeco señala que los bienes y servicios que pueden estar incluidos dentro de los paquetes ofrecidos por las agencias funerarias están: ataúd o féretro y/o urna; recepción y traslado del cadáver; preparación estética del cuerpo; uso de capilla y/o equipos de velación; gestoría para el traslado y disposición final del cuerpo y el servicio de inhumación y cremación.
En caso de elegir el servicio de inhumación, se deben agregar gastos como la colocación de lápidas, monumentos o placas de identificación; y el uso de fosa, nicho o gavetas donde se depositarán los restos de la persona fallecida.
La cremación, en tanto, es un proceso de combustión al que se somete un cuerpo fallecido en un horno especializado, cuyas temperaturas alcanzan entre los 700 y los mil 200 grados centígrados. Dependiendo de la potencia del horno y la estructura fisiológica del difunto, la incineración puede durar alrededor de 2 o 3 horas.
Durante la cremación, sólo está presente personal autorizado. Las funerarias que ofrezcan el servicio deberán destinar un espacio exclusivo para el proceso. Estas restricciones se deben a que las altas temperaturas pueden representar un daño para la salud si no se cuenta con elementos de seguridad necesarios.